A 20 años del asesinato de Lucas Ibarrola que conmocionó al país

Hace 20 años apareció, en un descampado de la localidad de Luján, el cadáver carbonizado, con tres balazos en la cabeza, de un joven de 15 años del barrio La Perlita: Lucas Ibarrola. Fue fusilado e inmediatamente incendiado por sus tres asesinos: dos suboficiales de la Armada y un civil. El hecho conmocionó a todo el país porque el crimen, cometido en democracia, mostró las peores prácticas del terrorismo de Estado, incluso la utilización de un Falcon verde en el asesinato del joven.

El 27 de junio de 2006 marcó una huella profunda y dejó cicatrices en La Perlita. Ese barrio, que surgió a partir del primer loteo, el 26 de octubre de 1952, construyó su historia gracias al esfuerzo de muchas familias de la clase obrera, que levantaron no solo sus viviendas, sino también sus sueños, convertidos en semilla de la identidad morenense. La comunidad lleva el nombre de La Perlita porque Rodríguez Luque, dueño de una fábrica de soda y distribuidora de bebidas ubicada en el cruce de la actual avenida Libertador e Independencia, bautizó así al barrio en referencia al diminutivo con el que llamaban a su hija, Perla Rodríguez Luque («Perlita»). Décadas después, el barrio volvió a ocupar el centro de la escena nacional por el crimen de Lucas Ibarrola, de 15 años.

Ese día, los medios masivos de comunicación no solo hablaban de los dos partidos del Mundial de Alemania 2006 que se disputaban esa fecha, sino también de la aparición, en un baldío de Luján, del cuerpo de Lucas, carbonizado, con tres balazos en la cabeza y signos de una brutal tortura. La primera información que trascendió indicaba que, según lxs investigadorxs, al joven le habían arrancado la nariz, las orejas y la lengua, además de haberlo golpeado con extrema saña.

Los asesinos fueron detenidos de inmediato. Carlos Romero, dueño del Falcon verde y cabo principal de la Armada; Jorge Romero, suboficial de la Armada; y Ramón Romero, empleado de una empresa de seguridad privada, acusaban a Lucas de haber robado un televisor, motivo que derivó en el asesinato. En los allanamientos realizados por la Justicia en la vivienda de los Romero se secuestraron proyectiles calibre 9 milímetros, bidones con querosén, un toallón blanco quemado con el logo de la Armada, nafta y una soga de nylon.

En la primera autopsia se determinó que las mutilaciones que presentaba el cuerpo habían sido causadas por «animales depredadores» y no por los asesinos. Esa información no alivió el dolor de una comunidad profundamente conmocionada por la brutalidad del crimen y, especialmente, por la regresión que implicaban muchas de sus circunstancias: «Suboficiales de las Fuerzas Armadas masacraron a golpes al joven, lo fusilaron y calcinaron su cadáver».

Los Romero declararon ante la fiscal María Gabriela Urrutia, de la Unidad Fiscal N.º 9 de Moreno. Allí, uno de ellos, Jorge Romero, cabo primero de la Armada, confesó el crimen y exculpó a sus hermanos. Sin embargo, estaba claro que el asesinato no había sido cometido por una sola persona.

En la mañana del día siguiente, lxs vecinxs, indignadxs por la forma en que fue asesinado Lucas, luego de ser acusado de robar un televisor, incendiaron la casa de la familia Romero, ubicada en la calle 12 de Octubre al 5700.

Recuerdo que me acerqué al lugar para realizar entrevistas para el programa de radio Recorte Informativo y el diario ParaUd!. Allí pude ver la bronca y la indignación de mis propixs vecinxs. Pero fue recién al hablar por teléfono con mi mamá, Alicia, que comprendí quiénes eran la madre y el padre de Lucas, y todo cambió para mí.

Graciela Gauto, mamá de Lucas, asistía a mediados de la década del 80, al igual que mi familia, al comedor comunitario de la Parroquia San José Obrero. Allí corté leña, pelé verduras y amasé pan casero junto a ellxs para poder parar la olla en aquellos años de extrema pobreza. Entendí entonces el dolor de esa madre que había denunciado la desaparición de su hijx en la Comisaría Primera de Moreno y que luego viajó a Luján junto con la jueza de Menores, Mirta Guarino, para reconocer el cadáver.

Al verla destrozada por un dolor inmenso, esa mujer, mi vecina, que siempre luchó con dignidad para darle lo mejor a su familia, supe que no era momento de hacer entrevistas, sino de darle un abrazo honesto, en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ese día estaba prevista una concentración en el barrio, pero fue suspendida debido a una reunión en la Casa Rosada entre familiares de Lucas, el abogado Néstor Mangieri, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el presidente Néstor Kirchner.

El mandatario se comprometió a aportar desde el Estado todo lo necesario para acompañar a la familia, aunque bajo la premisa de los «bolsones de autoritarismo, resabio de la dictadura», esa explicación de «la herencia trágica del pasado que la democracia no ha sabido resolver», con la que en aquellos años se intentó instalar la idea de que el gatillo fácil, la tortura y la sensación de impunidad de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no tenían relación con el presente de 2006 ni con el Estado democrático.

Luego se trasladaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde fueron recibidos por Eduardo Luis Duhalde, titular del organismo, quien puso a disposición de la familia y de su abogado toda la estructura de esa dependencia. Tras la reunión se realizó una conferencia de prensa.

Frente a los medios, el abogado Néstor Mangieri explicó cómo se había desarrollado la investigación en sus primeras horas: «En la casa de uno de los imputados se secuestró un revólver calibre 32 y tres vainas servidas, que coincidirían con los proyectiles hallados en el cuerpo de Lucas. También apareció un bidón con restos de combustible; la jueza de Menores, Mirta Guarino, dispuso el hisopado del cuerpo de uno de los imputados, en el que se detectaron rastros de combustible. También había sangre en el Falcon».

En esa conferencia, lxs periodistas formularon preguntas atravesadas por la lógica punitivista de la mano dura y la baja de la edad de punibilidad.

Al llegar esa noche a mi casa comprendí que el caso de Lucas no era una cobertura periodística más para mí. Me atravesaba directamente por pertenecer a la clase obrera. Era evidente que lo sucedido en La Perlita también era una cuestión de clase.

Durante mucho tiempo seguí las novedades del expediente. Mangieri integraba la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, con la que compartíamos espacio durante la primera etapa de recuperación de FM Moreno 90.1. En esos días hablamos mucho y realizamos varias entrevistas sobre el caso. Finalmente, la causa fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral de Mercedes y el veredicto fue por «reclusión por homicidio criminis causae», tipificado en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal de la Nación Argentina, que castiga a quien mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o asegurar su impunidad. Se trata de una de las figuras penales más graves del país.

Al volver a leer sobre el caso, encontré una vieja entrevista publicada por Página/12 en 2006, realizada por el periodista Carlos Rodríguez a la jueza Mirta Guarino. En ella, al referirse al asesinato de Lucas y al debate sobre el punitivismo y la baja de la edad de punibilidad, sostuvo: «El crimen es espantoso, pero lo más peligroso es el discurso que se pretende instalar, porque en nuestro país hay terreno fértil para que eso ocurra. Me dicen que algunxs vecinxs sostienen que la víctima ‘en algo andaba’ y que por ese motivo esta gente tomó ‘esta medida’ porque se había cansado. Hay que pensar que aquí hay una víctima y hay victimarios. Nada puede justificar lo que hicieron».

Además, afirmó que los responsables actuaron «como un grupo de tareas» de la última dictadura militar, aunque aclaró que el asesinato de Lucas «ocurrió ahora, en el presente, no en el pasado reciente; no basta con bajar cuadros o condenar los crímenes del pasado. Hay que tomar medidas no solo judiciales, sino también sociales para defender el Estado de derecho en el que queremos vivir».

Esas declaraciones cobran hoy una enorme vigencia, en un contexto en el que el Congreso de la Nación aprobó una ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, permitiendo procesar a adolescentes desde esa edad, con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para los casos más graves.

Lo sucedido en La Perlita en 2006 nos invita a seguir reflexionando sobre si el castigo, desde una lógica punitivista, constituye realmente la respuesta a un problema social que persiste en el tiempo. Lo que está claro es que, como sociedad, debemos ocuparnos de las niñeces y no limitarnos a reclamar mayores castigos. Todos los días hay menores abusadxs, maltratadxs y asesinadxs. Hay que debatir y ejecutar políticas que protejan la vida, no que se limiten a encerrar y castigar. Para ello hacen falta políticas públicas de infancia, hoy prácticamente ausentes.

Lucas Ibarrola carecía de antecedentes. Tenía apenas 15 años cuando fue asesinado. Su crimen quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo de Moreno. Hablar de él y problematizar debates que aún no han sido saldados socialmente es una forma no solo de recordarlo, sino también de ejercer una memoria activa que nos ayude a pensar el presente y a construir mejores condiciones para enfrentar estos tiempos de capitalismo salvaje.