La muerte en la cava municipal: homicidio culposo y silencio institucional

Héctor Maximiliano Merino murió atrapado por la tierra y los escombros durante la descarga de un camión en la cava municipal de Cuartel V. Trabajaba para FEGMA, una contratista municipal. A once días de la tragedia, la causa está caratulada como homicidio culposo. El Ministerio de Trabajo bonaerense inspeccionó el predio al día siguiente y no encontró autoridades municipales, trabajadores ni personal de la firma. La ausencia de respuestas también construye una escena.

La muerte de un trabajador en la cava municipal produjo un silencio que no es neutral. Cuando una tragedia irrumpe en el territorio de la política institucional, las prioridades parecen reacomodarse: aquello que debería ocupar el centro de la escena pasa a un costado, mientras el tiempo comienza a trabajar sobre la memoria pública.

Héctor Maximiliano Merino murió atrapado por la tierra y los escombros durante la descarga de un camión. Era operario de FEGMA, una empresa que trabaja para el gobierno de Mariel Fernández.

Entre los primeros datos que trascendieron sobre el episodio se destacó que el vehículo era “oriundo de Olavarría”. Un detalle que identificaba su procedencia, pero que no respondía las preguntas fundamentales sobre las condiciones en que se realizaban las tareas ni sobre los controles existentes en el predio.

El 7 de octubre, un día después de la tragedia, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dispuso una inspección. Al llegar a la intersección de Conscripto Bernardi y Máximo Paz, los agentes constataron una escena desoladora: no había autoridades ni trabajadores municipales, tampoco personal de FEGMA. Solo una agente de la Policía Bonaerense cumplía funciones de vigilancia.

La ausencia no es un detalle menor. Una muerte había ocurrido en un espacio municipal donde trabajaba una empresa contratada por el Estado local. Sin embargo, al día siguiente, la inspección laboral no encontró allí a representantes de la firma ni del Municipio. ¿Quién debía garantizar las condiciones de seguridad? ¿Qué controles se ejercían sobre las tareas? ¿Quién puede dar cuenta de lo sucedido?

No se trata de anticipar responsabilidades que debe establecer la Justicia. Se trata de exigir que las responsabilidades se investiguen, que los organismos competentes informen y que el gobierno municipal explique qué controles tenía bajo su órbita. La contratación de una empresa privada no puede convertirse en una frontera detrás de la cual desaparezcan las obligaciones de fiscalización del Estado.

A once días del fallecimiento de Merino, la causa a cargo de la fiscal Carina Saucedo está caratulada como homicidio culposo. La calificación describe el encuadre inicial de la investigación, no una condena ni una atribución definitiva de culpabilidad.

Mientras tanto, los silencios se acumulan. La tragedia ocurrió en una cava municipal; el trabajador prestaba servicios para una empresa contratada por la gestión local; y la primera inspección laboral posterior al hecho encontró el predio sin representantes municipales ni de la firma. Son datos que exigen explicaciones, no una administración paciente del olvido.

Porque cuando un trabajador muere mientras realiza sus tareas, la pregunta no termina en cómo ocurrió el hecho. También importa quién debía prevenirlo, quién controlaba las condiciones de trabajo y qué hará el Estado para que una muerte así no vuelva a ocurrir.

La tierra y los escombros atraparon a Héctor Maximiliano Merino. La responsabilidad de esclarecer su muerte no puede quedar bajo el silencio institucional.