El responsable del Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial Mercedes cuestionó el nuevo régimen penal juvenil y lo calificó como regresivo. Advirtió sobre la ampliación de la intervención del derecho penal, los riesgos de judicializar conflictos escolares y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección de derechos.
En el marco del Tercer Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, una política del Municipio de Luján, durante la gestión de Leonardo Boto, el Dr. Marcelo Giacoia participó de uno de los paneles dedicados a analizar los desafíos que plantea el nuevo régimen penal juvenil.
Responsable del Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial Mercedes, docente de grado y posgrado e investigador en las universidades nacionales de Luján y Moreno, Giacoia dialogó con Desalambrar y definió la nueva normativa como “regresiva”. Su cuestionamiento apunta tanto a la ampliación de la respuesta punitiva como a las consecuencias que puede tener sobre niños y adolescentes, especialmente frente a situaciones que antes podían resolverse fuera del sistema judicial.
“Estos espacios son importantes para generar intercambios y opiniones, porque estamos todos tratando de analizar y ver. Hay algunos problemas que se plantean, fundamentalmente, con la normativa convencional y las normas procesales de la provincia de Buenos Aires”, explicó.
Más delitos bajo intervención penal
Al identificar los aspectos más regresivos de la ley, Giacoia señaló la ampliación de la pretensión punitiva en dos dimensiones: la incorporación de edades más bajas al sistema penal y la extensión de las conductas que pueden quedar alcanzadas por su intervención.
“En cuanto a la baja de edad, ampliamos la duración de la intervención desde el derecho penal. También incorporamos un montón de delitos que la ley anterior no incluía, como las amenazas, los hurtos y los daños, delitos que tenían penas no superiores a dos años”, detalló.
Para el magistrado, el problema de fondo es suponer que la respuesta penal puede resolver conflictos que tienen raíces sociales. “Desde el derecho penal no se resuelve. Encerrando pibes no resolvemos”, afirmó.
Y profundizó: “Hay un pensamiento de que desde la política criminal estamos resolviendo problemas sociales y me parece que ahí estamos en un serio inconveniente”.
Frente a ese enfoque, Giacoia ubicó la prevención como una política central: “El eje es previo. Es lo preventivo, es fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos”.
La escuela, ante el riesgo de la judicialización
Uno de los interrogantes que abre el nuevo régimen es qué lugar ocuparán las escuelas cuando un conflicto entre estudiantes pueda encuadrarse como una conducta penal.
Giacoia advirtió que situaciones que antes podían abordarse dentro del ámbito educativo podrían derivar en intervenciones judiciales. “Hay que ver cómo van a reaccionar los operadores del sistema educativo. Creo que no es bueno judicializar ninguna cuestión para ningún pibe”, sostuvo.
Sin desconocer que los delitos graves requieren otra respuesta, planteó que los conflictos de menor entidad deberían tratarse mediante mecanismos alternativos.
“Este tipo de delitos menores me parece que es mejor resolverlo con mecanismos alternativos”, señaló.
La advertencia no se limita a los procedimientos institucionales. También alcanza a las consecuencias que puede tener para un niño o adolescente atravesar un proceso judicial.
“No es sin consecuencias”
¿Qué representa para la subjetividad de un menor de 14 años quedar involucrado en una causa judicial? Para Giacoia, la experiencia puede dejar marcas que exceden el expediente.
“Transitar un proceso judicial en la subjetividad de un pibe no es sin consecuencias”, afirmó. Y describió algunas de las situaciones que puede atravesar: “Recibir una comunicación de parte de un policía, tener que ir a un juzgado o a una fiscalía, ser sometido a un interrogatorio me parece que tiene impacto en la subjetividad del pibe”.
A ese impacto sumó la estigmatización que puede producirse en su entorno: entre sus compañeros, en la escuela y en la comunidad.
La discusión, desde esta perspectiva, no se reduce a qué sanción corresponde aplicar. También implica considerar qué efectos tiene la intervención penal sobre las trayectorias de niños y adolescentes y qué alternativas existen para abordar los conflictos sin profundizar su vulnerabilidad.
Prevención sin recursos
El fortalecimiento de las políticas de promoción y protección de derechos requiere decisiones presupuestarias. Consultado sobre cómo sostener la prevención, el cuidado y la articulación entre instituciones en un escenario de escasez de recursos, Giacoia reconoció la complejidad del problema.
“Tenemos un gran problema, que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de promoción y protección. Hay decisiones de políticas públicas que deberían tomarse en función de ser respetuosos de los derechos esenciales de los pibes”, planteó.
Para el magistrado, el horizonte exige una definición política que coloque los derechos de niños y adolescentes en el centro de las decisiones estatales.
“Hay que tomar decisiones de políticas públicas que sean respetuosas de los derechos humanos de los pibes”, sostuvo.
Y concluyó con una premisa que atraviesa su cuestionamiento al nuevo régimen: “Respetar la diferencia del pibe, respetar que es un sujeto de derecho. Creo que esa es una cuestión fundamental”.
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