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La basura crece un 10,2% con casi las mismas cuadras recorridas y la recolección ya consume $33.782 millones.


La basura también ¿rinde cuentas? Las planillas oficiales del área de la Secretaría de Economía permiten observar cómo la recolección de residuos se convirtió en una columna esencial del modelo de gestión que encarna Mariel Fernández. En un distrito donde alrededor del 60% de las calles son de tierra, sostener que el servicio se presta seis días a la semana, llueva, truene o caigan piedras, parece ser una de las certezas que ordenan los números municipales.


Pero cuando se desciende de las declaraciones generales a las cifras concretas, aparecen datos que merecen algo más que una lectura administrativa. En plena crisis social, con las familias restringiendo consumos y haciendo malabares para llegar a fin de mes, en Moreno crece la cantidad de residuos que se depositan en los cestos y terminan enviados al CEAMSE. Una paradoja económica y social que exige explicaciones: ¿qué expresa ese aumento en un contexto de deterioro del poder adquisitivo?


Hay otra variable que también debería entrar en el análisis. ¿Qué ocurrió con la política ambiental de las composteras? ¿Perdió impulso, quedó relegada o dejó de producir el efecto esperado sobre la cantidad de residuos que se descartan? La información disponible no permite atribuir el incremento a una sola causa, pero sí obliga a preguntar por los resultados de las políticas de reducción, separación y tratamiento de los desechos.


La planta de transferencia y la promesa del ahorro


El aumento de las toneladas que salen de Moreno hacia el CEAMSE debe leerse, además, a la luz de la planta de transferencia de Reja Grande. La infraestructura fue presentada como una herramienta para reorganizar el circuito de los residuos y reducir costos de traslado. Si está funcionando con la capacidad prevista, la pregunta es inevitable: ¿cuánto ahorra efectivamente el Municipio y cómo se refleja ese ahorro en las cuentas?


La promesa oficial era que una nueva organización del sistema permitiría mejorar la eficiencia. Por eso, no alcanza con contabilizar las toneladas recolectadas ni con exhibir la continuidad del servicio. Hace falta conocer el costo por tonelada, el volumen procesado en la planta, los gastos de transporte y la diferencia entre el esquema anterior y el actual.


La eficiencia no se demuestra con una infraestructura inaugurada ni con una frecuencia anunciada. Se demuestra con resultados verificables.


Más cuadras que calles


Otro dato merece una revisión minuciosa: en los pagos y compromisos vinculados al servicio aparecen cantidades de cuadras supuestamente atendidas que, según los registros observados, superarían el total de cuadras existentes en el distrito.


Si la recolección se realiza seis días por semana, la explicación podría estar en la forma en que se contabilizan los recorridos, las frecuencias o las unidades de servicio. Pero, precisamente por eso, es necesario conocer la metodología utilizada. ¿Se contabiliza cada pasada como una cuadra servida? ¿Se suman recorridos? ¿Qué unidad se toma para certificar el servicio y habilitar los pagos?


La diferencia no es menor. Una cosa es la extensión física de la red vial y otra, la cantidad de servicios prestados sobre esa red. Confundir ambas magnitudes puede llevar a conclusiones equivocadas; por eso, las planillas necesitan una explicación técnica que permita comprobar qué se paga, qué se certifica y qué recibe efectivamente cada barrio.


En un distrito gobernado por calles de tierra, donde las condiciones climáticas dificultan la circulación y la prestación de servicios, el control de los recorridos y de las frecuencias resulta todavía más relevante. Si los números exceden las dimensiones físicas del territorio, la respuesta no puede ser una presunción: debe ser una rendición de cuentas.


La basura también tiene una escala salarial


El contraste más político aparece cuando se comparan las recomposiciones económicas. Mientras los trabajadores y las trabajadoras municipales reclaman reconocimiento salarial y acumulan un aumento del 15% en lo que va del año, la mano de obra que realiza la recolección en Moreno, a través de la Cooperativa Gestionar, vinculada al Sindicato de Camioneros, obtuvo hasta septiembre una recomposición contractual superior al 22%.


Economía rinde


La rendición de cuentas del tercer trimestre de 2026 deja cifras que incomodan al relato de eficiencia de la gestión de Mariel Fernández: prácticamente las mismas cuadras recorridas que un año atrás, más de 11.500 toneladas adicionales enviadas al CEAMSE y un gasto que trepó un 22,8%.


Los números son oficiales. Entre enero y septiembre de 2026, el Municipio declaró 3.466.563,33 cuadras recorridas y 113.916,28 toneladas de residuos trasladadas.


En el mismo período de 2025 había registrado 3.466.572,07 cuadras y 102.336,84 toneladas.


La diferencia en los recorridos es prácticamente inexistente: apenas 8,74 cuadras menos, según las planillas. Pero la basura transportada aumentó un 10,2%. El sistema habría recorrido casi lo mismo y, sin embargo, trasladó mucho más.


¿Qué cambió? ¿Se generaron más residuos? ¿Se modificaron los criterios de registro? ¿Qué incidencia tiene la planta de transferencia de Reja Grande? ¿Qué resultados produjo la política municipal de separación y compostaje? Las cuentas muestran la variación, pero no alcanzan para explicar sus causas.


La pregunta política es inevitable: ¿dónde están los resultados de la eficiencia que debería demostrar un servicio que mueve millones de pesos del presupuesto municipal?


La crisis para los vecinos; la actualización para el contrato


La contradicción se vuelve más visible en una economía donde los salarios pierden capacidad de compra, la desocupación crece y las familias restringen sus consumos. Ese escenario no permite afirmar que la generación de residuos deba caer necesariamente en la misma proporción, pero vuelve llamativo que las toneladas enviadas al CEAMSE aumenten con semejante intensidad.


La secuencia estadística también merece atención. En los primeros nueve meses de 2024 se registraron 3.276.387 cuadras recorridas y 94.709 toneladas trasladadas.


En 2025, las cuadras aumentaron en 190.185 y las toneladas crecieron un 8,05% respecto de 2024.


En 2026, en cambio, los recorridos permanecieron prácticamente iguales a los de 2025, mientras el volumen de residuos volvió a pegar un salto.


No se trata de atribuirle a la crisis económica una relación automática con la basura. Se trata de exigir una explicación sobre una evolución que contradice, al menos en apariencia, el deterioro del consumo familiar que reflejan los indicadores económicos.


Si el Municipio presenta una política ambiental, sostiene la separación de residuos y promueve composteras, debe informar qué impacto real tienen esas iniciativas. Si la planta de transferencia de Reja Grande fue concebida para optimizar el circuito y reducir costos, corresponde mostrar cuánto ahorra. Una infraestructura pública no se justifica por su existencia: debe rendir resultados.


15.558 cuadras en el contrato; 16.049 por mes en las cuentas


La otra zona de conflicto está en la forma en que se contabiliza el servicio. El contrato contempla 15.558 cuadras, pero el promedio informado para los primeros nueve meses de 2026 asciende a 16.049 cuadras mensuales. Son 491 más que el total previsto.


La diferencia obliga a preguntar cómo se construye el número que luego interviene en la certificación y el pago. ¿Se contabilizan pasadas sucesivas sobre una misma calle? ¿Se suman recorridos de distintas zonas? ¿Qué significa, en términos contractuales, que una cuadra esté servida?


El interrogante es todavía más relevante en un distrito donde más del 60% de las calles son de tierra, según la estimación utilizada en este análisis. Las condiciones de transitabilidad no son iguales en todo el territorio y las lluvias pueden impedir recorridos regulares en algunos barrios. Por eso, la frecuencia presupuestada no demuestra por sí sola que todas las calles reciban el servicio con la misma periodicidad.


La rendición consigna además una planificación anual de 5.020.000 cuadras recorridas. Para evaluar ese cálculo hace falta conocer con precisión la unidad de medida, la frecuencia computada y la metodología aplicada para certificar las prestaciones.


No corresponde convertir una diferencia estadística en una acusación sin documentación adicional. Pero tampoco es aceptable tratarla como un detalle administrativo. Cuando una cantidad de cuadras sirve para calcular el costo de un contrato millonario, el método de contabilización es una cuestión de control público.



$6.287 millones más por casi el mismo recorrido


La dimensión económica termina de ubicar el problema en el terreno de las prioridades políticas. Durante los primeros nueve meses de 2026, la recolección de residuos demandó $33.782 millones.


Fueron $27.495 millones ejecutados en el mismo período de 2025.


El incremento fue del 22,8%: $6.287 millones adicionales.


La cantidad de cuadras recorridas prácticamente no cambió. El costo sí. De acuerdo con el análisis de las cifras, la diferencia se explica por la inflación y la actualización salarial de los recolectores. Para precisar la incidencia de cada componente, el Ejecutivo debería exhibir el detalle de la evolución contractual y sus mecanismos de ajuste.


El servicio representa el 13,1% del gasto municipal ejecutado, la misma proporción que en 2025, cuando se había ampliado la cantidad de cuadras recorridas alrededor de un 5,8%.


Aquí aparece una discusión que el gobierno local no puede esquivar: ¿cómo se justifica el aumento del costo cuando la cantidad de cuadras recorridas se mantiene prácticamente estable? La actualización de los salarios y de los insumos puede explicar parte del incremento, pero la transparencia exige exhibir la composición del gasto, los recorridos certificados y el resultado de la operación.


La política también se mide en lo que se paga


La recolección es un servicio esencial. Quienes levantan los residuos realizan un trabajo indispensable y deben cobrar salarios adecuados. El problema no es reconocer el valor de esa tarea, sino conocer las condiciones económicas bajo las cuales el Estado la contrata, la controla y la paga.


En Moreno, la discusión tiene una dimensión adicional: los trabajadores municipales reclaman recomposición salarial y el Ejecutivo sostiene que los recursos son limitados. En ese contexto, un contrato que demanda $33.782 millones en nueve meses, crece un 22,8% y mantiene una participación del 13,1% del gasto total merece un control riguroso. No para enfrentar trabajadores entre sí, sino para determinar cuáles son las prioridades presupuestarias y qué capacidad de negociación tiene el Estado municipal frente a cada obligación.


El contraste no prueba por sí mismo una injusticia contractual ni una irregularidad. Sí plantea una pregunta sobre el criterio con el que se distribuyen los recursos y se actualizan los compromisos. Si hay margen para sostener un servicio de esta magnitud, también corresponde explicar cómo se atienden las necesidades de quienes mantienen en funcionamiento el resto de la estructura municipal.


La gestión de Mariel Fernández puede reivindicar el modelo de recolección pero no alcanza como argumento de gobierno, del mismo modo que ejecutar una partida no equivale a demostrar eficiencia.


Las cuentas públicas tienen que responder preguntas concretas: por qué aumentan las toneladas con recorridos casi idénticos, cómo se certifican más cuadras que las previstas en el contrato y qué resultados económicos produce la planta de transferencia. Son preguntas sobre gestión, control y prioridades; no una discusión secundaria sobre residuos.


La basura se retira de las calles, pero las preguntas quedan sobre la mesa. Cuando el costo aumenta, las toneladas crecen y los recorridos declarados apenas se modifican, el oficialismo tiene la obligación de explicar qué está pagando, qué está recibiendo y qué resultados obtiene la comunidad a cambio de miles de millones de pesos.


El servicio perfecto no existe, pero si el pago perfecto…y tiene vida útil hasta el año 2032.