Primavera y golpe al bolsillo: las tasas municipales suben muy por encima de la inflación de Milei

Cursando el primer mes del tercer trimestre o, a cuatro meses de cerrar el ejercicio 2026, la Secretaría de Economía necesita actualizaciones urgentes antes de que la bola de nieve se vuelva imposible de disimular. En sesión extraordinaria, con la presencia de la mayoría automática ampliada, el bloque oficialista y los mayores contribuyentes, el gobierno de Mariel Fernández aprobó un tasazo municipal que superará holgadamente la inflación anual proyectada bajo el modelo de Milei.

El dato no es menor: al aprobarse las ordenanzas Tributaria y Tarifaria, y Fiscal, queda habilitado el Departamento Ejecutivo para incrementar las tasas devenidas en impuestos sin necesidad de regresar al HCD, dado que ese organismo ya otorgó previamente esa facultad. Habrá que mirar entonces las boletas para conocer cuál será, en definitiva, la base imponible sobre la que recaerá el ajuste que el modelo municipal demanda con urgencia.

El cambio votado este mediodía por el bloque de Fuerza Patria merece una consideración particular, porque la «maniobra» terminó cubriendo todos los flancos. Desde su banca, María Selva Aguilar, del PRO, fundamentó su rechazo a partir de una serie de preguntas que quedaron sin respuestas, y cuestionó un aumento que contrasta con el discurso de preocupación frente a la crisis, el endeudamiento y la morosidad que promueve Milei. Todo esto, sin dejar al margen una realidad que atraviesa a los trabajadores municipales: mientras las «tasas vuelan», los salarios se arrastran peligrosamente sobre la línea de indigencia.

Aguilar rechazó de manera contundente el aumento de tasas impulsado por el gobierno municipal y cuestionó que se pretenda cargar sobre los vecinos un incremento del 17,88% cuando todavía faltan meses para discutir las ordenanzas Fiscal y Tributaria de 2027 y ubicó la pregunta política que atraviesa todo el proyecto: ¿por qué tanta urgencia? Sostuvo que, si existe una situación económica o financiera extraordinaria que obliga al municipio a aumentar la presión tributaria, el Ejecutivo debe explicarla públicamente. De lo contrario, advirtió, queda la sospecha de que se intenta adelantar recaudación para cubrir una situación que el gobierno no está transparentando.

El dato que utilizó para cuestionar la medida es contundente: mientras la inflación acumulada hasta julio alcanza el 16,85%, las tasas municipales subirán un 17,88%. A esto sumó otro interrogante: qué ocurrirá con la retroactividad y si este incremento será apenas el anticipo de nuevas subas cuando se discuta el esquema tributario de 2027.

La edil del PRO también contrastó el aumento que deberán afrontar los contribuyentes con la evolución de los salarios municipales. Mientras las tasas trepan al 17,88%, los trabajadores municipales acumularon hasta agosto una mejora salarial del 13,20%. Para la legisladora la discusión sobre los recursos municipales no puede reducirse a cuánto recauda el Estado: también implica cuánto pierden los vecinos y cuánto perciben quienes sostienen diariamente los servicios municipales.

Pero fue más allá del tasazo. Aseguró que las modificaciones a la Ordenanza Fiscal introducen ambigüedades y dejan decisiones sensibles en manos del Departamento Ejecutivo. Puso como ejemplo la exención para «proyectos de menor envergadura», que no define con precisión qué obras quedan alcanzadas ni establece parámetros objetivos sobre superficie, monto o características.

La concejala también apuntó contra las nuevas exigencias para obras y refacciones y advirtió que un vecino /a debería saber antes de comenzar una mejora en su vivienda cuánto deberá pagar, qué permiso necesita y qué se considera una obra menor. «No puede enterarse después», planteó.

Otro de los puntos políticos de su intervención estuvo vinculado con la inversión. Aguilar cuestionó el incremento de las bases imponibles relacionadas con la construcción y lanzó una pregunta directa al Ejecutivo: ¿Moreno quiere atraer inversiones, generar actividad y empleo o aumentar los costos para quienes pretenden invertir?

En ese sentido, sostuvo que Moreno necesita justamente lo contrario de una mayor presión sobre la construcción: necesita inversión, obras, actividad económica y empleo.

Finalmente, cuestionó inconsistencias técnicas entre las ordenanzas Fiscal y Tributaria y Tarifaria, particularmente en el tratamiento de los cementerios, y sostuvo que las contradicciones y ambigüedades terminan trasladando el costo de una mala legislación a los contribuyentes.

Con todos estos argumentos, María Selva Aguilar dejó claro que su rechazo no implica negar la necesidad de que el municipio recaude, sino cuestionar cómo, cuándo y bajo qué condiciones pretende hacerlo. Su planteo fue esencialmente político: más impuestos para los vecinos requieren más explicaciones del Ejecutivo, reglas claras y una gestión capaz de demostrar para qué necesita esos recursos.

«Moreno necesita un Estado municipal que dé certezas, que acompañe al que quiere construir y al que quiere trabajar», sostuvo María Selva Aguilar, cerrando con una pregunta que sintetizó su crítica: si este es el camino elegido por el Ejecutivo, ¿cómo piensa defender el trabajo y la inversión para los habitantes del distrito?