El círculo vicioso de la política fiscal en la era Milei

Por Luciano Matías Pelle – Programa de Estudios Fiscales (UNM)

Cuando se habla de política económica, es casi ineludible hacer referencia a una de sus principales herramientas: la política fiscal. Si bien es amplio y tendido el debate en torno a su concepción y funciones, sostenemos que la política fiscal debe operar como un medio para alcanzar determinados objetivos, como la redistribución del ingreso o la regulación del ciclo económico.

Si se evalúa la política fiscal en función de estos fines, resulta evidente que los resultados de los últimos gobiernos no han sido de los más exitosos. El estímulo de la actividad económica, por ejemplo, se presenta como una deuda pendiente de las últimas gestiones. El PBI per cápita, estancado desde hace por lo menos una década, da cuenta ello. Ahora bien, más allá de cuestiones coyunturales o de los gobiernos de turno, cabe aclarar que los problemas estructurales tienen mucho que ver con esta pobre perfomance de tiempos recientes. La escasez crónica de divisas, por ejemplo, que aqueja a las economías subdesarrolladas, y en especial en la Argentina, se ha presentado como uno de los principales obstáculos a la hora de alcanzar un sendero de crecimiento sostenido (léase restricción externa). Asimismo, los procesos de endeudamiento acumulativo y los condicionamientos impuestos por organismos internacionales de crédito (FMI) no han hecho más que limitar el accionar de la política fiscal y, por lo tanto, las posibilidades de dinamizar la economía.

En Argentina, desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), la política fiscal ha estado en el centro de la escena a la hora de discutir la política económica. Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, la nueva dirigencia ha encauzado la política estatal con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario “a como dé lugar”. Para septiembre de este año, estos esfuerzos alcanzaron su máxima expresión cuando se cristalizaron en la presentación del proyecto de ley “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. Esta iniciativa propone, entre otras reglas, la prohibición de la sanción de una ley de presupuesto deficitaria. Por si esto no fuese suficiente para garantizar las “finanzas sanas”, se prevé una pena de prisión y una inhabilitación para cargos públicos para aquellos funcionarios que dicten, aprueben, autoricen o ejecuten gastos sin acreditar los recursos.

Si a la suficientemente castigada política fiscal, se le adicionan nuevas restricciones, pero ahora autoimpuestas como las del flamante proyecto de ley, se puede decir que estamos más cerca de profundizar los problemas económicos que de alcanzarles una solución. El excesivo énfasis en el balance de las cuentas estatales de este proyecto de ley, además, da cuenta de un viraje hacia una concepción reduccionista de la política fiscal y las finanzas públicas. El hecho es que el déficit o el superávit fiscal no es otra cosa que una consecuencia de la actividad del Estado. En este sentido, la política fiscal carece de sentido si el resultado de las cuentas públicas pasa a ser el fin, y no un medio para alcanzar otras metas, como el pleno empleo o una distribución del ingreso más equitativa.

Constreñir la política económica al resultado del fisco, en todo caso, institucionaliza el ajuste fiscal condicionando las posibilidades de crecimiento y redistribución de los futuros ejercicios y gobiernos. En un contexto recesivo como el actual, además, debido a que la recaudación depende del nivel de actividad, las cuentas públicas tienden a empeorar y acaban redundando en un nuevo ajuste fiscal, dando lugar a un círculo vicioso que acaba reduciendo la participación del Estado en la economía.

La consolidación del rol subsidiario del Estado en la economía genera, entre otras cosas, un cambio en las relaciones de poder con el sector privado. Cuanto mayores son las limitaciones del aparato estatal, mayor es la dependencia de la política gubernamental del “estado de confianza” del sector privado. Un Estado más débil, implícitamente, acaba delegando la responsabilidad de determinar el estado del ciclo económico, y por lo tanto del nivel de empleo, a la esfera privada. Estas y otras implicancias del achicamiento del Estado en la economía fueron adelantadas por el economista polaco M. Kalecki en su famoso artículo de 1943 titulado Aspectos políticos del pleno empleo.

Estas líneas, lejos de constituir una apología del delito como pretende hacer ver el proyecto de ley, sólo buscan subrayar la idea de que es necesario recuperar la concepción de la política fiscal como un medio, como una forma de lograr una sociedad más igualitaria y de alcanzar una economía con mayor dinamismo. Luego, claro, estos objetivos deben verse materializados. Para ello, una condición necesaria tiene que ver con la posibilidad de brindar una mayor autonomía a la política fiscal. Asimismo, la superación de las restricciones externas, a partir de un proceso de diversificación productiva y de desendeudamiento externo, e internas, con un abandono de la idea del resultado fiscal como fin de la actividad del Estado, son un requisito fundamental.