¿Estamos en guerra? 44 años del golpe genocida, pandemia y fuerzas represivas del Estado

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS – Debido a la expansión del coronavirus y las medidas sanitarias, este año no seremos miles en las calles repudiando una vez más la represión de ayer y la impunidad de hoy. Una reflexión sobre el Estado y sus mecanismos represivos, en este día de lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Por Matías Aufieri, abogado de CeProDH / Fuente: La Izquierda Diario –

A esta altura de los acontecimientos, resulta una obviedad señalar que el país y el mundo han cambiado dramáticamente en las últimas semanas, y es en ese marco que nos encuentra este nuevo aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976.

En ese marco de completa anormalidad, existen algunas disrupciones notables entre los postulados que algunas áreas del Poder Ejecutivo Nacional se proponían entre la asunción del gobierno de Alberto Fernández y el estallido de la pandemia del CoVid19, como lo es la derogación por parte del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, del protocolo de su antecesora Patricia Bullrich que impulsaba el llamado “control poblacional” por parte de las fuerzas de seguridad en estaciones de trenes y otros lugares de tránsito concentrado de los sectores populares.

Recalculando

En estos días, ese ministerio – pandemia mediante- se prepara a administrar, de uno modo u otro, alguna variante de “estado de sitio” sobre las poblaciones urbanas que, como ya vemos en estos días, se asienta sobre bases de extendida legitimación en la población que, con miedo e incertidumbre, se resigna a la cuarentena decretada.

Sobre esa base prende también la campaña demagógica que impulsan las cadenas periodísticas empresariales y muchos opinadores mediáticos para que la gente “denuncie a quien incumple la cuarentena”, sin atender las razones que pueden impulsar a esa persona a salir de su casa, muchas de ellas exceptuadas de la prohibición por la propia ley vigente.

Muchos de los sectores que hoy agitan la necesidad de aumentar la represión y el control social son los mismos que se beneficiaron con el golpe de Estado y el genocidio. Se trata del “empresariado nacional” que golpeó las puertas de los cuarteles ante la insurgencia obrera y popular de finales de los años ‘60 y la década del ‘70.

La cantidad de denunciados, imputados y detenidos asciende diariamente en todo el país. A la actualidad, oscila entre cinco mil y diez mil personas en todo el país, dependiendo de la fuente y el criterio para computar los datos.

En esa dinámica, se vuelven más “naturales” en algunos sectores de la sociedad saltos en la situación y escenas de militarización de barrios, accesos, rutas y del país en general, con la justificación de “cuidarnos entre todos” o “derrotar entre todos al virus”.

Desde el campo popular y de los derechos humanos no podemos fiarnos ni por un instante, del control social ejercido por las fuerzas de seguridad que ejercen cotidianamente el gatillo fácil contra la juventud pobre y precarizada de nuestro país. Rechazamos ese control social cotidiano y la militarización de los barrios. Por ende, lo rechazamos más que nunca en esta situación crítica, en la que con más legitimidad para actuar, el peligro de que esas fuerzas inicien un accionar represivo descontrolado, es una posibilidad inminente.

Acelerando

Hay otros postulados o lógicas planteadas desde el Estado, que lucen menos inesperadas si se tiene en cuenta el llamado a “dar vuelta la página” respecto a “las inconductas de algunos” que proclamó el pasado 21 de febrero el presidente de la Nación en un acto con las Fuerzas Armadas, en alusión a la participación de éstas en el genocidio llevado a cabo durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

Los últimos gobiernos vienen ensayando intentos (mediante decretos y otras maniobras explícitas e implícitas) que de a poco asignan más facultades de actuación a las fuerzas armadas en tareas internas, o en zonas fronterizas, motivadas en el llamado “combate al narcotráfico” o al “terrorismo”.

Ya Mauricio Macri, con pocos reparos, puso a los militares a desfilar por el país en cuanta fecha patria pudo. Y planteó durante sus cuatro años de gestión la “reconversión” de las Fuerzas, su integración a la vida cotidiana de la comunidad mediante tareas de apoyo logístico, ayuda sanitaria u otras similares y ambiguas que indudablemente hoy se vuelven concretas en el marco del “combate al virus entre todos”.

Desde ya que hay distintas situaciones y en cualquiera de ellas, desde estas páginas, no ponemos en cuestión medidas como la cuarentena en miras a disminuir la expansión del contagio. En todo caso, opinamos que es insuficiente y que los recursos millonarios dedicados a movilizar fuerzas represivas podrían aliviar la deficiente situación sanitaria que impide los test masivos, respiradores artificiales en mayor cantidad, mayor capacidad de atención en el sistema público de salud, por citar algunos ejemplos.

Cuestión de clases

Existen personas que no quisieran tener que salir de sus casas a trabajar pero tienen que hacerlo. Otras que ni se representan la encrucijada sino que sólo salen porque tienen que comer, o pagarse la habitación o la luz. Otras – de clases sociales más altas- que se resisten a ver acotado su modo de vida, por ejemplo violando la cuarentena tras volver de sus viajes al exterior. Y otras que ni siquiera tienen casa ni internet, o tienen vivienda pero en ella viven hacinados, o rodeados de basurales, dengue y zanjones contaminados.

A los funcionarios u opinólogos que desde los medios de comunicación empresariales lapidan a ocho o diez pibes que en vez de quedarse amontonados en sus ranchadas, salen a jugar un rato al campito del barrio, no les interesa demasiado la salud de esos chicos y no asignan valor a la vida de éstos ni ahora ni antes. La demagogia y el discurso de “unidad nacional”, como siempre, huele a podrido y a engaño.

Desde este medio y otros que actúan de manera independiente a los gobiernos de turno, o desde programas como el conducido por Alejandro Bercovich, no nos hemos alineado con el discurso único, que sólo puede abonar a la estigmatización, la persecución y la represión de sectores que no necesariamente se disciplinan y son críticos de las políticas de ajuste que en mayor o menor medida adoptan los gobiernos de este régimen.

Alberto Fernández, por ahora -y sólamente por ahora, diría un viejo relator de fútbol- desiste de proponer el estado de sitio ante un Congreso que ya en los hechos está paralizado, pero advierte en los medios, que en los sectores “más humildes” la cuarentena goza de menor acatamiento. Si así fuese, ¿se habrá preguntado por qué? ¿O simplemente accionará, atestando esos barrios de efectivos, o incluso de militares, como auspician desde muchos medios (algunos “nacionales y populares” y otros hasta hace poco “hegemónicos”) de comunicación?

Las declaraciones de dirigentes del régimen, ya sean oficialistas o de la oposición de derecha, asegurando que “estamos en guerra”, se multiplican peligrosamente y con dudosas intenciones. A nivel internacional, lo afirman a diario Donald Trump, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, entre otros presidentes de potencias imperialistas.

A tono con ellos, en el país reproducen ese discurso los gobernadores e intendentes que piden la declaración del estado de sitio, o grandes empresarios de la salud privada como Claudio Belocopitt y dirigentes de Juntos por el Cambio, del Partido Justicialista, sin mayores matices.

Hablan, exigen e informan poco sobre las condiciones sanitarias en que enfrentaremos la crisis, pero no les cuesta nada azuzar a la población para que se denuncie entre sí, poniendo la responsabilidad en el plano individual de quienes no decidimos sobre la salud y la economía del país.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) que integran el PTS y el Frente de Izquierda Unidad, entre otras decenas de organizaciones, desde ya que no hemos sido ajenos a la realidad imperante y hemos resuelto postergar primero la tradicional marcha en repudio al golpe del 24 de marzo, y luego también la conferencia de prensa programada en reemplazo a la movilización.

No obstante ello, se ciernen en estos días, campañas macartistas y de estigmatización, buscando exponer y disciplinar a todo aquel que no se alinea con el discurso oficial que baja desde el Estado, la oposición de Juntos por el Cambio, y las grandes corporaciones de medios, que mayormente se muestran actuando sin fisuras.

Expresión de ello son los ataques vertidos sobre las organizaciones del EMVJ y de la izquierda, por no acatar al instante el pedido de Alberto Fernández de levantar la marcha del 24M dos semanas antes de su realización, cuando aún había trabajo y transporte cotidiano de multitudes, y clases escolares normales en todo el país.

Pero no es esta última la cuestión a señalar con preocupación, sino la naturalización del accionar represivo, o de la presencia de las FFAA en tareas de control interno, que desarrollamos anteriormente.

No obstante, ambas cuestiones comparten un aspecto que facilita que tengan lugar: la pérdida de independencia respecto al Estado y los gobiernos de turno de muchos organismos históricos de derechos humanos que dejan de denunciar, convalidan o minimizan aspectos represivos del Estado, cuando un gobierno que les resulta cercano administra el Estado capitalista.

En un plano más concreto y específico, la Madre de Plaza de Mayo de La Rioja, Marcela Brizuela de Ledo y su hija Graciela Ledo expresaron a La Izquierda Diario en una recomendada entrevista que publica este medio, el complicado panorama que advierten sin el acompañamiento de los organismos históricos -hoy alineados con el poder estatal- en su lucha por justicia en el caso de Alberto Ledo, desaparecido en Tucumán durante la dictadura, con la acreditada participación de César Milani, designado posteriormente como jefe del Ejército entre 2013 y 2015.

El caso de Milani es paradigmático, porque nadie podría leerlo como un capricho del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández por colocar como jefe del Ejército a un participante de la dictadura, sino que expresaba toda una camada de generales de la generación del mencionado militar, que había realizado tareas durante el genocidio.

Pero además, su intento de “reciclaje” como líder de un ejército proclamado “nacional y popular”, que implicaría un nuevo paradigma en la relación entre fuerzas armadas y sociedad, expresaba con otras palabras, un claro intento de reconciliación entre éstas, que escaló en el gobierno de Macri y tal vez se intente consumar en el marco de la crisis social desatada por la pandemia.

En ese marco, y con los citados antecedentes durante el gobierno macrista (que hizo de esta cuestión algo casi ideológico), es que el rol de ayuda y convivencia cotidiana en relación al pueblo trabajador con el que hoy se busca presentar al Ejército y a las fuerzas represivas en general, sean asimiladas por parte de la sociedad y de la opinión pública como una consecuencia casi natural, biológica, o indefectible.

También hemos visto en estos días a un militar como Sergio Berni (las presentaciones sobran) al mando de las fuerzas de seguridad bonaerenses, arengando y envalentonando a su tropa de casi cien mil efectivos y dueña de un gran desprestigio e historial represivo a lo largo de las décadas.

Como ha recordado Myriam Bregman en estos días, nunca resultó auspicioso que se le entreguen las calles y facultades amplias a estas fuerzas represoras de los sectores populares de nuestro país. Mejor dicho, nunca terminó bien.

Como se dijo, desde muchos sectores ya sean funcionarios, medios de comunicación corporativos, diputados, dirigentes del oficialismo o de la oposición de derecha, se define tajantemente que “estamos en guerra” a causa del coronavirus.

Ya describimos en estas páginas quiénes padecen esas guerras en el “territorio”, en el día a día. Antes del coronavirus, ya hemos experimentado en todo el mundo la “guerra al narcotráfico” o al “terrorismo”, con sus resultados nada gratos entre los sectores populares. Esto es casi tan viejo como la lucha de clases: las situaciones de “conmoción interior” siempre redundan en perjuicio o ataques para los más explotados, para los que no tienen nada y pueden rebelarse en situaciones de zozobra o de privaciones más insoportables que las habituales.

Es oportuno ejercitar la memoria, más aún en esta fecha. Mediante el decreto 1678/2001 Fernando de la Rúa declaró en diciembre de 2001 el estado de sitio por treinta días en todo el país. Como recuerda el mismísimo diario Clarín en su edición del último sábado, en los considerandos del DNU el expresidente afirmaba: «Que han acontecido en el país actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes, con una magnitud que implica un estado de conmoción interior. Que esta situación merece ser atendida por el Gobierno Federal ejercitando todas las facultades que la Constitución Nacional le otorga a fin de resguardar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos».

El saldo de la feroz represión habilitada por el decreto de De la Rúa, fue de 38 asesinados en todo el país por las fuerzas de seguridad. Hoy, son muchos personeros de aquella Alianza gobernante, o de los partidos que gobernaban las provincias, los que piden sin mosquearse, que se decrete un nuevo estado de sitio. Más allá de las distintas causas que lo motivarían, las víctimas, siempre vendrán del mismo sector social.

Entonces, ante la reflexión que nos plantea cada 24 de marzo a quienes no legitimamos la naturaleza represiva del Estado, cabe preguntarnos ¿quiénes están en guerra y contra quién?