Desde la asunción de Mariel Fernández, en diciembre de 2019, el Municipio de Moreno instaló como política de gobierno la declaración de “Moreno Libre de Tomas”, una definición que marcó la posición de la administración municipal frente a las ocupaciones de tierras.
Siete años después, el debate sobre el acceso al suelo y la situación de las familias que viven en villas y asentamientos vuelve a instalarse en la Legislatura bonaerense, pero desde una perspectiva diferente. La diputada provincial de Fuerza Patria, Cintia Romero, presentó un proyecto para suspender durante diez años los desalojos en villas y asentamientos populares. La propuesta contrasta con la representación que ostenta la diputada Noelia Saavedra, cuadro del Movimiento Evita de Moreno, porque en el distrito se ejecutan desalojos en articulación con una fiscalía especializada.
La iniciativa busca restablecer la protección prevista en el artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en 2012. Ese artículo establecía un mecanismo de suspensión de los desalojos en barrios populares registrados, mientras el Estado avanzaba en soluciones habitacionales e integración urbana.
La normativa incorporó posteriormente el artículo 70 bis, que exceptúa los casos en los que exista un peligro real e inminente para la integridad física de las personas por razones sociosanitarias o riesgo de derrumbe. En esas situaciones, el Estado debe garantizar la relocalización y una solución habitacional definitiva.
Según Romero, la última prórroga de la suspensión venció a fines de 2019 y, desde entonces, la Provincia carece de un instrumento propio de protección frente a los desalojos, mientras numerosos procesos de integración sociourbana permanecen pendientes o inconclusos.
La diputada sostiene que la protección de las familias quedó desde entonces vinculada principalmente al régimen nacional, a través de la Ley 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y su posterior prórroga mediante la Ley 27.694.
Sin embargo, considera que ese esquema resulta insuficiente porque alcanza únicamente a los barrios incorporados al RENABAP, cuyo universo no coincide exactamente con el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios.
Por eso, el proyecto plantea que la Legislatura bonaerense establezca nuevamente una herramienta propia y con un horizonte de diez años.
Romero fundamentó ese plazo en la necesidad de evitar nuevos períodos de vacío legal y sostuvo que los plazos breves generan una protección dependiente de las decisiones que tome cada Legislatura. A su entender, una década permitiría otorgar mayor seguridad jurídica a las familias, previsibilidad a los jueces y un horizonte suficiente para desarrollar políticas de integración sociourbana.
FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES
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