Hay que regresar al pasado, días turbulentos, denuncias cruzadas, una asamblea destituyente, tiros en la puerta de la sede gremial y agresión física contra el Secretario General Marcelo Espíndola.
La causa judicial por el supuesto delito de asociación ilícita contra Espíndola tuvo tres años de curso, trabajo y análisis de la fiscal Luisa Pontecorvo, quien convocó a los denunciantes que «habían asegurado tener las pruebas, los elementos legales (bancarios) que demostrarían y expondrían la maniobra». Sin embargo al momento de enfrentar y afrontar los requerimientos del Ministerio Público Fiscal «la ausencia de documentación» (incluso las declaraciones testimoniales), derivó en el archivo de la causa ocurrida en julio del año pasado y que hoy toma estado público.
La decisión está sustentada, aclarando la fiscal que «adopta un criterio expectante hasta la aparición de nuevas evidencias que tornen procedente su reapertura».
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