Izquierda Diario.- Las patronales se anticiparon al plan de congelamiento de precios que negocia el Gobierno y presentaron listas de precios con fuertes subas. Las medidas oficiales son impotentes para controlar la inflación. Las consecuencias de la inflación recaen sobre el pueblo trabajador.
El Gobierno pretende avanzar con un acuerdo de precios congelados por 120 días. La propuesta oficial era llegar a unos 1.500 productos. Pero las grandes empresas se anticiparon al anuncio y presentaron listas de precios con fuertes incrementos. El Ministerio de Economía recomendó a las patronales que no aumentaran más del 4 %, pero según informó Pagina12 las compañías enviaron a los supermercados listas con aumentos de entre 7 y 15 %.
Las empresas que presentaron mayores aumentos fueron las alimenticias. Por ejemplo, Bunge envió un incremento de 15 % para el arroz; Porta Hermanos (principal fabricante de alcoholes y bebidas) de entre 12 o 13 %; Molinos Río de la Plata presentó entre 7 y 8 % en pastas y arroz. En tanto, la empresa de cremas y productos de higiene Nivea, pasó un 7 %, y un porcentaje similar remarcó Johnson y Johnson. La empresa Arcor no dio respuesta si ingresará al programa de congelamiento de precios oficial.
El vocero de las alimenticias Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de industrias de Productos Alimenticios (COPAL), rechazó el congelamiento de precios y afirmó que para resolver el problema de la inflación «hay que tener equilibrio fiscal y monetario», es decir más ajuste.
Las empresas ya burlaron o evadieron los controles oficiales en programas como Precios Cuidados, donde no había stock en los supermercados o presentaban productos similares para escapar del precio de referencia y cobrar un precio mayor. Esta semana la Secretaría de Comercio instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a realizar investigaciones por “presuntas prácticas anticompetitivas” de empresas de consumo masivo que aumentaron precios de productos «por encima de la inflación general». Pero el Gobierno ya multó a algunas empresas como Arcor ($ 8,5 millones), Clorox (Ayudín, por $ 4 millones), La Serenísima, ($ 4 millones) y Coto ($ 1,5 millones) por ofrecer de manera simultánea dos presentaciones de un mismo producto pero con precios diferentes. Sin embargo, la multa es un chiste para las empresas que ganaron millones y la remarcación no se detuvo.
Suben los precios y las ganancias también
La inflación en septiembre acumuló en el año un aumento de 66,1%, y el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió por encima de este porcentaje a 69,5%. Los precios subieron y también las ganancias de las grandes empresas.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor en 2021 tuvieron un resultado operativo que ascendió a U$S 426 millones, mientras que en el mismo período parcial de 2022 el resultado ya alcanzó los U$S 519 millones. El documento advierte que “se observa que sólo seis meses de 2022 equivalen a todo el resultado operativo anual promedio desde 2014 a 2021 de los cuatro casos: U$S 528 millones”.
Las ganancias contables de la primera parte de este año muestran para empresas como Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor “una mejora de 62,5 % respecto de la comparación con 2021”, detalla el informe.
En los últimos años los empresarios aumentaron su porción en el reparto de la torta de riqueza producida, y la contracara fue la caída de la participación del salario de los trabajadores. Esto significó una transferencia de riqueza del trabajo al capital.
Enfrentar la suba de precios
El fenómeno inflacionario es complejo y tiene varias causas como la evolución del dólar, el aumento de las tarifas de los servicios públicos; la evolución de los precios internacionales; entre otras. En este contexto de fuerte inflación la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y subir su rentabilidad.
En la carrera por preservar los márgenes de rentabilidad los grupos económicos que tienen mayor concentración en la producción y comercialización de las mercancías, llevan las de ganar. Ellos pueden influir en la fijación de los precios y sacar así ventajas.
El Gobierno solo apunta a negociar un acuerdo con los empresarios para congelar precios, pretenden controlar a los grandes formadores de precios, una política que ya fracasó y que actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas centrales de la inflación.
Se necesitan medidas de otra clase para poner un freno a la inflación. En primer lugar, hay que exigir una apertura de los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas para conocer el verdadero estado de las ganancias empresarias. Esta medida sería un camino para un verdadero control de precios llevado adelante por comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados.
La pelea contra la remarcación permanente tiene que estar unida a la defensa del poder de compra del salario y, más en general, de las condiciones de vida de la clase trabajadora ocupada y desocupada.
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