Mariana Acuña tiene 20 años, llegó desde Misiones embarazada y dio a luz en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Su hijo quedó bajo una medida de abrigo con una mujer que, según denuncia, no es familiar directa. Afirma que cumplió con los tratamientos y estudios que le solicitaron, pero todavía no pudo recuperar el cuidado de su bebé. En diálogo con Desalambrar, pide respuestas, acompañamiento y que revisen su situación.
Lo que imaginaba como el comienzo de una nueva etapa terminó convertido en un expediente que, según relata, pasó por distintas instancias del sistema de protección de derechos de la infancia y la Justicia de Familia.
Mariana reconoce que fumó marihuana el día anterior al nacimiento. Explica que atravesaba dolores y una situación personal difícil. Ese episodio, sostiene, se convirtió en el fundamento de una evaluación que la ubicó bajo la categoría de consumo problemático.
«Fue mi mayor error. Por eso tuvieron la excusa para sacármelo», dice. A partir de entonces, su vínculo con el bebé quedó condicionado por una medida de abrigo y por una serie de exigencias que, según afirma, fue cumpliendo durante los meses siguientes.
La joven asegura que asistió a un psicólogo, recibió el alta profesional y se realizó 16 análisis que dieron negativo. También sostiene que consiguió una vivienda, la acondicionó y trabajó para demostrar que podía ofrecerle a su hijo condiciones de cuidado.
«Tengo todos los papeles. Hice todo lo que me pidieron. Tengo un lugar estable para mi bebé», afirma. Sin embargo, la restitución del cuidado no llegó.
Una medida de abrigo bajo presión
Mariana cuenta que permaneció alrededor de una semana en el hospital después del parto. Durante ese tiempo, según su relato, las autoridades le indicaron que debía encontrar una persona que pudiera asumir temporalmente el cuidado de su niño.
Ella no tenía familiares cercanos en Moreno. Su familia estaba en Misiones, en ese contexto, le propusieron que el bebé quedara al cuidado de una mujer del barrio Manantiales, en Moreno Sur.
La joven rechaza que esa mujer sea su tía, como —según cuenta— le hicieron entender inicialmente. Afirma que no existe un vínculo familiar directo y que apenas la conocía.
«Yo no quería darle a mi hijo porque no la conocía», remarca.
Según su testimonio, le plantearon que la medida sería provisoria, por aproximadamente una semana, mientras se realizaban estudios y ella resolvía su situación. Mariana sostiene que aceptó bajo esa explicación, convencida de que podría recuperar rápidamente la convivencia con su bebé.
También relata que recibió advertencias que vivió como amenazas: si no aceptaba ese resguardo, podían retirar al niño de su cuidado y disponer otra alternativa institucional. Se trata de una versión que requiere ser contrastada con las actuaciones administrativas y judiciales para conocer en qué términos se tomó la decisión.
La joven agrega un dato especialmente sensible: no pudo amamantar a su hijo y asegura que se le impidió hacerlo después de la separación. «Di a luz, no lo puedo ver. Lo gesté y no puedo estar con él», expresa.
La denuncia de abandono y los meses sin contacto
La separación se habría profundizado después de un episodio ocurrido durante su permanencia en el hospital. Mariana cuenta que salió brevemente para bañarse en la casa de su padre y que, al regresar, su hijo ya no estaba donde lo había dejado.
Según le informaron, la mujer que había aceptado el resguardo también se había retirado con el bebé y habría denunciado que Mariana lo había abandonado.
La joven niega esa versión. Afirma que regresó al hospital y que, al día siguiente, se presentó ante el área de Niñez, donde —según relata— le comunicaron que la medida de abrigo se extendería por seis meses.
«Yo no entendía nada», recuerda.
Durante ese período, sostiene, hizo los trámites que le solicitaron para demostrar que podía cuidar a su hijo. Pero la situación sumó otro conflicto: Mariana denuncia que la mujer obtuvo una restricción de acercamiento a partir de acusaciones que ella niega, entre ellas haberse presentado alcoholizada, bajo efectos de drogas y con un arma blanca.
La joven reconoce que estuvo alterada cuando intentó acercarse a su bebé, pero rechaza por completo haber intentado atacar o lastimar a alguien. Explica que su desesperación estaba relacionada con la imposibilidad de verlo.
Mariana afirma que lleva aproximadamente seis meses sin poder estar con su hijo como madre. Según cuenta, la restricción vigente y las nuevas denuncias dificultan todavía más cualquier acercamiento. También asegura que la mujer que tiene al bebé manifestó su intención de adoptarlo.
Estos puntos forman parte de su testimonio y requieren ser contrastados con las denuncias, las resoluciones judiciales y el expediente de protección de derechos.
«Hice todo lo que me pidieron»
La joven sostiene que cumplió con las condiciones que le plantearon para revisar la medida. Refiere que tiene documentación de su tratamiento psicológico, análisis negativos y pruebas de que consiguió una vivienda.
Por eso, cuestiona que la respuesta institucional siga siendo postergar la posibilidad de recuperar a su hijo.
«Me dicen que todavía no estoy de alta. ¿Cómo que no, si la psicóloga me dio el alta, tengo todo negativo y tengo un lugar?», plantea.
En su búsqueda de respuestas, Mariana cuenta que recorrió oficinas, consultó en el ámbito judicial y buscó asistencia legal. Dice que en cada lugar la derivaban a otra dependencia, sin obtener una explicación que le permitiera comprender qué faltaba para revisar su situación.
«Me rebusqué por todos lados, por todos los medios que pude, porque acá no conocía a nadie. Me tocó caminar, preguntar e intentar llegar», relata.
También cuestiona que no se haya considerado la posibilidad de que su madre, que vive en Misiones, participe en el cuidado del niño.
El derecho del niño y las respuestas pendientes
La historia de Mariana abre interrogantes que no pueden resolverse únicamente a partir de una entrevista. ¿Qué evaluación de riesgo motivó la medida de abrigo? ¿Qué seguimiento se hizo de la situación de la madre y del bebé? ¿Se evaluó a la familia de origen y la posibilidad de una alternativa de cuidado dentro de ese entorno? ¿Qué fundamentos sostienen la continuidad de la medida después de los estudios y tratamientos que Mariana dice haber cumplido?
También es necesario conocer qué régimen de comunicación se estableció, qué intervención tuvo la Justicia de Familia y qué medidas se adoptaron para preservar el vínculo entre la madre y su hijo.
Una medida de abrigo es una herramienta de protección excepcional y temporal. Su aplicación y continuidad deben evaluarse de acuerdo con la situación concreta del niño, con revisiones periódicas y con la consideración de alternativas familiares cuando resulten adecuadas. La situación de vulnerabilidad de una madre no equivale, por sí misma, a demostrar que no puede cuidar a su hijo.
Mariana no oculta el episodio que, según cuenta, desencadenó la intervención. Se arrepiente de haber fumado marihuana y afirma que no volvió a hacerlo. Su reclamo es que esa conducta no se convierta en una condena indefinida, aun cuando sostiene haber cumplido con las condiciones que le exigieron.
«Yo necesito que Niñez despierte. Me sacaron a mi bebé», dice.
Tiene 20 años, está lejos de su provincia y busca respuestas en un sistema que, según su relato, no logró explicarle con claridad cómo recuperar el cuidado de su hijo. Su pedido es concreto: que revisen su situación, que escuchen su voz y que le permitan conocer qué falta para volver a estar con el bebé que gestó y dio a luz.
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