El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: qué cambia con las internaciones involuntarias

Con 42 votos a favor y 21 en contra, el Senado de la Nación dio media sanción este jueves al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental del gobierno de Javier Milei, que flexibiliza las condiciones para disponer internaciones involuntarias, amplía el abordaje de las adicciones y establece mecanismos de cooperación financiera con las provincias, a la espera de su tratamiento en Diputados.

La propuesta del Ejecutivo nacional consiguió el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y distintos bloques provinciales, luego de una serie de modificaciones que permitieron destrabar las negociaciones parlamentarias. Entre los principales cambios, el oficialismo aceptó incorporar garantías para los pacientes y compromisos presupuestarios para las jurisdicciones encargadas de implementar la normativa.

Uno de los puntos centrales en la reforma de la Ley de Salud Mental establece que los profesionales médicos podrán disponer una internación involuntaria ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros. El nuevo criterio busca ampliar las posibilidades de intervención frente a episodios de emergencia, aunque mantiene el carácter excepcional de esta herramienta terapéutica.

En concreto, el proyecto habilita que un solo médico, preferentemente psiquiatra, pueda indicar una internación involuntaria cuando exista una situación de emergencia, sin necesidad de contar previamente con la evaluación de un equipo completo. Sin embargo, un grupo interdisciplinario deberá revisar y revalidar la decisión dentro de las siguientes 48 horas, mientras que la normativa también contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas.

Asimismo, la iniciativa establece que las internaciones involuntarias deberán comunicarse a la Justicia y solo podrán aplicarse cuando los abordajes ambulatorios resulten insuficientes frente a un riesgo grave. De esta manera, el proyecto modifica el procedimiento de intervención y procura facilitar una respuesta sanitaria más rápida, sin eliminar los mecanismos de control sobre las decisiones médicas.

Otro de los cambios relevantes incorpora la obligación de elaborar un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, con el objetivo de establecer las condiciones necesarias para la continuidad del tratamiento fuera del establecimiento sanitario. La propuesta también exige notificar anticipadamente al representante legal o a los familiares correspondientes para coordinar la salida del paciente y su posterior acompañamiento.

En materia de consumos problemáticos, la reforma amplía el alcance de las adicciones que podrán recibir tratamiento dentro del sistema de salud mental, con especial atención a problemáticas como la ludopatía. La modificación incorpora expresamente nuevas situaciones que requieren asistencia profesional y que hasta ahora no contaban con una referencia específica dentro de los cambios propuestos para la legislación.

Por otra parte, el texto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y contempla disposiciones particulares para la atención de niños y adolescentes con padecimientos mentales. En estos casos, los establecimientos deberán contar con equipos profesionales especializados en salud mental infantojuvenil y garantizar espacios de internación separados de los destinados a pacientes adultos.

En tanto, la cuestión presupuestaria también ocupó un lugar importante en las negociaciones, debido a que los bloques provinciales reclamaron garantías para afrontar las nuevas responsabilidades sanitarias. Como resultado, el dictamen de LLA incorporó un mecanismo de cooperación económica entre la Nación y las provincias, cuyos recursos deberán contemplarse dentro del próximo Presupuesto 2027 para facilitar la implementación de la normativa.

Durante el debate, la presidenta de la comisión de Salud del Senado, la libertaria Ivana Arrascatea, defendió la necesidad de modificar los criterios actuales de intervención y sostuvo que la legislación vigente resultó insuficiente para responder a determinadas situaciones. “Llegar a tiempo significa pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente”, afirmó la legisladora oficialista.

Asimismo, la titular del bloque de LLA en la Cámara alta, Patricia Bullrich, defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y remarcó que la prevención continuará como uno de los objetivos centrales del sistema sanitario. La senadora también planteó diferencias entre los establecimientos especializados y los manicomios, en medio de las discusiones sobre el modelo de atención que deberá sostener la legislación.

Con la media sanción, el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental ingresará a la Cámara de Diputados, donde el armado libertario deberá construir nuevos acuerdos para convertir la iniciativa en ley. La discusión continuará alrededor de las condiciones para disponer internaciones, las garantías de los pacientes y los recursos necesarios para aplicar los cambios en todo el territorio nacional.

Ley de Salud Mental: la oposición cuestionó la falta de recursos para implementar la reforma

Vale precisar que la discusión abierta por la Ley de Salud Mental volvió a exponer las diferencias de criterio entre el oficialismo y la oposición sobre el financiamiento del sistema sanitario y el alcance de las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional. Si bien LLA consiguió reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, distintos senadores advirtieron que los cambios podrían trasladar nuevas responsabilidades a las provincias sin garantizar los recursos suficientes para afrontarlas.

En ese marco, uno de los principales cuestionamientos surgió del representante de Convicción Federal, Guillermo Andrada, quien presentó un dictamen de minoría junto a las senadoras Carolina Moisés y Sandra Mendoza. “La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley. El modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden”, sostuvo el legislador durante su intervención.

En la misma línea, el senador Gerardo Zamora también fustigó que la reforma incorpore nuevas obligaciones para las administraciones provinciales sin resolver previamente las dificultades presupuestarias del sistema de salud. Por su parte, el integrante de Movimiento por Misiones, Carlos Arce, condicionó su acompañamiento a la incorporación de mecanismos de asistencia económica que permitan garantizar la atención de los pacientes en cada jurisdicción.

Finalmente, el correligionario Maximiliano Abad reconoció las mejoras introducidas durante las negociaciones parlamentarias, aunque manifestó diferencias sobre el tratamiento de los hospitales especializados, uno de los aspectos que también despertó cuestionamientos entre las organizaciones que mantienen sus reparos a la reforma de la normativa vigente desde 2011. “Esta ley se ha mejorado mucho pero tengo diferencias con la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios”, expresó el legislador nacional, quien también remarcó la necesidad de atender los padecimientos mentales y los consumos problemáticos.

FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES