Izquierda Diario.- Los dirigentes sindicales, las cámaras empresariales y el Gobierno negociaron un aumento de 20 % en cuatro cuotas que se terminará de cobrar en marzo de 2023. El monto pactado está por debajo de la canasta de pobreza. Los precios están por las nubes, el incremento es insuficiente para llegar a fin de mes.
El Gobierno junto a los dirigentes sindicales y las cámaras empresariales pactaron un salario mínimo vital y móvil (SMVM) de miseria. Se acordó una suba del 20% y en cuatro cuotas entre diciembre y en marzo, cuando alcanzará los $ 69.500. Con estos incrementos, el monto está por debajo de la canasta de pobreza que calcula el Indec.
El haber mínimo de $ 57.900, tendrá aumentos de 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo.
El encuentro, con la supervisión del Ministerio de Trabajo que conduce Kelly Olmos, la CTA, la CGT y las cámaras patronales se realizó de forma virtual en primer término en la Comisión Técnica y, desde las 16.30, se hizo la plenaria, que determinó el nuevo monto del haber mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, y también convinieron revisar nuevamente el acuerdo salarial en febrero de 2023.
El nivel del SMVM perjudica al millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros planes con contraprestación, que toman como referencia lo definido por el Consejo del Salario. Este martes se realizó una movilización convocada por las organizaciones que integran la Unidad Piquetera al Ministerio de Trabajo. La exigencia de las organizaciones es un salario mínimo igual a la canasta básica de $139.738. En octubre el salario mínimo representó sólo el 39% de la Canasta Básica Total, que mide la línea de pobreza.
La ministra Olmos afirmó en conferencia de prensa tras el acuerdo que reconocen «que la alta inflación va en contra de los salarios y por eso es tan importante que los trabajadores organizados y los empresarios hayamos podido acordar», y agregó «apostamos y nos comprometemos con que tenga éxito la política del gobierno, y el planteo que está vigente de que la inflación se reduzca, se concrete», para «recuperar capacidad adquisitiva». Es evidente la elevada suba de precios, pero las medidas oficiales son impotentes para contener la inflación, además la suba de las tarifas de los servicios públicos, de los combustibles que autoriza el Gobierno echan más nafta al fuego. Sobre el bono para fin de año que anunció el Presidente en Bali, la ministra confesó que «todavía no hay más detalles».
Salario en descenso
En los últimos años hubo un fuerte desplome del poder de compra. Según un informe de Cifra-CTA en octubre de 2022 el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) real cayó un 10,9% en relación a diciembre de 2019, y quedó un 31,3% por debajo de diciembre de 2015.
El Gobierno del Frente de Todos prometió recuperar todo lo perdido durante el macrismo. Sin embargo, el documento afirma que “tanto en 2021 como en 2022 las sucesivas negociaciones en el Consejo del Salario no lograron que se recompusiera el poder adquisitivo; sólo se evitó una nueva caída, manteniéndose en términos reales el bajo valor de 2020”.
“Serían necesarios $ 63.856 en diciembre sólo para no perder poder adquisitivo frente a diciembre del año previo y $ 69.197 para recuperar el de diciembre de 2019, es decir, el deprimido nivel que quedó a finales del gobierno de Cambiemos. Para alcanzar el valor de 2015 el salario mínimo debería elevarse casi hasta los $ 90.000”, concluye el informe.
En el mismo sentido, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de CTA Autónoma, advirtió que «el SMVM se ubica en términos reales en los mismos valores de 2004. Tuvo una fuerte caída entre 2015 y 2019 (27,3%) y ajustó un poco más entre 2019 y 2022 (9,3%), en este último período por el retroceso de 2020», y agregó que los perjudicados directo de este ajuste son los beneficiarios de programas sociales que reciben el salario social complementario, paritaria nacional docente, jubilados que cobran la mínima y los indirectos son las trabajadoras de casas particulares, municipales.
La inflación se aceleró y son los trabajadores y los sectores populares los que pagan los costos de la suba de precios. Las conducciones sindicales tienen que romper con el Gobierno y convocar a un paro general y un plan de lucha. Se necesitan medidas de emergencia como un aumento para recuperar lo perdido para jubilados, ocupados y programas sociales. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta básica, en la actualidad en $139.738, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que calculan los trabajadores del Indec.
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