Producción periodística: Mariano Pagnucco y Gioia Claro.
Como un novedoso caballo de Troya parado a las puertas de la Historia Argentina, el proyecto de la Ley Bases que se discute en el Congreso contiene en su interior el controvertido Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI). Son 65 artículos de meticulosa redacción mimetizados entre ítems referidos a reforma laboral, cambios previsionales, privatización de empresas públicas y otorgamiento de facultades especiales al Presidente de la Nación, entre otras reformas estructurales que abarcan más de 180 páginas.
Difícil calificar al RIGI con una sola palabra: vendepatria, extranjerizante, colonialista. Lo cierto es que ese bloque de artículos a los que el Gobierno Nacional le apuesta el futuro económico del país como un pleno en la ruleta representa un parteaguas en nuestra tradición democrática. El caballo de Troya está cargado de dinamita, para implosionar las bases sobre las que se pretende levantar el edificio de la Ley Bases y también para arrojar un manto de escombros donde antes había reglas más o menos soberanas en materia impositiva, aduanera y cambiaria para las inversiones. Con el RIGI, sálvese quien pueda (invertir sus millones) en la Argentina.
Podrán aplicar al régimen los proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares, a los que se les garantiza 30 años de seguridad jurídica y estabilidad impositiva, cambiaria y de comercio exterior. Para estos capitales habrá beneficios en Ganancias e IVA, libre disponibilidad de divisas para importar y exportar (también sus dividendos) y nulos controles a sus operaciones, al punto de que no están siquiera obligados a contratar mano de obra ni comprar insumos nacionales.
“Con el RIGI hay un proceso de desindustrialización muy fuerte, de privilegio a grandes inversores, y es la convocatoria que hizo el Presidente en EE.UU. a los inversores internacionales, garantizándoles seguridad jurídica”, analiza el economista Julio Gambina. Para él, este proceso es una profundización del modelo de desindustrialización que comenzó con Martínez de Hoz durante la sangrienta dictadura de los 70.
Por otra parte, la orientación del RIGI condiciona el tipo de actividad a desarrollarse en territorio nacional. Gambina: “¿Qué empresa argentina, ni siquiera una pyme, sino una gran empresa de origen argentino, está en condiciones de generar proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares? Es el sector que concentra la agroindustria de exportación, no sólo la soja, y todos los proyectos de infraestructura para el desarrollo de la economía, la producción, la comercialización, el sector de minería (litio, cobre), todos proyectos en danza en la actualidad. Ni hablar del gas y el petróleo, Vaca Muerta, el complejo energético argentino, lo que supone potenciación de desarrollos tecnológicos”.
Memoria del saqueo
Las asambleas socioambientales del territorio nacional también se vieron sacudidas por la magnitud (del daño) del RIGI y, como en otros asuntos legislativos que afectan la vida de las comunidades, se pusieron a estudiar. Pablo Lada, referente de la lucha chubutense en contra de la megaminería, dice: “No hay acceso a toda la sociedad a dimensionar lo oprobioso, lo dañino y lo peligroso que es este este régimen de incentivo para grandes inversores, que no es ni más ni menos que la entrega de los territorios a ese anarcocapitalismo que viene por todo. Efectivamente, Milei le está regalando a los grandes depredadores del planeta que se lleven todo, a cambio de nada”.
Guillermo Polo Martínez Agüero, militante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), suma: “Hay una política de avasallamiento de todos los bienes comunes, de entrega del territorio en forma de fracking, en forma del petróleo, en forma de la megaminería, haciendo volar grandes macizos montañosos”. Desde su experiencia en el territorio defendiendo el agua frente al avance (corporativo y también político) de los grandes emprendimientos de minería a cielo abierto, tiene claro que las promesas de trabajo y beneficios económicos para la provincia son “un mito”.
Para Polo se trata, más bien, de un enorme saqueo. “Es el saqueo de los monopolios y de estas grandes empresas, como la Barrick Gold, como la Pan American Silver en Chubut. Bueno, es un poco la piedra libre a todas estas grandes empresas para saquear”.
En la línea discursiva de la irreversibilidad del daño también se ubican el abogado ambientalista Enrique Viale y la socióloga Maristella Svampa, quienes señalan en un artículo de mutua autoría publicado en El Diario AR: “De aprobarse el RIGI, esta nueva normativa nos convertirá en una suerte de no-país, sin leyes que contemplen el interés nacional, un territorio completamente colonizado por las corporaciones, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como aquellas relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente, acá estamos ante una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales posibles para actuar en su propia defensa y la de sus ciudadanos”.
Entre los ítems que el caballo de Troya del RIGI viene a implosionar en el vocabulario jurídico argentino están los controles ambientales, ya que en ningún punto del articulado se menciona la necesidad de realizar Estudios de Impacto Ambiental en las operaciones destinatarias de las grandes inversiones, ni de que haya un balance ambiental posterior a la culminación de los proyectos.
Pablo Lada extiende su preocupación: “Es shockeante cuando uno lee, por ejemplo, esta nueva figura que se puede imponer a quienes adhieran al RIGI, que tiene el nombre de exportación estratégica de largo plazo, y que dice que no se le puede imponer ningún tipo de restricción regulatoria sobre el suministro, transporte y procesamiento de lo que llaman insumos para generar las exportaciones. Ahí están hablando de agua, de energía, de los bienes comunes. Esto traducido a la lectura que uno hace, que además ha consultado y ha leído a otros compañeros especializados en temas legales, es lisa y llanamente la apropiación del agua por 30 años”.
La ley que contiene la trampa
El texto de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, y en particular el articulado del RIGI, se discute en el ámbito parlamentario a través de las y los representantes del pueblo (tuvo media sanción en Diputados), pero su autoría parece obedecer más a los caprichos de los consorcios de abogados de las grandes corporaciones que a la voluntad de las mayorías.
El régimen de grandes inversiones impone una base jurídica que es, de hecho, inconstitucional: desconoce cualquier otra legislación (nacional, provincial, municipal) que pueda aplicárseles a las empresas que se adhieran al RIGI. Gambina aporta contexto: “Lo que más le importa al capital mundial es el tema de la seguridad jurídica. Esta ley, y este capítulo especialmente, está en consonancia con todo lo que viene militando la Organización Mundial de Comercio, los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio. Lo que fomentan y privilegian es la seguridad jurídica de los inversores internacionales, por eso estos 30 años de estabilidad”.
Actualidad
Riesgo RIGI para la Argentina
por Revista Cítrica
Fotos: Rodrigo Ruiz
03 de junio de 2024
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En el corazón de la Ley Bases que discute el Congreso de la Nación está el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI). Un paquete de artículos a la medida de los capitales extranjeros con beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros a cambio de… casi nada para el país. Miradas diversas sobre el camino sin retorno que propone Milei para los próximos 30 años.
Producción periodística: Mariano Pagnucco y Gioia Claro.
https://revistacitrica.com/ley-bases-rigi-argentina-en-venta.html
Como un novedoso caballo de Troya parado a las puertas de la Historia Argentina, el proyecto de la Ley Bases que se discute en el Congreso contiene en su interior el controvertido Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI). Son 65 artículos de meticulosa redacción mimetizados entre ítems referidos a reforma laboral, cambios previsionales, privatización de empresas públicas y otorgamiento de facultades especiales al Presidente de la Nación, entre otras reformas estructurales que abarcan más de 180 páginas.
Difícil calificar al RIGI con una sola palabra: vendepatria, extranjerizante, colonialista. Lo cierto es que ese bloque de artículos a los que el Gobierno Nacional le apuesta el futuro económico del país como un pleno en la ruleta representa un parteaguas en nuestra tradición democrática. El caballo de Troya está cargado de dinamita, para implosionar las bases sobre las que se pretende levantar el edificio de la Ley Bases y también para arrojar un manto de escombros donde antes había reglas más o menos soberanas en materia impositiva, aduanera y cambiaria para las inversiones. Con el RIGI, sálvese quien pueda (invertir sus millones) en la Argentina.
Podrán aplicar al régimen los proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares, a los que se les garantiza 30 años de seguridad jurídica y estabilidad impositiva, cambiaria y de comercio exterior. Para estos capitales habrá beneficios en Ganancias e IVA, libre disponibilidad de divisas para importar y exportar (también sus dividendos) y nulos controles a sus operaciones, al punto de que no están siquiera obligados a contratar mano de obra ni comprar insumos nacionales.
“Con el RIGI hay un proceso de desindustrialización muy fuerte, de privilegio a grandes inversores, y es la convocatoria que hizo el Presidente en EE.UU. a los inversores internacionales, garantizándoles seguridad jurídica”, analiza el economista Julio Gambina. Para él, este proceso es una profundización del modelo de desindustrialización que comenzó con Martínez de Hoz durante la sangrienta dictadura de los 70.
Por otra parte, la orientación del RIGI condiciona el tipo de actividad a desarrollarse en territorio nacional. Gambina: “¿Qué empresa argentina, ni siquiera una pyme, sino una gran empresa de origen argentino, está en condiciones de generar proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares? Es el sector que concentra la agroindustria de exportación, no sólo la soja, y todos los proyectos de infraestructura para el desarrollo de la economía, la producción, la comercialización, el sector de minería (litio, cobre), todos proyectos en danza en la actualidad. Ni hablar del gas y el petróleo, Vaca Muerta, el complejo energético argentino, lo que supone potenciación de desarrollos tecnológicos”.
Memoria del saqueo
Las asambleas socioambientales del territorio nacional también se vieron sacudidas por la magnitud (del daño) del RIGI y, como en otros asuntos legislativos que afectan la vida de las comunidades, se pusieron a estudiar. Pablo Lada, referente de la lucha chubutense en contra de la megaminería, dice: “No hay acceso a toda la sociedad a dimensionar lo oprobioso, lo dañino y lo peligroso que es este este régimen de incentivo para grandes inversores, que no es ni más ni menos que la entrega de los territorios a ese anarcocapitalismo que viene por todo. Efectivamente, Milei le está regalando a los grandes depredadores del planeta que se lleven todo, a cambio de nada”.
Guillermo Polo Martínez Agüero, militante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), suma: “Hay una política de avasallamiento de todos los bienes comunes, de entrega del territorio en forma de fracking, en forma del petróleo, en forma de la megaminería, haciendo volar grandes macizos montañosos”. Desde su experiencia en el territorio defendiendo el agua frente al avance (corporativo y también político) de los grandes emprendimientos de minería a cielo abierto, tiene claro que las promesas de trabajo y beneficios económicos para la provincia son “un mito”.
Para Polo se trata, más bien, de un enorme saqueo. “Es el saqueo de los monopolios y de estas grandes empresas, como la Barrick Gold, como la Pan American Silver en Chubut. Bueno, es un poco la piedra libre a todas estas grandes empresas para saquear”.
En la línea discursiva de la irreversibilidad del daño también se ubican el abogado ambientalista Enrique Viale y la socióloga Maristella Svampa, quienes señalan en un artículo de mutua autoría publicado en El Diario AR: “De aprobarse el RIGI, esta nueva normativa nos convertirá en una suerte de no-país, sin leyes que contemplen el interés nacional, un territorio completamente colonizado por las corporaciones, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como aquellas relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente, acá estamos ante una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales posibles para actuar en su propia defensa y la de sus ciudadanos”.
Entre los ítems que el caballo de Troya del RIGI viene a implosionar en el vocabulario jurídico argentino están los controles ambientales, ya que en ningún punto del articulado se menciona la necesidad de realizar Estudios de Impacto Ambiental en las operaciones destinatarias de las grandes inversiones, ni de que haya un balance ambiental posterior a la culminación de los proyectos.
Pablo Lada extiende su preocupación: “Es shockeante cuando uno lee, por ejemplo, esta nueva figura que se puede imponer a quienes adhieran al RIGI, que tiene el nombre de exportación estratégica de largo plazo, y que dice que no se le puede imponer ningún tipo de restricción regulatoria sobre el suministro, transporte y procesamiento de lo que llaman insumos para generar las exportaciones. Ahí están hablando de agua, de energía, de los bienes comunes. Esto traducido a la lectura que uno hace, que además ha consultado y ha leído a otros compañeros especializados en temas legales, es lisa y llanamente la apropiación del agua por 30 años”.
La ley que contiene la trampa
El texto de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, y en particular el articulado del RIGI, se discute en el ámbito parlamentario a través de las y los representantes del pueblo (tuvo media sanción en Diputados), pero su autoría parece obedecer más a los caprichos de los consorcios de abogados de las grandes corporaciones que a la voluntad de las mayorías.
El régimen de grandes inversiones impone una base jurídica que es, de hecho, inconstitucional: desconoce cualquier otra legislación (nacional, provincial, municipal) que pueda aplicárseles a las empresas que se adhieran al RIGI. Gambina aporta contexto: “Lo que más le importa al capital mundial es el tema de la seguridad jurídica. Esta ley, y este capítulo especialmente, está en consonancia con todo lo que viene militando la Organización Mundial de Comercio, los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio. Lo que fomentan y privilegian es la seguridad jurídica de los inversores internacionales, por eso estos 30 años de estabilidad”.
Entre las alarmas que se encendieron por la “competencia desleal” que habilitaría el RIGI, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) sacó un comunicado en representación de su sector, que abarca a más 20.000 empresas de distintos tamaños y genera 300 mil puestos de trabajo directos y otro millón más de puestos laborales indirectos. Los industriales advierten en su texto sobre “la posibilidad para los beneficiarios de importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años, generando una competencia desleal con la industria nacional preexistente”.
¿Cuál es el fin último de promover inversiones si no se contempla la dimensión del trabajo argentino en un contexto de creciente desocupación y precarización laboral? Viale y Svampa sostienen que se busca profundizar “hasta el paroxismo el modelo primario exportador colonial, no solo de la mano del extractivismo depredatorio que ya conocemos, sino también del nuevo extractivismo verde que asoma detrás de una transición energética corporativa y neocolonial”.
Y advierten: “En materia ambiental significaría una ilegal delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas inaceptable sin siquiera contemplar o incorporar una mirada social ni ambiental”.
Un canto urgente para el país
Con la misma rigurosidad con que analiza la actualidad económica, política y social de la Argentina, Julio Gambina leyó el nuevo libro del presidente Javier Milei, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Su conclusión, ligada también a lo que representa el RIGI: “Argentina, con esta avanzada vanguardista y acelerada de Milei, pretende constituirse en modelo. Así como el pinochetismo fue la punta de lanza de lo que conocimos como neoliberalismo por 50 años, tranquilamente Milei y esta corriente mileinomic puede constituirse en un ensayo que marque el rumbo a la política del capitalismo en escala mundial”.
Sobre América latina como laboratorio económico mundial: “Si Chile, siendo un país relativamente de menor peso económico que la Argentina, pudo constituirse en ensayo de algo que luego asumió Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos e incluso tuvo impacto con la caída de la Unión Soviética y se propagó por todo el mundo como política neoliberal, ¿por qué no desde la Argentina esta concepción de derecha no nacionalista, universal, a favor de la inversión y con consenso sobre la base de la política neoliberal?”.
Desde Mendoza, Polo da una receta asamblearia: “Yo creo que en este momento es muy importante la concientización de la gente, porque es justamente el lado flaco que ellos han explotado, donde hay una crisis de valores muy grande en la sociedad, con la gran invasión del individualismo, del consumismo, del virtualismo”.
¿La salida es electoralista? “Hay que romper con la partidocracia que nos ha llevado a decidir todo por vía del voto nada más, creo que tenemos el gran enemigo de las grandes empresas y la cultura del capitalismo, que es tremenda, porque la cultura, como sistema de valores, es el principal combate que nos debemos ahora para poder salir adelante. Ellos han trabajado mucho con la fragmentación, la segmentación del campo popular, es decir, que cada uno trabaje por lo que crea que son sus intereses y no se meta con el otro”.
Los cimbronazos de tanta motosierra aplicada al Estado y a la vida de la gran mayoría de la población argentina todavía no han terminado. El RIGI, corazón de dinamita en el caballo de Troya de la Ley Bases, promete más sacudones. Desde la militancia socioambiental, el juglar de los humedales Pal-Mito le dedicó su “RIGI reggae” como conjuro protector de futuros males. Acá sus estrofas para amplificar el efecto:
Si sos millonario venite a invertir,
te damos 30 años que te puedas divertir.
Podrás importar, podrás exportar,
tenés libre divisa, nadie te va a molestar.
¡Nadie te va a molestar!
Invierte en las provincias, las puedes estrujar,
total los caudillitos no podrán ni patalear.
Traé tus herramientas, no compres nada acá,
llevate lo que quieras para vos la libertad.
¡Para vos la libertad!
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