El Gobierno de Javier Milei dio el primer paso formal para la privatización del sistema ferroviario, con el inicio del proceso de concesión de Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL).
La decisión oficializada en el Boletín Oficial del decreto 67/2025, que lleva la firma de Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, y que establece “el procedimiento para la privatización total” de la empresa que tiene a su cargo la explotación de los servicios cargueros de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Si bien la privatización de la empresa había quedado autorizada por la “ley Bases” y había sido anunciada hace meses por el Gobierno, la elaboración del decreto venía trabajándose con relativo hermetismo.
De acuerdo con el texto publicado este lunes, la privatización de la empresa se realizará mediante la “desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio”. Esto último implica la privatización por lotes, separando las vías, el material rodante y los talleres, entre otras.
El punto central del decreto es “la concesión de las vías [de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza] y sus inmuebles aledaños” mediante licitaciones nacionales e internacionales, con las que se determinarán los operadores privados. También serán concesionados los talleres, aunque de manera separada a las vías, lo que implicaría que puedan quedar en manos de un operador diferente al del servicio carguero.
En este esquema, el Estado retendría la propiedad de las vías y todos los inmuebles asociados a la operación, al menos de aquellos cuya subasta no esté prevista: en la larga lista de inmuebles a rematar dada a conocer a fines del año pasado se encuentran varios talleres operativos, tal como explicó este medio.
Uno de los puntos más llamativos del decreto, sin embargo, es que se prevé “la venta del material rodante propiedad del Estado nacional mediante remate público“. De acuerdo con el texto, lo recaudado por la venta de locomotoras y coches será destinado al “financiamiento y pago de obras sobre las vías a ser concesionadas”.
Se trata de un esquema que va más allá de las concesiones de los años 90, donde el Estado retenía la propiedad del material rodante. En este sentido, no se trataría ya de una mera cesión del negocio carguero al sector privado, sino de una voluntad de amputar definitivamente las capacidades del Estado de recuperar la administración de las cargas ferroviarias. Esta es una posibilidad a contemplar, ya que el Estado se quedaría sin herramientas para dar continuidad a la operación ante la eventual defección de una concesionaria o el incumplimiento de los contratos, situaciones que se dieron en el anterior proceso privatizador.
Sin perjuicio de esto, la norma deja abierta la posibilidad de que parte del material rodante no sea vendido sino “incluido en los contratos de concesión de vías”, en un esquema más parecido a las concesiones menemistas. Según pudo reconstruir En el subte, esta medida se debe a la imposibilidad de vender algunos vagones y locomotoras adquiridos a China que todavía no terminaron de pagarse.
Una vez avanzados los procesos anteriores, se procederá a la liquidación de la firma.
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