La medida nacional convocada por CTERA en reclamo de justicia por la muerte de la docente correntina Nancy Godoy pone en escena el derecho a huelga, la continuidad del ciclo lectivo y la aplicación de la Ley de Modernización Laboral.
El paro nacional docente de este jueves 29 de octubre volvió a alterar el funcionamiento de las escuelas públicas. La medida, convocada por CTERA como jornada de duelo y reclamo de justicia por la muerte de Nancy Godoy, tuvo un alto acatamiento en distintos puntos del país. En Moreno, el impacto llegó al 90 por ciento, según fuentes consultadas.
Es interesante observar aspectos que nacen del marco normativo. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, incorporó a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial entre los servicios esenciales. La norma establece que, durante los conflictos colectivos, debe garantizarse una cobertura mínima del 75% de la prestación normal.
La legislación introduce una exigencia concreta para la organización de las medidas de fuerza: prevé instancias de preaviso y acuerdo sobre los servicios mínimos y establece mecanismos de intervención de la autoridad de aplicación ante incumplimientos. Sin embargo, la existencia de esa obligación no permite concluir, por sí sola, que se haya producido una infracción en cada escuela donde no hubo clases. Para establecerlo es necesario conocer cómo se instrumentó la medida y qué disposiciones se adoptaron para garantizar la prestación mínima.
Escuelas cerradas y SAE en discusión
En Moreno, las críticas de sectores comunitarios y de la oposición apuntan a la falta de supervisión del funcionamiento escolar durante la jornada. El cuestionamiento es si las autoridades distritales y provinciales desplegaron mecanismos para garantizar la apertura de los establecimientos y la continuidad de los servicios que deben sostenerse durante una medida de fuerza.
La lupa alcanza al Servicio Alimentario Escolar. Cuando la actividad escolar se interrumpe, la prestación alimentaria no debería quedar afectada.
La discusión excede, por lo tanto, el porcentaje de adhesión gremial. También interpela la capacidad de las autoridades para informar a las familias, organizar los servicios mínimos y garantizar que la jornada de protesta no deje sin respuesta necesidades básicas de niñas, niños y adolescentes.
El calendario de 190 días, bajo presión
El cumplimiento del calendario escolar y la promesa de alcanzar 190 días de clases deja de ser real. Cada jornada sin actividad efectiva profundiza el interrogante sobre cómo se recuperará el tiempo pedagógico perdido y qué herramientas se implementarán para evitar que las interrupciones agranden las desigualdades educativas.
El Gobierno bonaerense sostiene la educación como una prioridad, mientras que los conflictos salariales y laborales siguen condicionando el desarrollo de las clases. En Moreno, la controversia agregaría otro frente: la aplicación de la nueva normativa nacional y la responsabilidad de las autoridades de garantizar los servicios mínimos durante los paros.
La pregunta política queda planteada: ¿qué medidas concretas adoptaron la Provincia y el distrito para garantizar la prestación educativa y el SAE durante la jornada? La respuesta requiere información oficial y un relevamiento de los establecimientos afectados.
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