El gobierno nacional, en la figura emblemática de Patricia Bullrich, dispone la agenda de temas legislativos bajo el criterio de una «nueva Argentina». Será en el inminente período de sesiones extraordinarias, pero no olvidar que el proyecto de reducir la edad a 14 años logró en mayo del año pasado dictamen de comisión en el Congreso.
La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.634) fue sancionada el 28 de diciembre de 2006, promulgada el 18 de enero de 2007 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero de 2007. Bien podríamos saber cómo actuaron los sucesivos gobiernos, a lo largo de casi dos décadas, en materia de políticas de Estado para niños, niñas y adolescentes. Sería necesario conocer cuántos y cómo son los establecimientos que albergan a jóvenes en conflicto con la ley, los planes y resultados de la resocialización de ellos y ellas. ¿Se trata de garantismo o mano dura? ¿Es un mayor descarte humano y encierros que pierden trazabilidad? ¿Es tenida en cuenta las casi dos décadas de experienciade jueces y juezas, fiscales, defensores /as, abogados /as del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil?
Días atrás el doctor Rodrigo Morabito, Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, hizo pública una carta dirigida al Presidente de la Nación en la que afirma: «…Bajar la edad de punibilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia. No honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia. Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad. Es responsabilidad institucional. Es la única política seria de seguridad a largo plazo de una nación democrática. Es intervenir antes, acompañar antes, sostener antes. Es estar presentes cuando todavía hay algo para salvar.
Le escribo con la convicción de quien ve las consecuencias todos los días. Le escribo no desde la comodidad de un despacho, sino desde la experiencia concreta de administrar justicia en contextos de dolor. La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano«.
En éste contexto que la dirigencia política conoce, el Frente Renovador anuncia que dará el debate pero con un proyecto diferente al del mileísmo, es decir, «debe bajarse la edad de imputabilidad pero con condiciones reales y posibles». Así lo expresa el frente que conduce Sergio Massa y que integra Fuerza Patria:
1- Acompañamos la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, en coherencia con la posición histórica del Frente Renovador. Advertimos que el proyecto del gobierno es ineficiente y presenta muchas falencias. Consideramos que sin políticas de prevención, reinserción, recuperación y acompañamiento integral, la medida es incompleta e ineficaz.
EL GOBIERNO NO TIENE PROYECTO: HUMO Y POLARIZACIÓN
El Gobierno vuelve a usar un tema sensible para polarizar. Juega con las víctimas y con niños y adolescentes. No proponen un régimen penal juvenil integral: faltan herramientas y recursos institucionales, jurídicas, preventivas, restaurativas, terapéuticas, educativas, de acompañamiento social y comunitario, condiciones institucionales, recursos humanos profesionalizados, presupuesto y planificación operacional multiagencial.
COHERENCIA HISTÓRICA, NO OPORTUNISMO
Nuestra posición no es improvisada. Es coherente y sostenida desde 2015, cuando ya planteábamos una reforma integral del sistema penal juvenil con el Estado como eje central y con capacidades eficientes y eficaces.
LOS NÚMEROS DE UN UNIVERSO PEQUEÑO
Estamos hablando de un universo reducido. Durante 2024 hubo 1.722 causas que involucraron a menores y 837 casos en centros cerrados por delitos graves que requirieron privación de libertad. No es un fenómeno masivo, pero sí delicado y específico. Los delitos cometidos por menores representan 1% aproximadante de los hechos delictivos.
SON POCOS CASOS, PERO EL ESTADO DEBE RESPONDER
Que sean pocos no los vuelve irrelevantes. Los casos existen y generan un enorme daño. El Estado no puede mirar para otro lado: debe asumir responsabilidad, dar respuestas concretas y atender el sufrimiento de las víctimas con seriedad y generar las herramientas de prevención, recuperación y acompañamiento a los niños y adolescentes en conflicto con la ley.
SIN ESTADO NO HAY REFORMA PENAL JUVENIL
Una reforma de este tipo no puede quedar librada a jueces o gobernadores. Milei achica el Estado y reduce sus capacidades y recursos para resolver este tema indispensable. Sin un Estado presente, resolutivo, coordinado y con recursos, no hay política penal juvenil posible.
NO ES SOLO CASTIGO: ES PREVENCIÓN Y OPORTUNIDADES
No se trata de criminalizar a la juventud. El Estado debe promover oportunidades, ofrecer educación, deporte, contención, salud mental e integral, apoyo terapéutico y acceso al primer empleo. Una política integral y efectiva para los niños, adolescentes y jóvenes con valores y acompañamiento. Cuando un niño o joven comete un delito grave, es el fracaso de un Estado que llegó tarde. El gobierno de Milei desmantela las escuelas, universidades, la ciencia, desoye a los jóvenes, no crea oportunidades y sólo propone como solución bajar la edad penal. Es pura incoherencia.
EL FRENTE RENOVADOR TIENE UN PLAN INTEGRAL
Proponemos una reforma planificada, multiagencial, estructural, eficaz, seria y responsable, modificando el funcionamiento del Poder Judicial, de las instituciones policiales y penitenciarias, y el alcance de las politicas de seguridad. Salimos de la lógica del grito y la polarización para ofrecer soluciones integrales, eficaces y sostenibles en el tiempo
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