La emergencia habitacional y la falta de respuestas definitivas para miles de familias que viven en villas y asentamientos precarios vuelven a instalarse en la agenda legislativa bonaerense. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dictaminó por mayoría, un proyecto de Patria Grande que propone extender de uno a diez años la suspensión de los desalojos en esos barrios.
La iniciativa, presentada por la diputada Cintia Romero, integrante del espacio político que conduce Juan Grabois, modifica el artículo 70 de la Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat (14.449). La normativa vigente establece un mecanismo de suspensión por un año para los desalojos en los barrios incorporados al Registro Público de Villas y Asentamientos Precarios. El proyecto busca ampliar esa protección durante una década.
El dictamen consiguió el acompañamiento de Fuerza Patria y de la izquierda. La Libertad Avanza presentó un despacho de rechazo, mientras que el PRO y los representantes del radicalismo se abstuvieron. La comisión es presidida por el diputado de Fuerza Patria Rubén Eslaiman.
La propuesta establece que los diez años de suspensión comenzarán a contarse desde la entrada en vigencia de la eventual ley, independientemente de cuándo haya sido inscripto cada barrio en el registro provincial. También alcanzaría a los procesos judiciales y actuaciones administrativas que se encuentren en trámite al momento de su implementación.
En los fundamentos, Romero advierte sobre la falta de herramientas provinciales suficientes para proteger a las familias frente a los desalojos, en un escenario donde los procesos de integración socio urbana y regularización dominial todavía permanecen pendientes en numerosos barrios.
«Actualmente la provincia carece de un instrumento propio de protección contra los desalojos, a pesar de que los procesos de integración socio-urbana y regularización dominial continúan, en su mayoría, pendientes», sostiene la legisladora.
El proyecto vuelve a poner en discusión una cuestión que excede la protección judicial frente a un desalojo: el acceso a la tierra, la seguridad en la tenencia y la posibilidad de que miles de familias puedan construir un horizonte de estabilidad habitacional.
La iniciativa ya obtuvo dictamen en las comisiones de Tierras y de Legislación General. Para llegar al recinto de Diputados todavía necesita el despacho de Asuntos Constitucionales y Justicia.
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