LA IMPUNIDAD YA CUMPLIÓ TRES MESES –
Una marcha más porque el silencio cubre o encubre a responsables directos y cómplices necesarios. El 16 de noviembre del año pasado, Zulema Soto, vecina de Francisco Álvarez, vivió un calvario en su propio domicilio. Cuatro sujetos uniformados con el traje de Policía Local, irrumpieron en su casa. Abusaron sexualmente de ella, la torturaron hasta dejarla inconsciente. Dos días antes de esa situación inenarrable, uno de los hijos de Zulema fue víctima de una salidera bancaria. Se presentó en la Comisaría Moreno 1ª y brindó detalles del hecho pero explicando, además, que había percibido una indemnización laboral. Parte de ese dinero estaba en la casa de su madre. Ese dato sólo quedaba en manos de la policía. Hubo marchas, protestas, reclamos y un testimonio revelador de Zulema cuando mira el álbum fotográfico de los agentes que prestan servicios e identifica a dos de sus cuatro atacantes. Vale recordar un comunicado de la familia: “Daniel Riquelme y Leonardo Torazzi, supuestos “servidores públicos” que horas más tarde perderían el anonimato y el velo de inmunidad estatal ante la firmeza de una mujer, sobreviviente del sistema patriarcal e institucional, que con todo lo acontecido hasta el momento (ninguneo institucional, revictimización, amenazas en la vía pública y por medio de las redes sociales) decide no callarse”.
La mujer que pugna por superar en algo el infierno a la que fue sometida, derriba con su palabra y la identificación la hipótesis de “ladrones comunes vestidos de policías”. Sin embargo esa prueba no resulta suficiente para la fiscal Luisa Pontecorvo.
No alcanzaría un espacio periodístico amplio para registrar los nombres y apellidos de personas comunes que quedaron privadas de su libertad ante situaciones semejantes o con menor carga de prueba testimonial o material. Pero a tres meses del ultraje a la que fue sometida Zulema Soto, los policías identificados por ella “siguen en funciones, prestando servicio”. A 90 días del abuso sexual y tortura, ningún funcionario público emitió desde su cargo un mensaje condenatorio o un compromiso real con la víctima que sigue sufriendo el ataque de los que hacen del silencio el modo de vivir la política.
Ayer hubo una marcha más. Por su salud física y psicológica, Zulema no pudo participar del pedido de justicia y contra la impunidad. Agustín Gómez, militante de base y amigo de Rulo (hijo de Zulema) manifestó a Desalambrar: “Un mes más de lucha, un mes más de sufrimiento para Zulema. Ella no se calla, nosotros tampoco. Marchamos a la Comisaría Moreno 1ª porque son ellos los que cometieron este abuso. Vamos a poner en evidencia la brutalidad policial”.
En ese periplo está el Concejo Deliberante a quien se le pedirá (la próxima semana) que cree una comisión de seguimiento del caso. Es Agustín quien lo explica: “Muchos concejales se solidarizaron, pero política y públicamente ninguno se manifestó. En la marcha anterior, el intendente (Festa) atendió a Zulema y se comprometió a interceder ante la fiscal con el objetivo que avance la causa. Sabemos que hubo una reunión donde la fiscal Pontecorvo escuchó el pedido. También el intendente se mostró dispuesto a que sus concejales acompañen el proyecto de crear una comisión de seguimiento en una sesión extraordinaria”.
La fiscal Pontecorvo entiende que la palabra de Zulema, identificando en fotos a dos de los policías que la atacaron en su vivienda, no es prueba suficiente para disponer la detención
Ella argumenta que no tiene pruebas porque no tiene los resultados de ADN. Este procedimiento se haría la semana que viene y lo que nosotros queremos es que haya todas las garantías, que nuestros abogados participen de ese proceso. Los policías están en libertad, aparecen como imputados, sin olvidar que Zulema identifica a dos de ellos por las fotos que le acercó la misma policía. Nosotros queremos que haya una rueda de reconocimiento, que Zulema pueda mirarlos a la cara. Hasta aquí la fiscal Pontecorvo actúa en sintonía con lo que hace la justicia a nivel nacional y provincial.
Estos policías, ¿están suspendidos?
No, creo que siguen en funciones pero fueron trasladados a otros lugares. Uno prestaba servicios en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el otro cubría el recorrido de recaudación de la Municipalidad de Moreno.
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