Denuncia penal contra la Avocación – Consejo Escolar

PERÍODO 2018 -2019 –

La Dirección General de Cultura y Educación, gestión Agustina Vila, gobierno Axel Kicillof, presentó el pasado 30 de junio en la UFI N°2 – Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata, una denuncia penal que lleva el número de IPP 21487/20. La documentación a la que tuvo acceso Desalambrar muestra dos facetas:

1- Las tareas de campo (auditoria) fueron realizadas en un tiempo breve, entre los días 25 de febrero y 2 de marzo. El equipo conformado por los auditores Carlos Anselmino (arquitecto), Néstor Agosti (ingeniero), Daniel Episcopo (arquitecto), Walter Guerra (arquitecto), Agustín Crispino y Guillermo Gardinetti (Maestro Mayor de Obras), evaluaron in situ varias obras realizadas por la empresa DURA CASA SRL; DANIEL ACHE y BIEY S.A.

2- Ese trabajo representa un 8,14 % del universo de expedientes de Obras del distrito de Moreno, período 2018/2019 (NdR: la mayoría de contratistas de ese período siguen vinculados al Consejo Escolar normalizado). La información forma parte de un relevamiento que se incluirá en el Plan Anual de Auditoria 2020.

Observaciones generales

Las empresas y/o proveedores DURA CASA SRL – CUIT 30-71607436-2, INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BIEY SA – CUIT 33-71223960-9 y DANIELACHE HERNAN no se encuentran inscriptos como Proveedores y Licitadores del Estado. El proveedor DANIELACHE HERNAN no registra inscripción en AFIP como empleador, y la Empresa DURA CASA SRL se encuentra inscripta desde el mes 04 de 2019 En ninguno de los casos analizados, se constató la entrega de los Planos de Instalaciones tal como se solicita en el Informe Técnico de la Intervención – Anexo I “Planilla A”. Se pudo constatar,en los expedientes analizados, una nota simple sin fecha, emitida por el Consejo Escolar del distrito de Moreno y firmada por la Avocadora Sra. POLITI Ana Karina, donde se certifica avances de obra (generalmente del 30 %) y se aprueba y libera el pago parcial a favor de la firma en cuestión. Es de destacar que de tratarse de un “Anticipo Financiero”, debería haber estado estipulado en el Contrato y en la factura emitida por la empresa. Se observó la falta de autorización y/o poder por parte de las empresas analizadas, para la firma de documentos y/o retiro de cheques.

En la actuación administrativa que consta de 39 fojas, tomamos una pequeña muestra:

1- No se pudo corroborar la existencia de un plano de instalación de gas confeccionado por el matriculado.

2- Las estufas instaladas son de 3800 kcal/h, debiendo ser de 6000 kcal/h según cómputo y presupuesto oficial.Cantidad: 18u. Precio $ 344.411,82

3- La cañería de gas empotrada en la cocina no fue revestida, por lo cual se encuentra expuesta y con mala terminación.

4- Las cocina de planta alta no cuenta con la ventilación reglamentaria.

5- El árbol retirado por la empresa contratista en la zona del tanque de gas se encontraba nuevamente en vías de crecimiento.

6- El Informe técnico de la intervención –Anexo 1- no está firmado por la autoridad del establecimiento.

7- El contrato de servicios de puesta en valor no tiene fecha.

8- El expediente no contiene el certificado de obra por el 40% restante.

9- El acta de inspección de intervención –Anexo II- no está firmado por el representante de la empresa contratista ni por la autoridad del establecimiento.

1. No consta en expediente presupuesto elevado por la empresa.

2. Se ha certificado el 30% del contrato como anticipo financiero firmado solamente por la avocadora y sin intervención de la inspección mediante certificado discriminado de ítems ejecutados.

3. En expediente consta solicitud de la empresa de anticipo financiero por 30% del monto del contrato y factura presentada por la empresa como Anticipo (FB 0002-00000215) por $ 808.116,67, Pagado mediante OP 484981/19.

4. En el contrato de obra no existe cláusula que habilite facilitar a la empresa contratista un anticipo financiero.

5. El ítem del presupuesto del contrato original, Lavatorio para discapacitado soporte fijo A10, no ha sido provisto pero si certificado por la inspección, no hay en el establecimiento sanitario para discapacitado, monto certificado: $ 27.185,51

6. Se certificó el ítem Barra de seguridad fija +67×36.5- Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) A15, pero no fue provisto, no hay sanitario para discapacitado. Monto certificado $16.478,72.

7. Se observa en el expediente la existencia de un contrato sin fecha, firmado por la avocadora del CE de Moreno y el representante de la empresa por un monto de $ 1.864.472,00, el cual no posee objeto (Anexo I), presupuesto discriminado de la empresa, ni documentación que indique finalidad del mismo.

8. El contrato mencionado en 7), ha sido facturado por la empresa según FB N° 00002-00000196, autorizado el pago del mismo mediante disposición del Consejo Escolar N °642/19 y pagada mediante OP 477324 /2019 cheque N° de serie 0061813565 de fecha 11/01/2019 y monto de $1.791.836,09, tampoco hay certificado firmado por la inspección de obra.

FONDOS TRANSFERIDOS

De la abundante documentación acreditativa (dice el informe) que se integran como antecedentes instrumentales a la presente orden de sumario, durante los años 2018 y 2019 la Dirección General de Cultura y Educación, efectuó transferencias de dinero al Consejo Escolar de Moreno, partidas que tuvieron como objeto la realización de obras, infraestructura escolar, de mantenimiento correctivo o preventivo de instalaciones de energía eléctrica, gas y demás trabajos de mantenimiento necesarios para el normal funcionamiento del servicio educativo. Que respecto a la cuantía de los fondos transferidos, el Consejo Escolar de Moreno recibió la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 640.010.357,59), en distintas transferencias formalmente instrumentadas en sus respectivas Resoluciones

Por la pandemia (marzo de 2020), el trabajo de campo quedó en suspenso. Con el 8 por ciento del del universo de expedientes de Obras del distrito de Moreno, período 2018/2019, el gobierno de Kicillof, a través de la Directora General de Cultura y Educación, María Agustina Vila, lleva el caso a la justicia penal por entender:

Que entre las irregularidades administrativas detectadas se encuentran: (a) falta de fecha y firma en los contratos entre las empresas y el Consejo Escolar, (b) ausencia de facturas de las empresas que realizaron las obras, (c) documentos firmados por personas sin competencia para hacerlo, (d) certificaciones de obras realizadas por los funcionarios a cargo de la avocación y no por los inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, (e) incumplimiento de los requisitos para ser proveedor del estado por parte de las empresas seleccionadas

A la espera de movimientos en esa causa, que de arriba hacia abajo o viceversa, desde Sánchez Zinny hasta al avocadora Karina Politi, todos /as quedan encuadrados en las potenciales acciones penales de seguir acreditándose irregularidades en los procesos de obras que tuvieron un despliegue muy marcado tras las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, el 2 de agosto de 2018.

Lo que no espera y no presenta demora es lo administrativo. El 8 de julio de 2020 comenzó la investigación sumarial: