El pozo de Sagastume y el país abandonado

Los incidentes viales en el kilómetro 144 de la Autovía 12, en el sur de Entre Ríos, se repetían con una frecuencia inédita. Fue en junio, antes de las vacaciones de invierno: los autos aparecían en la banquina, volcados, chocados. Personas heridas, accidentes graves y accidentes leves. La causa era casi siempre la misma: un tremendo pozo que había en el puente de hierro del arroyo Sagastume. Hubo llamadas y denuncias para alertar sobre eso. Pero ante la falta de respuesta de la empresa que debía trabajar en ese tramo de la Autovía, quienes salieron a taparlo fueron los Bomberos Voluntarios de Ceibas. Lo hicieron como podían: con los materiales que tenían a mano y con la tierra de los costados de la ruta.

El del puente de Sagastume no fue el único caso en una de las rutas más transitadas del país, que además funciona como el principal corredor del Mercosur al unir Uruguay, Brasil y Paraguay, y que tenía la licitación pautada para septiembre (aunque todo indica que se postergará). En el Cuartel de Ceibas cuentan que hace unos días, ya en agosto, un camión rompió el guardarrail a la altura de Brazo Largo. Pasan los días y el arreglo no se realiza. “Imaginate lo que puede llegar a pasar en el verano. No hay reposición de materiales ni bacheo mínimo para asegurar un mantenimiento de la ruta”, le dicen a Cítrica.

Los Bomberos Voluntarios –no solo los de Ceibas, sino todos– son testigos directos de la desidia y el abandono. En esa región del sur entrerriano, si el promedio de siniestros era de ocho por mes, ahora aumentó a “diez o doce”. Es el número a escala de un drama nacional: las rutas argentinas abandonadas por el Estado como consecuencia de la política de ajuste y motosierra del Gobierno de Javier Milei.

La decisión del presidente de disolver la Dirección Nacional de Vialidad –el organismo encargado durante 93 años del mantenimiento de más de 40.000?km de rutas– y despedir a más de 5.000 empleados se dio en este marco. Como sucede con jubilados, con las personas con discapacidad y con tantos otros sectores, el Gobierno intentó darle su sello a este tema, probablemente porque lo leyó como posible tras la condena a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, justamente en lo que se llamó la “Causa Vialidad”.  

Sin embargo, más allá de golpes de efecto y estrategias políticas o comunicacionales, el drama de las rutas abandonadas empieza a convertirse en un drama también de salud, sobre todo en un país en que, en 2024, fallecieron en promedio 16 personas por día en accidentes viales, más de la mitad en rutas nacionales o provinciales (según datos de la ONG Luchemos por la Vida).

Los números oficiales son alarmantes: solo el 47.5% de las rutas nacionales evaluadas estaban en buen estado, mientras el 29% se encontraba en mal estado y otro 23,5% en condiciones regulares –lo que implica que hasta el 52,5% de la red nacional no cumple con estándares mínimos.

En la provincia de Buenos Aires, más de la mitad de los tramos nacionales relevados también fueron catalogados como “malos”, con un 51,7% comprometido en su infraestructura. Y en Entre Ríos, el pozo en el paso del arroyo Sagastume no es la excepción, sino la regla: solo el 26,3% de los 2.018 kilómetros de rutas nacionales relevados en esa provincia fueron considerados “buenos”, mientras que un 43,9% se encuadra dentro de la categoría “malo” y un 29,7%, como “regular”.

El deterioro de rutas emblemáticas como la nacional 7 –que nace en el conurbano bonaerense y llega hasta Mendoza y el paso fronterizo con Chile– ejemplifica el colapso: se registraron demoras de hasta nueve horas y un aumento de choques en sectores relevados por el gobierno provincial. De hecho, el gobernador Alfredo Cornejo pidió el traspaso del control como emergencia ante la falta de obras.

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