La secretaria de Comunicación del Partido Socialista de Moreno, Mariana López, reclamó la convocatoria a una audiencia pública para discutir el nuevo pliego del transporte público que regirá durante los próximos diez años. Sostuvo que el debate debe incluir a los vecinos y que el municipio tiene la obligación de controlar el servicio que prestarán las empresas concesionarias.
«La audiencia pública es una herramienta democrática. Uno de los temas más sensibles para los morenenses es cómo nos trasladamos y todos dependemos del transporte público», afirmó.
Para López, el principal problema no radica únicamente en la cantidad de empresas que operarán el servicio, sino en el rol que debe asumir el Estado local.
«El problema central es que el Estado municipal decida controlar a la empresa. Ese ha sido el gran problema durante todo este tiempo de monopolio de La Perlita», sostuvo.
La dirigente cuestionó que las sucesivas gestiones municipales hayan convalidado el monopolio del transporte y advirtió que incorporar nuevas empresas no garantiza, por sí solo, una mejora del servicio.
«Veo una gran dificultad porque históricamente la gestión local ha validado el monopolio. Me cuesta pensar cómo no va a validar ahora el de tres empresas», señaló.
Participación vecinal
López consideró que el municipio debería abrir el debate antes de la adjudicación definitiva del servicio para que los usuarios puedan plantear las necesidades cotidianas que no siempre llegan al Concejo Deliberante.
«Los vecinos son quienes viven todos los días las largas esperas, las frecuencias deficientes y las dificultades para trasladarse. Ojalá el municipio convoque a la comunidad para escuchar esos reclamos», expresó.
Entre los aspectos que, según indicó, deberían discutirse en una audiencia pública mencionó:
- Frecuencias y recorridos.
- Accesibilidad para personas con discapacidad.
- Refugios y paradas en condiciones.
- Horarios.
- Criterios de control sobre las empresas.
«No alcanza con sumar empresas»
La referente socialista remarcó que el contrato tendrá una vigencia de diez años, por lo que consideró imprescindible que la comunidad participe antes de su aprobación.
«Estamos hablando de un contrato que condicionará cómo nos vamos a trasladar durante los próximos diez años. No alcanza con decir que se quiere revolucionar el sistema de transporte si en esencia se mantiene el mismo modelo«, afirmó».
También advirtió sobre la falta de precisiones respecto de los criterios de adjudicación y reclamó que el proceso sea transparente.
«El municipio debe tomar una decisión política y garantizar que las empresas presten un servicio digno y acorde a las necesidades de los morenenses. La comunidad tiene mucho para decir antes de que se firme un contrato que marcará el transporte público durante la próxima década«, concluyó.
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