Avanza el juicio contra siete productores del agronegocio y dos funcionarios públicos de Pergamino. Ya declararon denunciantes, policías y funcionarios. Quedó constancia de la inacción y complicidad de quienes debían controlar. También hay sobradas pruebas de las afectaciones en la salud de niños y el padecer de las familias fumigadas. En abril serán las últimas audiencias.
Por Anabel Pomar
Cobertura conjunta entre Tierra Viva y Revista Cítrica
La sala de audiencias está dividida con un enorme vidrio blindado, del techo al piso. La puerta es custodiada por la policía. El ambiente es más pesado que el vidrio. El tabique transparente parte la sala en dos y separa a las personas presentes. De un lado del vidrio se ubican el público general y la prensa. Allí está un grupo de mujeres, familiares de los acusados. Del otro lado se ubican los jueces, el fiscal, la querella, las denunciantes y la defensa con los acusados. En ese lado, escasos metros separan a la víctima y denunciante de quienes se sientan hoy en el banquillo de los acusados: productores, aplicadores, y funcionarios públicos municipales; protagonistas de un juicio con pocos precedentes.
Si bien las denuncias por contaminación con agrotóxicos tienen décadas en Argentina, uno de los más fumigados del mundo, no es habitual, muy por el contrario, que esos delitos contra la salud y el ambiente lleguen hasta esta instancia de juicio.
«Cuándo sentía el olor a químicos encerraba a mis hijos en la casa»
Promediando las audiencias, seis realizadas hasta el momento de las diez calendarizadas, la sala vivió los momentos más desgarradores con las declaraciones y el testimonio de las víctimas directas.
Las primeras en declarar fueron Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, ambas querellantes en el juicio, representadas por los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro. Le siguieron, Luciano Marina, Pedro Ortiz, Fabricio Riquelme Ortiz e Isabel Muñoz, todos testimonios prestados en las audiencias de febrero. Y, la de Gustavo Baronio, Paola Díaz, Silvana Mansilla, Carlos Steigewald e Hilda Castañarez, en la que fue la primera audiencia de marzo, efectuada el 4 de marzo en el Tribunal Oral Criminal Federal N°2 de Rosario. Todas vecinas y vecinos de campos fumigados que denuncian los problemas de salud, o los fallecimientos, ocurridos en los lugares a donde debían sentirse a salvo, sus propios hogares. En barrios de Pergamino, y en Ayerza y Peña, pueblos ubicados en el distrito del mismo nombre que la ciudad cabecera.
Paola Díaz, quien vio a su hija de 11 años morir de leucemia, recordó entre lágrimas cómo era vivir con las fumigaciones en su barrio. “Cuando sentía el olor a químicos encerraba a todos mis hijos en la casa. Cerraba las ventanas. Nos metíamos adentro.” Pero eso no alcanzaba y recuerda, “a las dos horas, mis hijos volvían a jugar en el patio y volvían sin voz. En la salita de salud, en consulta, nos decían que no era nada”. Pedro Ortiz, vecino de Pergamino, relató el padecimiento de sus nietos y lamentó: “Mucho pasar de todo… es mucho el daño, por un pedacito de tierra, envenenaron a tanta gente”.
Agrotóxicos en Pergamino y enfermedades
En sus testimonios, las y los vecinos relatan los padecimientos que las fumigaciones les han provocado. Leucemia, cáncer, problemas de desarrollo, dificultades espiratorias, enfermedades inmunes, alergias, piel tópica, picazón, inflamaciones, bocas secas con gusto metálico y a veneno, entre otras afectaciones. Y en algunos casos, todo está respaldado por historias clínicas con estudios adjuntos que certifican la presencia de agrotóxicos en los cuerpos y estudios que dan cuenta de daño celular o genético.
En esta primera audiencia de marzo, la médica especializada en toxicología, Verónica Torres, repasó el cuadro clínico del entonces niño, Ciro, hijo de Sabrina Ortiz, a quién atendió en el Hospital Austral. La profesional de la salud relató que recibió a un paciente que ya traía complicaciones graves desde hacía por lo menos un año. El cuadro del niño, que ya había pasado por otros especialistas y que fue sometido a diversos estudios, vivir frente a un campo aplicado con agrotóxicos se podía relacionar, según Torres, con un estado de una exposición química ambiental.
Por ese motivo, ordenó realizar estudios de agrotóxicos en fluidos. Los resultados confirmaron que el niño tenía valores muy altos de glifosato y su metabolito (AMPA).
Consultada si eso significaba un riesgo para la salud del niño, la médica especialista fue tajante. “Sí. Son químicos que no deben estar en el cuerpo de un niño en desarrollo”. Y afirmó que “a mayor exposición, mayor riesgo”. Por eso indicó, basada en el principio precautorio, que el niño y la familia se alejarán de modo urgente de la fuente de exposición.
El abogado del acusado Cortese, en una línea que ensaya la defensa y se transparenta en algunas de las preguntas que realizan, consultó a la médica sobre la “menor peligrosidad” de los agrotóxicos clasificados como banda verde. La médica desarmó esa supuesta inocuidad con facilidad: las «bandas» se asignan por toxicidad aguda. No señalan la exposición crónica y en el tiempo que es lo que sucedía en el caso específico. “Pequeñas dosis por largos periodos son un riesgo para la salud”, declaró Torres.
El rol de los profesionales de la salud resulta clave, tanto por acción como por omisión. Varias de las vecinas que prestaron sus testimonios coincidieron en relatar como todos los cuadros de salud en la sala municipal del barrio Villa Alicia, eran desestimados sistemáticamente.
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