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PRESENTACIÓN PENAL –

Tiros, destrucción de bienes, un dirigente gremial atacado físicamente. Una parte de la Comisión Directiva de la ASTMM busca asumir el control del edificio, la otra con el Secretario General Espíndola resiste el embate. La violencia surge antes de revelar los condimentos económicos y financieros que serán evaluados por la justicia.

La fiscal Luisa Pontecorvo es quien tiene la presentación judicial, tanto de la parte que denuncia a Marcelo Espíndola como el requerimiento que realizó el actual Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno contra integrantes de la comisión directiva que el viernes pasado intentó tomar el edificio de la entidad gremial y el control del sindicato.

Desalambrar accedió al escrito que tiene como único firmante a Sergio Cóppola, Secretario de Finanzas del gremio, quien plantea que existe «una clara organización delictiva con específica división de roles al ejecutar el vaciamiento de las arcas del sindicato, el desvío de fondos a terceros ajenos o en beneficio propio, aprobando y bajo engaño de otros integrantes de la dirección los respectivos balances contables, simulando ser actos simples sin injerencia en la economía interna».

En relación a los hechos que denuncia el Secretario de Finanzas, determina una fecha de inicio: el 5 de marzo de 2018 cuando asume el cargo. Cóppola afirma que «en la procura de establecer un exhaustivo control sobre el dinero (ingresos y egresos)» «comenzó a ser presionado por Marcelo Espíndola y Cecilia Cháves en torno a conseguir la aprobación de balances que encubren gastos de dinero para beneficio propio o terceros» (NdR: puede suponerse que Cóppola firmó los balances), señalando allí a la hija de Cecilia Chávez (Karen Prepotente y su cónyuge).

El listado que llevó a la justicia Cóppola, encuadrando en una asociación ilícita, es el siguiente:

Cóppola advierte que no pudo cumplir con el trabajo y desempeño como Secretario de Finanzas debido que las personas por él denunciadas «vaciaron la oficina sindical, se han apropiado indebidamente de los libros que la componen y los trasladaros hasta el domicilio de los nombrados evitando así el control de mi parte o de otros integrantes de los órganos de fiscalización o del Secretario Adjunto, Oscar Alfredo Marrelli, procurando así un lucro indebido.

COMPRA DE TIERRA EN SAN LUIS

El denunciante indica que a fines del año pasado tomó conocimiento que Espíndola y Chávez habían comprado un lote de terreno en la provincia de San Luis para su patrimonio, que se abonó con capital de la Asociación el inmueble y se encargó la construcción de una vivienda al señor Marcelo Fabio Roldán abonando en este año la suma de 615 mil pesos (los movimientos surgen de las transferencias de depósitos Banco Supervielle)

CHEQUES

La presentación que la Dra. Pontecorvo ya tiene bajo análisis, añade que en «los períodos comprendidos en los meses de julio a septiembre se materializó el cobro de 6.934.005 pesos únicamente en cheques, gastos que no fueron aprobados en asamblea ordinaria o extraordinaria y mucho menos en la comisión directiva conformada. Todo fue orquestado para evitar la comparecencia y perfeccionar así la sustracción ilegal del dinero».

Sobre el mismo eje, expone que entre los días 11 y 17 de cada mes se «procede al cobro por ventanilla de reiterados cheques por montos de 50 mil pesos, evitando dejar rastros personales, pero del entrecruzamiento de la cuentas bancarias de Espíndola y Cháves, el primero y luego del cobro de los documentos percibió entre el 10 y 12 de agosto por cajero automático, depósitos en su cuenta por el valor de 90 mil pesos, lo que demuestra con ello la sustracción ilegal, desvío de fondos y el enriquecimiento ilícito.

VENTA DE MICRO

Se denuncia que «simulando la aprobación de la moción en el Libro de Actas, procedieron a la venta del micro que resultaba ser propiedad del sindicato siendo que éste asentamiento jamás existió sino que fue orquestado ilegalmente».

OPERACIONES COMERCIALES CON FINANCIERAS

LAVADO DE ACTIVOS, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Con el patrocinio de los doctores Manuel Calvo y Juan Geréz, solicita a la justicia ordene «inmediata detención, allanamiento y secuestro».