Izquierda Diario.- La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados realizó este miércoles una reunión informativa el «Plan de pago de deuda previsional», con la presencia de invitados y especialistas en el tema. Con la ley de moratoria vencida el 31 de diciembre que deja sin poder jubilarse a unas 800.000 personas en los próximos dos años y que no fue prorrogada, se debate la sanción de una nueva ley impulsada por el oficialismo, que no obtuvo quorum por parte de la oposición de Juntos en las sesiones de diciembre.
La economista, columnista de La Izquierda Diario y docente universitaria, Lucía Ortega, expuso junto a los diputados Nicolás Del Caño y Myriam Bregman y planteó que «es importante una moratoria previsional porque entre 800.000 y un millón de personas que cumplirán la edad de jubilación en los próximos dos años (60 años en las mujeres y 65 en varones), no podrán jubilarse. El 80 % de esas personas son mujeres«.
«Sin moratoria sólo les quedará la PUAM que es apenas un 80% del haber mínimo (hoy $ 40.099) y sin derecho a la pensión por fallecimiento del cónyuge. Para las mujeres es de hecho un aumento de la edad jubilatoria hasta los 65 años», remararcó.
«Sin embargo, esta realidad no es nueva ni se va a solucionar de acá a dos años con una moratoria. Hay un problema más grave y profundo de nuestro sistema previsional: el de su desfinanciamiento y el de un mundo del trabajo cada vez más precarizado«.
«Si las personas próximas a jubilarse hoy no pueden hacerlo y necesitan una moratoria, no fue por elección, es por haber trabajado en la informalidad o por haber estado en ciertos períodos desempleados. También, por haber realizado tareas como las de limpieza, cocina, cuidado de niños, enfermos y personas mayores, etc, en su mayoría tareas hechas por mujeres que no fueron reconocidas ni remuneradas, pero que cumplen un rol fundamental en la reproducción de la fuerza de trabajo. Esas mujeres no tienen aportes no porque no han querido, sino por un sistema capitalista patriarcal que no reconoce ese trabajo no remunerado».
«Muchas veces escuchamos argumentos como que las moratorias son injustas porque esas personas `no aportaron´. Es importante desmentirlo. En primer lugar, porque como dijimos, aportaron toda su vida trabajando, pero son invisibles a los registros públicos».
«En segundo lugar, porque el sistema previsional se financia en gran parte, y cada vez más, con recursos impositivos, que hoy recaen sobre todo al consumo y en forma regresiva sobre sectores de menores ingresos. Consumo que estas personas han realizado, brindando recursos al sistema y sin embargo hoy no van a poder ver ninguna retribución a ello».
Asimismo, señaló que un límite de las moratorias es que «ponen la carga en el trabajador o trabajadora, al que le hacen pagar con un descuento en su haber algo que en realidad no es su responsabilidad sino el de las propias empresas que le hicieron fraude y que no le pagaron los aportes jubilatorios. Incluso ese descuento estuvo encubierto detrás de los menores salarios percibidos por no estar registrados».
Y agregó que «ahora se redobla esa idea de que se `compran´ años de aporte, desvirtuando la esencia de un sistema de reparto y solidario, no sólo descontando una parte del haber para los jubilados, sino exigiendo a los trabajadores próximos a jubilarse que también empiecen a “comprar” períodos de aporte con anticipación, además del descuento ordinario que se realiza en sus sueldos».
Entre otro de los puntos señalados, marcó que «las moratorias van incorporando “períodos a declarar”, pero si estos no se actualizan van perdiendo su efecto, y cada vez más personas empiezan a quedar por fuera de la posibilidad de alcanzar 30 años de aportes. Por ejemplo, en el proyecto de ley que tiene ya dictamen se eleva el período límite desde el año 2003 al 2008, entonces una mujer que en 2023 cumple 60 años y nunca estuvo registrada tampoco se va a poder jubilar ya que podrá declarar hasta 27 períodos».
También destacó que las personas que están hoy en edad de jubilarse comenzaron a insertarse al mercado laboral al cumplir 18 años entre 1976 y 1983, cuando se impuso la última dictadura cívico-militar que elevó el piso de desempleo y destruyó un 40 % del poder adquisitivo del salario . «Es de mínima injusto decir que no son merecedores de una jubilación porque `no contribuyeron´. O peor aún, que no se pueden destinar a su jubilación 0,3 puntos del PBI porque hay que cumplir con metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional».
«De hecho, en 2022 de hecho se sobrecumplió la meta de déficit fiscal con el FMI y esto se logró gracias a un recorte del gasto en jubilaciones y pensiones que cayó del 8 % al 7,7 % del PBI«.
En otro aspecto, señaló que el contexto de esta discusión es una agenda mundial con lineamientos claros desde los organismos internacionales de llevar los sistemas previsionales hacia una especie de cobertura universal de haberes muy bajos, entre otros cambios que son resistidos y repudiados por las mayorías, «como por ejemplo, en Francia, donde ayer se manifestaron casi 3 millones de personas para rechazar el intento de aumentar la edad jubilatoria».
El tratamiento de este tema se enmarca en una grave crisis de insuficiencia de los haberes previsionales y de pérdida de su capacidad adquisitiva. En el primer caso, porque el 91 % de las jubilaciones y pensiones se encuentra por debajo del valor de la Canasta de la Tercera Edad. «El debate no puede agotarse entre jubilación de miseria o ninguna jubilación, sino en cómo garantizar que como mínimo se cubran las necesidades de los jubilados».
Asimismo, en cuanto a la pérdida de poder de compra de los haberes, indicó que «en los últimos cinco años se deterioró entre 24% y 30% el valor real de las jubilaciones y pensiones. Más puntualmente, luego de la suspensión de la movilidad previsional en 2020 y la nueva fórmula jubilatoria de 2021, los haberes mínimos se derrumbaron un 11 % en los últimos tres años, llegando hasta una pérdida de 18% para los haberes máximos. Es decir, que con la nueva movilidad previsional se siguió perdiendo y eso es producto de haberse negado a incorporar un piso que garantice que nunca el ajuste jubilatorio pueda ser menor que la inflación».
Por último, en la exposición se indicó que es falsa la idea de que no pueden subirse las jubilaciones por una restricción presupuestaria, «porque no se cuestiona el desfinanciamiento del sistema que se explica no sólo por el fraude laboral que mencionamos antes, el crecimiento del monotributo, entre otros, sino también en los permanentes subsidios y beneficios tributarios a las empresas. O el desfinanciamiento por la reducción de contribuciones patronales de Cavallo que nunca se restituyeron».
«Mientras se vencía la moratoria y se debate si es pertinente o no una nueva moratoria, si hay recursos o no, otras moratorias se aplican sin más: como las que hace la AFIP a las empresas que deben impuestos como en Ganancias, o les otorgan leyes de blanqueo fiscal a las empresas que fugaron».
Es necesaria y urgente una moratoria previsional hoy. Pero esto sólo es insuficiente si no se aborda también una discusión de cómo elevar los recursos del sistema , cómo aplicar un verdadero blanqueo laboral, cómo recomponer los haberes y restituír el 82 % móvil, entre otros problemas urgentes».
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