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Una pregunta formulada por un periodista de Bloomberg dejó expuesta la comodidad que ofrece el poder, hermanado con la impunidad, por lo menos discursiva. El destino de los fondos captados por el Tesoro en su última licitación obtuvo la respuesta de Santiago Bausili, titular del Banco Central: o aparecían registrados en los depósitos del Tesoro en el Banco Central.

“No tengo mucha respuesta para esa, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro de que si buscamos bien en algún lado están. Son bastantes como para no encontrarlos”, respondió Bausili.


La escena dejó planteado un interrogante que, por la magnitud de los recursos involucrados, excede una cuestión meramente administrativa. Se trata de $4 billones: cuatro millones de millones de pesos.


La Tesorería administra la caja del Estado y puede mantener fondos en el Banco Nación o en otras cuentas. Por eso, que los recursos no aparezcan inmediatamente reflejados en los depósitos del Tesoro en el Banco Central no significa, por sí mismo, que hayan desaparecido.


Pero tampoco alcanza con afirmar que “en algún lado están”.


El destino de esos fondos tiene relevancia para entender qué ocurrió con la operación financiera. Los $4 billones pudieron utilizarse para cancelar vencimientos, permanecer depositados en otra entidad, comprar dólares o financiar alguna otra operación. Cada alternativa tiene consecuencias diferentes sobre la liquidez, la deuda pública y la política monetaria.


Por eso, la pregunta del periodista no era solamente dónde está físicamente el dinero, sino qué operación se realizó con esos pesos y cuál fue su efecto sobre el sistema financiero.


El Tesoro y el Banco Central forman parte de una misma arquitectura financiera estatal. Los movimientos de fondos entre ambos organismos y las operaciones de deuda tienen efectos sobre la cantidad de pesos disponible, las tasas de interés, el mercado cambiario y las condiciones monetarias.


En ese contexto, Bausili debería poder conocer qué ocurrió con esos recursos, precisamente porque el destino de los fondos captados por el Tesoro puede resultar relevante para evaluar el funcionamiento de la política monetaria.


El episodio adquiere una dimensión política mayor si se lo vincula con la decisión del Gobierno de Javier Milei de sostener a Bausili al frente del Banco Central hasta diciembre de 2028 y establecer mayores exigencias legislativas para removerlo.


El argumento oficial apunta a otorgar mayor autonomía al organismo monetario. Pero esa autonomía también exige mayores niveles de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas sobre las operaciones que involucran recursos públicos.


Mover fondos y pasivos entre Economía y el Banco Central, modificar la composición de los balances o trasladar resultados entre organismos puede formar parte de una arquitectura financiera legítima. Lo que no puede perderse es la posibilidad de reconstruir con claridad qué se hizo con los recursos públicos.


En la contabilidad del Estado, “en algún lado” no es un destino.


Son cuatro millones de millones de pesos. No son $4.000 olvidados en un bolsillo ni $4 millones abandonados en una cuenta que casi nadie utiliza.


La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los $4 billones y qué hizo el Estado con ellos?