Un sector del sindicalismo docente bonaerense volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y cuestionó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires por las restricciones que, aseguran, existen para acceder y extender las licencias destinadas a trabajadoras que atraviesan situaciones de violencia machista.
La secretaria de Género y Diversidades de SUTEBA Multicolor La Matanza, Natalia Hernández, advirtió que el gremio profundizará los reclamos ante las autoridades educativas para modificar el régimen vigente, al considerar que la reglamentación aplicada desde 2020 limita el alcance de la Ley 14.893 y fija un tope de 35 días para las licencias, sin contemplar la complejidad de cada caso.
«Tenemos que garantizar el resguardo y la atención integral de cada compañera que atraviesa una situación de violencia, y eso empieza por asegurarle la licencia que necesita ante un caso tan grave. Ni Una Menos no puede ser un eslogan de campaña», sostuvo Hernández.
Según explicó la dirigente sindical, antes de la reglamentación actual las licencias podían extenderse de acuerdo con la evaluación realizada por la Justicia y los equipos interdisciplinarios que intervenían en cada situación. En cambio, ahora las prórrogas dependen de la aprobación de la Subsecretaría de Educación, organismo al que responsabilizan por la falta de respuestas.
Desde SUTEBA Multicolor señalaron que existen más de mil casos activos en la provincia y que muchas docentes necesitan ampliar los plazos de licencia para reorganizar aspectos fundamentales de sus vidas, como la vivienda, la situación familiar y el acompañamiento terapéutico.
«La Subsecretaría de Educación es la responsable de este tema. Nuestro reclamo apunta también a la derogación del decreto reglamentario porque contradice el espíritu de la ley», afirmó Hernández.
El sector remarcó además que la problemática afecta especialmente a las mujeres, quienes representan alrededor del 85% de la docencia bonaerense y, al mismo tiempo, soportan con mayor intensidad las consecuencias de la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo.
A través de un comunicado, la corriente sindical sostuvo que las víctimas de violencia de género deben afrontar múltiples procesos judiciales, familiares y personales que requieren un abordaje integral, por lo que consideran insuficiente establecer un plazo uniforme para todas las situaciones.
En paralelo, el diputado provincial del PTS-Frente de Izquierda, Christian Castillo, presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura bonaerense exprese su preocupación por las limitaciones existentes en la reglamentación y aplicación de las licencias por violencia de género dentro de la Dirección General de Cultura y Educación.
Hernández también vinculó este reclamo con el caso de las trabajadoras despedidas del Astillero Río Santiago que denunciaron situaciones de violencia de género y cuestionó el rol del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense.
«Tienen responsabilidad tanto en la limitación de las licencias de las docentes como en el despido de las trabajadoras del Astillero Río Santiago, porque muchas de esas compañeras fueron desvinculadas en medio de situaciones de violencia de género», concluyó la dirigente sindical.
FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES
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