Ricardo Vago, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, cuestionó la privatización de AySA y puso el foco en el 55% del consorcio ganador que corresponde a PHX Aqua, un vehículo de inversión vinculado a un fondo constituido en Curazao. Advirtió sobre la opacidad de la estructura societaria, las garantías de rentabilidad, el impacto tarifario y la falta de respuestas políticas ante una operación que involucra un servicio esencial.
«Lo que es tan importante es lo que no se dice». Con esa premisa, Ricardo Vago, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, analizó la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y cuestionó la composición del consorcio que presentó la oferta económica más alta para quedarse con el 90% de las acciones que pertenecían al Estado nacional.
La apertura de las ofertas económicas se realizó el 8 de octubre. El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR B.V. y Transclor ofreció US$ 340,2 millones, frente a los US$ 285 millones del grupo competidor encabezado por Roggio. La operación comprende el 90% del paquete accionario estatal y la futura conducción de una empresa que presta servicios de agua potable y saneamiento a millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Para Ricardo Vago, el centro de la discusión no está solamente en quiénes aparecen públicamente como integrantes del consorcio, sino en quién controla el capital mayoritario y cuáles son los intereses detrás de esa participación.
El 55% y la estructura societaria
En la entrevista, Vago identificó a PHX Aqua AR B.V. como el componente mayoritario del consorcio ganador, con una participación del 55%. Según la información publicada sobre la operación, PHX Aqua fue constituida en Inglaterra en agosto de 2026 y está vinculada con Phoenix Global Investment Fund, un fondo de inversión constituido en Curazao, un paraíso fiscal.
«¿Quién maneja toda esta sociedad? ¿Quién es el dueño?», preguntó Vago. Su preocupación apunta a la posibilidad de que la estructura financiera y societaria dificulte identificar a los beneficiarios finales de la inversión.
El dirigente sostuvo que la comisión evaluadora debió observar esa situación antes de avanzar con la licitación. «¿Cómo el agua, que es un derecho humano, va a estar definida por una sociedad mayoritaria que tiene prohibido decir quiénes son los dueños?», cuestionó.
La referencia a una prohibición estatutaria para revelar a los propietarios y las dudas sobre los beneficiarios finales forman parte de la denuncia de Vago y requieren ser contrastadas con los estatutos, los registros societarios y la documentación de la licitación. L
Filiberti, Román y el operador brasileño
El consorcio ganador reúne perfiles empresariales diferentes. Rowing, vinculada con Walter Román, el hombre de los mercados regulados que asesora al Presidente de la Nación, participa con el 20%; Transclor, de Mauricio Filiberti, el Rey del Cloro on el 10%; Arcos Saneamento e Participações, de origen brasileño, con el 15%; y PHX Aqua AR B.V., con el 55%.
Vago puso el acento en la convivencia de esos intereses. Por un lado, señaló la presencia de Filiberti, proveedor de insumos químicos utilizados en el proceso de potabilización de AySA desde 2009. Por otro, cuestionó el papel de Román, a quien caracterizó como un operador con experiencia en mercados regulados. La participación de Arcos, en tanto, aporta la experiencia técnica de una empresa que opera servicios de saneamiento en Brasil.
«Si gana uno, ponemos esa cara y, si gana el otro, ponemos la otra cara», ironizó Vago al describir lo que considera una articulación de empresarios con capacidad para desenvolverse en un mercado regulado. También comparó el esquema con experiencias anteriores de participación de grupos privados en empresas de servicios públicos.
La crítica apunta a una cuestión concreta: cómo se controlarán los posibles conflictos de intereses cuando una compañía proveedora de AySA pase a integrar el consorcio que tendrá el control de la empresa. La participación accionaria de Transclor y su relación comercial previa con AySA son datos relevantes para examinar esa discusión, aunque no prueban por sí mismos una conducta irregular.
Tarifas, rentabilidad e inversiones
El otro eje de la denuncia es el esquema económico de la concesión. Vago advirtió que las condiciones previstas pueden trasladar a los usuarios el costo de la adquisición, el financiamiento y las inversiones comprometidas por los nuevos operadores.
«La tarifa se va a ajustar todos los meses», sostuvo, al cuestionar un mecanismo que, según su interpretación, busca garantizar la rentabilidad del negocio incluso ante variaciones de costos, inflación o devaluación.
La preocupación se relaciona con las condiciones económicas y regulatorias de la operación. La privatización contempla obligaciones de inversión y un período de operación de largo plazo. Las publicaciones sobre la licitación informaron que el consorcio ganador asumirá el control de AySA por 30 años, con posibilidad de prórroga.
Vago cuestionó además las condiciones de acceso a la información durante el proceso, al señalar que la documentación económica y societaria se habría manejado en un entorno restringido. También advirtió sobre cláusulas que, a su entender, pueden debilitar la protección de los usuarios y ampliar la capacidad de la empresa para trasladar costos a las tarifas.
Esos señalamientos exigen examinar el pliego, el contrato de concesión y el régimen regulatorio aplicable. La existencia y el alcance de eventuales garantías de rentabilidad, mecanismos de actualización tarifaria y cláusulas de resolución de controversias deben establecerse a partir de los documentos contractuales, no únicamente de las declaraciones del entrevistado.
«Esto es coloniaje»
La crítica no se limita a la estructura accionaria ni a las tarifas. El dirigente cuestionó la dimensión política de la venta y reclamó que las autoridades provinciales y los municipios involucrados se pronuncien sobre el futuro de un servicio que alcanza a millones de habitantes.
«Esto no es entrega y saqueo. Es coloniaje, coloniaje es la palabra», afirmó, al vincular la participación del fondo de inversión con la presencia de una estructura societaria constituida en el exterior y con los mecanismos internacionales que, según denunció, podrán intervenir en eventuales controversias.
Para Vago, el gobernador Axel Kicillof debe fijar una posición pública, al igual que los intendentes de los distritos alcanzados por la prestación. También reclamó una reacción de las asociaciones de usuarios y de las organizaciones políticas y sociales.
«El momento en que se tienen que poner los pantalones los dirigentes es ahora», sostuvo, al pedir que se examine la operación antes de que el nuevo esquema quede consolidado.
Entrevista completa en Desalambrar Tv:
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