El juez federal Martín Cormick volvió a intimar al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y recomponer las becas estudiantiles. El magistrado le dio cinco días al Ejecutivo y advirtió que, de persistir el incumplimiento, podrá aplicar sanciones económicas.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 mantuvo su decisión del 22 de septiembre y rechazó los argumentos presentados por el Gobierno, que había cuestionado la intimación anterior y sostenido que ya había cumplido con lo dispuesto.
Para Cormick, la documentación presentada por el Ejecutivo solo acredita un “cumplimiento parcial”. Si bien el Gobierno informó convocatorias a paritarias y órdenes de pago, el juez sostuvo que no demostró que los aumentos salariales hayan seguido el mecanismo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.
Inflación del 312,19%, salarios del 226,8%
Uno de los puntos centrales del planteo judicial es la evolución de los salarios frente a la inflación.
Según el magistrado, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%. El Gobierno, en cambio, informó un incremento salarial acumulado del 226,8%, además de la reapertura de las paritarias y una propuesta adicional del 3%.
Para Cormick, esos datos no alcanzan para acreditar el cumplimiento de la ley, que establece un mecanismo específico de actualización salarial.
Las becas, otro punto pendiente
El juez tampoco consideró acreditada la recomposición de las becas estudiantiles.
El Gobierno informó medidas vinculadas con la Beca Manuel Belgrano, pero Cormick señaló que la Ley 27.795 contempla también otros programas, entre ellos Progresar y Enfermería.
Por ese motivo, la intimación alcanza también a este componente de la norma: el Ejecutivo deberá acreditar el cumplimiento de la recomposición prevista para las becas.
Una cautelar que el Gobierno debe cumplir
La causa colectiva fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores contra el Poder Ejecutivo, en relación con el Decreto 759/25, mediante el cual se promulgó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Ahora, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 volvió a darle cinco días al Estado Nacional para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar.
El reloj judicial vuelve a correr para el Gobierno de Javier Milei: cinco días más.
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