El INTA tiene un largo historial de persecuciones, censuras, precarización y maltrato laboral, pero dio un paso extremo y está a punto de cometer el hecho más grave desde la vuelta a la democracia: el despido y exoneración de Virginia Aparicio, la mayor investigadora de agrotóxicos en la institución. ¿El motivo? Haber realizado su trabajo: analizó y confirmó los efectos terribles del modelo de agronegocio en la salud de la población y en el ambiente. La exoneración implica que nunca más podrá ser contratada por el Estado.
Los responsables directos de la censura y persecución: las autoridades del INTA, funcionarios de dos gobiernos, aliados de la Mesa de Enlace, Aapresid y de las empresas de transgénicos y agrotóxicos.
Pruebas contundentes
Con 22 años de carrera dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Aparicio tiene larga experiencia en la detección de agrotóxicos en el ambiente. Cuenta con publicaciones científicas, participó de libros y fue perito en causas judiciales sobre pueblos fumigados. Siempre cumplió un rol científico-técnico y no silenció los resultados, aunque sabía que eran incómodos para el INTA, reconocida institución al servicio del agronegocio.
Pero el quiebre fue un proyecto internacional llamado Sprint («Transición Sostenible de Protección Vegetal»), realizado durante cinco años por académicos de once países y que detalló el grave impacto del modelo agroindustrial. Los países con población estudiada fueron Argentina, Francia, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, República Checa, Croacia y Eslovenia.
Aprobado por los distintos eslabones burocráticos y jefes del INTA, Aparicio participó del proyecto que incluía análisis de 73 personas de la provincia de Buenos Aires, tanto del ámbito rural como urbano.
Los resultados de Argentina fueron lapidarios, como contaron Cecilia Gárgano y Anabel Pomar en Tierra Viva:
- Todas las personas testeadas tenían glifosato en su cuerpo.
- Los suelos y el agua bonaerense tienen una concentración de agrotóxicos más alta que en los países Europeos.
- Se confirmo presencia abrumadora de glifosato, 2-4D, atrazina, clorpirifos, fipronil, imidacloprid y cipermetrina, entre otros.
- El total de participantes argentinos (73) presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, de 2 a 10 plaguicidas en sangre y hasta 18 plaguicidas en materia fecal.
- Agua superficial se encontraron entre 10 a 28 plaguicidas.
- Los resultados finales fueron presentados en Bélgica en una conferencia pública.
- Los resultados de Argentina lo ubican como el país con mayor cantidad de peligrosos plaguicidas como el glifosato y el clorpirifos.
Y, lejos de tomar medidas para proteger a la población, en Argentina sobrevino la censura.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria abandonó la investigación en 2023 mediante la Resolución 2023-399-APN-INTA, sin comunicar jamás los hallazgos de agrotóxicos en las personas y en el ambiente.
Los responsables directos: Mariano Garmendia y Nacira Belén Muñoz, presidente y vice del INTA en ese momento, y el entonces director Nnacional Carlos Parera. El INTA prohibió que se hable del tema. Y apuntó las «culpas» a la reconocida y experimentada científica Virginia Aparicio, del INTA Balcarce. Insólito: Garmendia y Muñoz participan de sindicatos (el primero en Ate, la segunda en Apinta), que tienen como regla principal defender a los trabajadores.
Era el año 2023. Gobernaba el peronismo de Alberto Fernández.
Persecución y maltrato
No conforme con censurar la investigación Sprint, desde las autoridades del INTA iniciaron un proceso de maltratos de diverso tipo sobre Aparicio. En las evaluaciones institucionales comenzó un sostenido descenso en el ítem «integración» (de 100 puntos pasó a 80 y luego a 60), le cambiaron de funciones a un técnico de su equipo sin siquiera avisarle (mucho menos consultarla), y no le dejaban participar de reuniones del área ni del grupo de WhatsApp.
Cuando solicitó utilizar un equipo nuevo para medir plaguicidas (cromatógrafo de alta resolución), las autoridades del Ipads (instituto del INTA-Conicet para el agro) le negaron el permiso y no le permitieron integrar el grupo de trabajo (pese a tratarse de una línea de investigación que desarrolló durante años).
En 2025 se redujo, unilateralmente, la interlocución con el el director del INTA Balcarce, Facundo José Quiroz, quien ya no le habló más y durante meses evitó encuentros personales con ella. En junio de 2025, personas ajenas al INTA ingresan a la oficina 152 (donde había bienes bajo su responsabilidad) y se llevaron equipamiento. Aparicio solicitó la intervención del Área Patrimonio y dejó constancia del faltante.
En agosto del mismo año, un becario del Conicet que ella dirigía le avisó que el director Quiroz le había propuesto desarrollar otras actividades (lo debieran haber hablado antes con ella, como responsable del becario). En octubre de 2025, dos psicólogas del Área de Fortalecimiento Institucional se contactaron inesperadamente y le ofrecieron un “espacio de contención”. Aparicio no había solicitado asistencia psicológica y declinó el ofrecimiento. En noviembre pasado, el director Quiroz (el mismo que no le hablaba ni tenía reuniones con ella) la acusó de ser una persona difícil para trabajar. Y le intentó bajar la calificación.
En julio de este año, luego de realizar una consulta laboral en el grupo de WhatsApp sobre el “Plan Balcarce”, el Coordinador del Área se desplazó hasta su oficina, le dijo “no preguntes más” y se retiró sin dejarla hablar. Aparicio el escribió solicitando restablecer el vínculo profesional y respetuoso. Nunca le respondieron.
El destrato no fue un hecho único, sino una secuencia sostenida: pérdida de interlocución, decisiones sobre su equipo de trabajo sin consultarla, excluirla del trabajo con compañeros y apartarla de líneas de trabajo que llevaba desde hacía más de una década.
El sumario
A inicios de 2025, le notifican que le habían iniciado un sumario administrativo, sin siquiera darle acceso a la causa. La sumariante, Rocío Marturano, solicitó no solo el despido de Aparicio sino que escaló hasta la exoneración, la más grave de todas las sanciones administrativas, imposibilidad de volver a ingresar a un trabajo estatal. «Me quitan todo. Y con un proceso en el que me condenaron desde el inicio del sumario», resumió Aparicio, en diálogo con Tierra Viva.
Ella no era la principal responsable del proyecto en el INTA. Hubo media docena de personas por arriba de su escalafón que firmaron todo el papelerío para ser parte del proyecto Sprint, pero ninguno de ellos enfrentó acusaciones (ni pedido de sanciones) como los que recayeron sobre Aparicio.
Mario Bolla, abogado de la investigadora, no da vueltas: «Quieren su cabeza. Ni tuvieron en cuenta todas nuestras presentaciones, donde aportamos pruebas de la cadena de responsabilidades».
Por canales informales se enteraron que el Consejo Directivo, presidido por Nicolás Bronzovich, ratificó la exoneración y que ya está el expediente en el área de Legales.
Nacira Muñoz, que era vicepresidenta y firmó parar la realización del proyecto, reconoció en su declaración que hubo deficiencias en la cadena de control jerárquico (que no hubo un adecuado seguimiento de las autoridades), donde ella era parte, pero no fue sumariada. «Es una de las personas que más se ha ensañado con Virginia», denuncia el abogado. Muñoz, desde su cuenta de Instagram se define como «mi vida con alegría y convicción dedicada a nuestra Patria».
Otro intiano con claras responsabilidades es Facundo Quiroz, responsable directo de Aparicio.
Responsables
El inicio el sumario, en 2023, fue con la firma de Mariano Dante Garmendia, por entonces Presidente del Consejo Directivo del INTA e hijo de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Y un rol fundamental fue (y es) de su por entonces vicepresidenta, Nacira Muñoz, señalada como quien manejó los hilos detrás de la persecución.
Otro funcionario es Ariel Julián Pereda, actual Director Nacional y parte del sindicato Apinta.
Otros funcionarios también responsables (como presidentes y vice del INTA) fueron: Juan Cruz Molina Hafford y María Beatriz «Pilu» Giraudo (de Aapresid), y los actuales Nicolás Bronzovich y Carlos Alberto Antonio Vera.
El actual Consejo Directivo del INTA lo completan María Inés Amuchástegui (Secretaría de Agricultura), Jorge Omar Dutto (facultades de agronomía), Martín Tuculet (Aacrea), Juan Patricio Hutak (Coninagro), Gustavo Tettamanti (Federación Agraria), Juan Manuel Bautista (Sociedad Rural).
La persecución contra Aparicio se inició en el gobierno peronista y continuó con Milei.
Ahora solo resta saber si confirmarán oficialmente el despido y exoneración.
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