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Fuente: Mucho Palo Noticias – En octubre de 2018 en plena crisis económica, desempleo, hambre, pobreza e inflación, el gobierno de Macri destinó fondos para perseguir e investigar a un joven que posteo una canción en Twitter. No era ni el primer ni fue el último caso de ser acusado de denuncia por “incitación a la violencia”, por sus posteos en redes sociales. Hoy en plena crisis económica, desempleo, que se profundiza por la pandemia por Covid-19 en curso, el gobierno de Alberto Fernández destina fondos y recursos al darle continuidad al ciberpatrullaje que dejó instalado Patricia Bullrich, y que fue muy criticado por el kirchnerismo en su momento.

En los últimos días hubo muchos allanamientos en casas de particulares por posteos en redes sociales, señalados de amenazar “la institucionalidad gubernamental”. Como el caso de un joven de Balcarse que publicó un meme en la red social Twitter, donde podía leerse “los que no cobramos el Ingreso de Emergencia, ¿ya podemos salir a saquear?”, criticando la situación que se está presentando para acceder al IFE (Ingreso Familia de Emergencia).

El twitter fue publicado el 7 de abril, a los dos días la policía lo notificó del inicio de una causa por parte del Ministerio Público. La causa esta a cargo de de la Fiscal de la ciudad Laura Molina.

El caso de Kevin no fue el único en el país, se ha indicado que, al menos en los últimos días, se realizaron unos 20 allanamientos a raíz de una investigación que inició el juez federal de Morón, Néstor Barral, que según la justicia “incitaban a realizar ilícitos tales como robos y saqueos, los cuales son caratulados como delitos federales y no excarcelables”. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares y computadoras, entre otros dispositivos electrónicos con acceso a Internet, para su análisis en la Justicia, informaron también en los informes sobre los allanamientos.

Esta situación se enmarca en la política de ciberpatrullaje monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic. Una política que con diferentes procedimientos, ha sido una estrategia continuada de todos los gobiernos: Proyecto X, Ley Antiterrorista, el ciberpatrullaje que nació en la era Macri-Bullrich. Soluciones ilegales, violatorias de los derechos y garantías de las personas, relacionados con la libertad de expresión, que son implementados como mecanismo de control social, pero también de estigmatización, en momentos donde el hambre y el desempleo se profundizan en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

En este escenario, a las miles de denuncias de represión en el marco de la cuarentena obligatoria, que suceden en barrios populares, contra lxs trabajadorxs, e incluso contra la prensa, se suma la persecución a las personas que se expresan en redes sociales. El Estado Nacional prohibió los despidos y suspensiones, por 60 días, pero llueven las denuncias de despidos y suspensiones por parte de lxs empresarixs. Los bancos no ofrecen los préstamos a tasa baja para que las Pymes paguen salarios, el IFE tiene muchas demoras, exclusiones y aún no se resuelven millones de casos que no han podido acceder, a 26 días de cuarentena. Reclamos cruzados entre los poderosos, el hambre crece día a día, y para el gobierno lxs peligrosxs son aquellxs que twitean un meme.

Ver: La vigilancia social digital en la post-cuarentena: Enigma o problemàtica ya instalada (LINK)