La diputada bonaerense de la Coalición Cívica Romina Braga puso bajo la lupa el destino de los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles que, por ley, tienen como finalidad financiar el mantenimiento y la infraestructura de las rutas nacionales. La legisladora cuestionó que, mientras las rutas presentan necesidades de conservación y rehabilitación, una parte significativa de esos fondos permanezca colocada en instrumentos financieros.
La discusión volvió a instalarse luego de que el Gobierno nacional reconociera que parte de la recaudación del Impuesto a los Combustibles no está siendo aplicada de manera inmediata al sistema vial, sino que permanece bajo administración del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, como parte de la estrategia oficial para sostener el equilibrio fiscal.
Según los datos planteados por Braga, los recursos vinculados al Sistema Vial Integrado (SisVial) habrían alcanzado $1,5 billones durante la gestión de Javier Milei, pero solamente $394.000 millones habrían sido destinados a obras. La diferencia abre el interrogante central: ¿dónde está el resto del dinero recaudado para las rutas?
La legisladora advirtió que, al 31 de mayo de 2026, aproximadamente $1 billón se encontraba colocado en inversiones financieras, mientras que otros fondos permanecían depositados en cuentas bancarias. El dato adquiere particular relevancia frente al estado de distintos corredores nacionales y a la necesidad de realizar tareas de mantenimiento, conservación y rehabilitación.
“Esta situación merece especial atención por tratarse de recursos públicos vinculados a una finalidad de infraestructura que requiere continuidad, planificación y capacidad de respuesta”, sostuvo Braga.
La diputada reclamó conocer con precisión qué criterios utiliza el Gobierno nacional para decidir cuándo, cómo y en qué condiciones se aplican los recursos que tienen una finalidad específica. Para Braga, no alcanza con que los fondos existan en las cuentas del Estado si simultáneamente permanecen sin ejecutar mientras las rutas acumulan necesidades.
El problema no sería, entonces, la ausencia de recursos sino el destino y la velocidad con la que son utilizados. La discusión pone en tensión la decisión del Gobierno de preservar el equilibrio fiscal mediante la administración financiera de fondos públicos y la obligación de garantizar la infraestructura vial para la que esos recursos fueron recaudados.
Braga planteó que la existencia de recursos disponibles en magnitudes significativas, mientras persisten necesidades de conservación y rehabilitación de las rutas, exige una explicación detallada por parte de las autoridades nacionales.
FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES
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