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A DOS AÑOS DE LAS MUERTES LABORALES DE SANDRA Y RUBÉN –

EN CONTEXTO

La fotografía tiene un piso de dirigentes /as, funcionarios/as que observan un mural en la Escuela N° 49, depositan ofrendas florales y asumen compromiso desde los lugares que hoy desempeñan. Mariel Fernández se definió como la Intendenta del Acampe porque puso su cuerpo en aquella carpa de resistencia instalada en la puerta del Consejo Escolar Intervenido. Walter Correa es el diputado nacional que llevó a cada rincón del recinto y al campo sindical no solo el pedido de justicia sino la exigencia de escuelas dignas y seguras. Sonia Beltrán, figura de los directivos autoconvocados (delegada de SUTEBA), preside hoy el Consejo Escolar normalizado. María González, de enorme militancia social en la CCC integra el cuerpo colegiado desde diciembre de 2019 y hasta podríamos sumar otras figuras de la «rebelión docente» que pugnaron por cargos electivos en la elección del año pasado. Ese esfuerzo, permanencia, lucha, disputa y resistencia, tuvo enormes resultados institucionales porque existió una convicción de capitalizar la entrega, conducirla y disputar el poder. Así como resultó clave en agosto de 2019, un año más tarde en barrio Aberasturi, en la puerta de la Escuela N° 49, mañana gris de domingo, Mariel Fernández como Intendenta de Moreno, conduce el acto donde está el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, la Directora General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires Agustina Vila, el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner, también el líder de SUTEBA Roberto Baradel, por ATE provincia el «Colo» De Isasi. Las palabras de Hernán Pustilnik, compañero de Sandra y Rubén, contienen a todo ese bloque que exige y reclama JUSTICIA. Las muertes laborales de Sandra y Rubén no fueron un accidente. Es correcto, justo y necesario, no olvidar que los parches, los ajustes y la desidia MATAN.

En diciembre de 2019 la Dra. Julián, Jueza de Garantías, luego del trabajo de investigación de la Fiscal Gabriela Urrutia, eleva la causa a juicio oral contra tres funcionarios y el gasista:

I – NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE SOBRESEIMIENTO de CRISTIAN JAVIER RICOBENE (gasista), impetrado por su defensa técnica, siendo criterio del Tribunal, proseguir con la elevación a juicio de estos actuados por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo agravado y defraudación a la administración pública en función de los Arts. 45, 55, 84 párrafo segundo y 174 inc. 5° del C.P. (Arts. 323 “a contrario sensu” y 337 del CPPBA).

II- NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE SOBRESEIMIENTO de SEBASTIÁN MATÍAS NASIF (Avocador Consejo Escolar), siendo criterio del Tribunal, proseguir con la elevación a juicio de estos actuados por la presunta comisión del delito de incumplimiento de funcionario público en función del Art. 248 del Código Penal (Arts. 323 “a contrario sensu” y 337 del CPPBA).

III.- NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE SOBRESEIMIENTO de MÓNICA CLAUDIA ALICIA BERZONI (Presidenta Consejo Escolar), siendo criterio del Tribunal, proseguir con la elevación a juicio de estos actuados por la presunta comisión del delito de incumplimiento de funcionario público en función del Art. 248 del Código Penal (Arts. 323 “a contrario sensu” y 337 del CPPBA).

IV.– NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE SOBRESEIMIENTO de JORGE OSCAR GALIAN (a cargo de Infraestructura del Consejo Escolar), siendo criterio del Tribunal, proseguir con la elevación a juicio de estos actuados por la presunta comisión del delito de incumplimiento de funcionario público en función del Art. 248 del Código Penal (Arts. 323 “a contrario sensu” y 337 del CPPBA).

Se destaca el planteo de EXTRAER testimonios que no fueron investigados o plenamente desarrollados en la instrucción que determinen o no si al Avocador Sebastián Nasif también le corresponde el delito de homicidio culposo agravado sin descartar a otros funcionarios municipales o provinciales que puedan haber tenido responsabilidad penal por el hecho.

Como la pandemia provoca una parálisis, la instancia oral prevista para este 2020 puede tener una postergación.

DOCE PUNTOS

En ese caminar por las calles y barrios de Moreno, con las comunidades movilizadas en defensa de la vida, por escuelas públicas, dignas y seguras, toma lugar en la agenda territorial una norma vigente desde el año 2011 que fue pensada para proteger la integridad física de las /os trabajadoras /es de la educación. Por supuesto que no se cumplió, pero el instrumento reviste un gran valor ya que madres y padres se empoderan, no desde la consigna, sino para decir y gritar: la vida de nuestros hijos /as no se negocia. Si alguna autoridad (algo que descarto) piensa que esa exigencia es funcional al campo opuesto de lo llamado popular, difícilmente se haya aprendido algo del camino trazado, y a transitar, por las muertes de Sandra y Rubén:

1- Entender, aceptar y no anular la diversidad en la lucha por escuelas dignas, seguras y habitables.

2- La jerarquía y el verticalismo institucional cierran la participación de las comunidades

3- La centralización expulsa a las comunidades quienes tienen por derecho un rol indelegable en defensa de la vida y la integridad física de niños /as, jóvenes y adolescentes

4- Cada escuela o barrio puede y debe conformarse en un Comité de Crisis que actué con las autoridades educativas e institucionales, quienes deben entregar toda la información respecto a obras ejecutadas y a realizar.

5- El acceso a ver y recorrer la institución educativa no debe ni puede estar restringido o supeditado a una autorización distrital o regional

6- Los trabajadores /as docentes, directivos /as no deben ni pueden ser amenazados con sumarios por informar públicamente a las comunidades lo que sucede con todo aspecto o tema relacionado con la educación pública

7- Ante la mínima pérdida de gas debe activarse el PROTOCOLO, suspender la actividad y evacuar el establecimiento (NdR: el 2 de marzo de 2020 en la Escuela N° 49 se produjo una pérdida de gas y las clases se suspendieron pero media jornada, luego de cerrarse la llave central de alimentación)

8- No alcanza para que la educación sea digna, segura y habitable, que solo se cumplan tres puntos básicos (gas, electricidad y mampostería).

9- Debe existir un relevamiento constante sobre las condiciones de los edificios, llamando y permitiendo la participación activa de madres y padres.

10- Los edificios deben contar con salidas de emergencia o puerta principal anti pánico. En el marco de la pandemia y lo que ella deje, es inaceptable el «hacinamiento escolar» lo que impone un plan urgente de infraestructura mientras las clases sigan suspendidas.

11- La comida que reciben los alumnos /as, hoy los bolsones de alimentos, deben tener los nutrientes y la calidad que por derecho necesitan los más vulnerables, no deben ni pueden ser distribuidos en mal estado.

12 – Por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, por el doloroso camino que quedó abierto desde el 2 de agosto de 2018, los PARCHES ya no PUEDEN SER ni políticas ni conquistas del ESTADO.

Tal vez, como lo dijo el docente, militante y cuadro político Enrique Elías, sea el tiempo para abrir las escuelas para que las ollas preparen el plato esencial y la fuerza de trabajo arregle toda la infraestructura porque la crisis no pasó.