A 28 años del atentado contra la AMIA (que dejó 85 personas muertas y más de 300 heridas), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Familiares de las Víctimas, realizarán un acto presencial conjunto este lunes 18 a las 9:30 frente a la sede de la mutual. «A pesar del paso del tiempo y de la impunidad vigente en la causa, el reclamo sigue más vivo que nunca», expresó Amos Linetzky, presidente de la AMIA. Por su parte, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) sentenció: «la verdad histórica y el relato oficial son antagónicos. Después de años de fabricar acusaciones y pruebas para vender la historia oficial de un esclarecimiento, oficialistas y opositores borran cualquier grieta que pueda separarlos y siguen ocultando la responsabilidad del Estado nacional y sus estructuras en este crimen de Estado, que nos recuerda las peores prácticas terroristas de la dictadura. Impulsamos una investigación independiente junto a figuras representativas de los derechos humanos, académicos y organizaciones sociales y políticas». Por ANRed.
«El atentado del 18 de julio de 1994 es un delito de lesa humanidad que no puede quedar libre de sanciones»
En 2020 y 2021 la ceremonia conmemorativa se realizó de manera virtual por las restricciones a raíz del COVID-19. Este año, en el marco de su 28° aniversario, volverá a ser presencial frente a la sede de la mutual judía y lo realizarán en conjunto la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Familiares de las Víctimas. La consigna central será «Volvemos a Pasteur».
El acto será conducido por la periodista Gisela Busaniche y tendrá como principales oradores al titular de la AMIA, Amos Linetzky, a Anita Weinstein, sobreviviente del atentado, y a tres familiares de víctimas fatales: Sofía Guterman, mamá de Andrea; Jennifer Dubín, hija de Norberto; y Marina Degtiar, hermana de Cristian, informó la mutual.
«A pesar del paso del tiempo y de la impunidad vigente en la causa, el reclamo sigue más vivo que nunca y, a 28 años del peor ataque terrorista que sufrió nuestro país, volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestarnos a favor de la paz, la justicia y la defensa de la vida. El atentado del 18 de julio de 1994 es un delito de lesa humanidad que no puede quedar libre de sanciones. La impunidad es una herida que cada día duele más. Las familias de las 85 personas que fueron asesinadas, y la sociedad en su conjunto, merecen aliviar ese pesar permanente con la respuesta que solo puede ofrecer la justicia», expresó Amos Linetzky, presidente de la AMIA.
En cuanto a la causa, en noviembre de 2006 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideró como responsables intelectuales del caso: Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda. También se libró un pedido de detención internacional para el ex embajador de Irán en el país cuando ocurrió el atentado, Hadi Soleimanpour, pero este caso sin circular roja, porque Interpol no las aplica a diplomáticos.
«La verdad histórica y el relato oficial son antagónicos»
Por su parte, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), que nuclea a familiares de víctimas del atentado y que se destacó siempre por tener posiciones muy críticas hacia el rol del Estado con respecto a la investigación, el no avance de la causa y el posicionamiento de las autoridades de AMIA y la DAIA, por considerar que en su conjunto ponían la causa al servicio de la política exterior de EE.UU, el Mossad y el FBI.
En un comunicado titulado «28 años del atentado a la AMIA: relatos que ocultan la verdad» y firmado por Laura Ginsberg y Pablo Gitter, APEMIA señala: «al cumplirse 28 años del atentado a la AMIA y frente a un país sumergido en una de sus peores crisis, el gobierno nacional no puede mostrar noticias de último momento o alentar esperanzas en la búsqueda de Justicia como lo hacía en el pasado. Después de años de fabricar acusaciones y pruebas para vender la historia oficial de un esclarecimiento, oficialistas y opositores borran cualquier grieta que pueda separarlos y siguen ocultando la responsabilidad del Estado nacional y sus estructuras en este crimen de Estado, que nos recuerda las peores prácticas terroristas de la dictadura», remarca la agrupación.
En la misma línea, enumeró los diferentes momentos de la investigación: «el Poder Ejecutivo negó tener archivos secretos hasta 2015. Después ‘desclasificó’ un fondo documental muy importante que no termina de entregar y que tampoco incluye los archivos más sensibles. Éstos siguen cerrados con siete llaves. Resulta evidente que al Poder Ejecutivo no le interesa terminar con los sótanos de la democracia como prometió. La Fiscalía ya no sabe cómo hacer para que estas pruebas encajen en su raquítica acusación contra terceros países. Llegaron a afirmar que la conexión local de responsables sería la de algún familiar de los acusados que vivía en el país y no de las estructuras del Estado nacional. Si los documentos oficiales desmienten y no se ajustan a sus viejas teorías, los descartan. Esconden los papeles, dificultan su entrega y análisis. Bajo responsabilidad del Procurador y su Secretaría contra el terrorismo, la Fiscalía se está vaciando de objeto y personal para transformarse en un ‘observatorio’ de los movimientos migratorios de los iraníes, al servicio del Mossad y el FBI. Hasta los jueces reconocen que el proceso judicial está en crisis. Las pocas novedades que hay vienen de nuestro aporte«, sentencia.
Asimismo, APEMI agregó: «meses atrás, evitamos que el Fiscal sobreseyera a los integrantes de la ‘conexión local’. Una provocación armada con el visto bueno de AMIA y DAIA – que hasta hoy los apoyan – y que la entonces jueza Capuchetti paró, ordenando que antes de sobreseer a nadie entregaran las pruebas. Pocos días después renunció. Su pedido cayó en saco roto. Ahora, el juez Rafecas dio otro paso. Le ordenó a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia que, además de proveer escaners y entregarnos la documentación de la exSide, la analicen sin mirar ‘la realidad sesgada de la información existente’ limitada a la acusación contra Irán o Líbano, dejando ‘fuera del expediente un sinnúmero de información que se descarta sin control de las partes’, cuando al Fiscal no le sirve porque cuestiona los fundamentos de su acusación sin sustento».
» ‘Es una obligación del Estado asegurar a las querellas el ejercicio de sus garantías constitucionales…y así, el reconocimiento del derecho a la verdad’. – continúa el comunicado – Hace años hacemos lo posible para que esta declaración sea realidad, aunque el Poder Judicial poco ayuda. La verdad histórica y el relato oficial son antagónicos. Los documentos del Estado desmienten su acusación, la muestran sin sentido y hasta la menosprecian. La negativa Fiscal a reconocerlo y encarar una investigación objetiva es terminal. El proceso judicial está agotado», remarcan, y agregan: «sea por el secreto que impone el Ejecutivo a la documentación o porque los fiscales prefieren ignorarla, el Estado resguarda a sus propios servicios de Inteligencia y no investiga su participación en el crimen».
Finalmente, APEMIA señala el rol que cumple hoy Alberto Fernández: «el Presidente elige respaldarse en las cloacas de los ‘sótanos’. Nada puede ser más perturbador. Interesados en un futuro con Memoria, Verdad y Justicia, impulsamos una investigación independiente junto a figuras representativas de los derechos humanos, académicos y organizaciones sociales y políticas. Después de 28 años de un esfuerzo implacable del Estado para no esclarecer su responsabilidad en el ataque a su población, este aniversario interpela nuestro presente y la crisis», finaliza el comunicado.
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