La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que lo obliga a cumplir con parte de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso. Aunque la decisión no tendrá un impacto fiscal adicional debido al acuerdo alcanzado recientemente entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades nacionales, representa un importante respaldo judicial a la norma y al rol del Poder Legislativo.
El máximo tribunal consideró que el planteo del Estado era inadmisible por no tratarse de una sentencia definitiva. De esta manera, quedó vigente la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había ordenado la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley mientras se resuelve el fondo de la causa.
Esos artículos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición presupuestaria de los programas destinados a los estudiantes.
La disputa judicial se originó luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras meses de reclamos por el deterioro presupuestario de las casas de altos estudios. Posteriormente, el Parlamento insistió con la sanción de la norma y el Poder Ejecutivo condicionó su implementación a la definición de las fuentes de financiamiento.
Tras un fallo favorable de la Cámara Federal, el Gobierno llevó el caso ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la cautelar. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el recurso y dejó firme la orden judicial que obliga al Ejecutivo a cumplir con las disposiciones contempladas en esos artículos.
Si bien la reciente negociación entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades ya contemplaba la actualización de salarios y partidas, la resolución de la Corte constituye un respaldo institucional a la vigencia de la ley y fortalece la posición de las universidades nacionales en el conflicto por el financiamiento del sistema público de educación superior.




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