Izquierda Diario.- Luego de transferencias millonarias al sector con el «dólar soja», Sergio Massa se reunió esta tarde con dirigentes de la Mesa de Enlace y acordó una serie de medidas para «mitigar los efectos de la sequía», que implicará un costo fiscal de $ 65.000 millones.
El ministro de Economía Sergio Massa se reunió con las patronales agrarias nucleadas en la Mesa de Enlace y acordó una serie de beneficios hacia el campo con el argumento de «mitigar los efectos de la sequía». Entre estos beneficios se incluye una refinanciación de deudas, nuevas líneas de créditos y la derogación de una normativa del Banco Central para abaratar el costo financiero hacia empresarios del agro.
Se trataría de un paquete que implicará un costo fiscal de $ 65.000 millones que irán a los bolsillos de las patronales. No contento con esto, el ministro «se disculpó» públicamente por no haber concedido «todos» los reclamos del campo.
Con el dólar soja I y II que implicó un tipo de cambio diferenciado ya les había transferido $ 600.000 millones adicionales. Al tiempo que realizó un recorte de $ 327.000 millones para políticas alimentarias y otros programas sociales al dejar sin efecto en el Presupuesto 2023 las modificaciones en las partidas que había realizado el Congreso al momento de su votación.
Massa especificó que habrá un fondo rotatorio será de $ 5.000 millones y que será articulado a través de los gobiernos provinciales y municipales, como ayuda directa para quienes hayan sido afectados por la sequía.
Asimismo, la AFIP suspenderá el pago de anticipo de impuesto a las Ganancias para todos aquellos productores “con dificultades o abarcados por la emergencia, entendiendo además que el procedimiento de trabajo que llevará adelante la AFIP, en términos de lo que son las revisiones, va a poner el ojo en los productores con más de 50 millones de pesos declarados de Ganancia en el 2022″, especificó Massa en la reunión.
Según trascendió, les dijo además que “esto es a los efectos de que el pequeño productor no tenga miedo de plantear el pedido de emergencia con la idea de que después viene la AFIP y revisa los números”. En un sector con un 70 % de trabajo no registrado, los empleadores respirarán tranquilos de que recibirán beneficios sin ningún tipo de control.
Además de eso, la AFIP, suspenderá los juicios de ejecución fiscal y los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por los procedimientos de emergencia.
Para los empresarios que planteen que tuvieron que recurrir a una venta forzosa de hacienda por la falta de alimento o de necesidades financieras, el Gobierno exceptuará a esa parte de sus ventas en el cálculo del impuesto a las Ganancias. El Poder Ejecutivo estimó que son alrededor de 4.200 casos comprendidos en esta medida.
Pero hay más. También les refinanciará las deudas privadas bajos las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados, lo que implica que casi la mitad de los préstamos fueron dados “con tasa promocionada” y ahora contarán con un diferimiento de 360 días. Massa argumentó que se trata en su mayoría de «pequeños productores».
Y a esta refinanciación agregará un subsidio mediante una reducción de 15 puntos porcentuales en la tasa de interés para nuevos préstamos. En total habrá a disposición $ 50.000 millones por parte del Banco Nación.
Por último, el Banco Central derogará una resolución que incrementaba la tasa de interés para los productores que accedían a un crédito, cediendo a otro de los reclamos de la dirigencia agropecuaria.
Cabe señalar que las concesiones hacia las patronales del campo vienen siendo una de las políticas centrales del ministro Sergio Massa, despertando fuertes polémicas. Las dos rondas de «dólar soja» estuvieron en el centro de la polémica, ya que implicaron beneficios millonarios para estos sectores, que contrastan con los fuertes planes de ajuste que sufren millones y ya dejaron al índice de pobreza arriba del 40 %. De hecho, el «dólar soja» implicó devaluaciones sectoriales hechas a medida de estos sectores de poder.
Son parte del doble discurso del Frente de Todos, que mientras deja a millones en condiciones de precariedad, beneficia también a los especuladores con el pago de la deuda, a las petroleras (a quienes les autorizó exportaciones con retenciones 0%), los bancos o las mineras.
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