El expediente T, ¿pasará?

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LA BASURA QUE FINALIZA EN JULIO DE 2020 –

Se dice que el Estado es lento, burocrático y tedioso cuando un ciudadano común demanda respuestas soluciones u oportunidades. Las excepciones están ahí, siempre, para demostrar que la agilidad es cualidad inherente, además de la perfecta interpretación de las normas cuando el privilegio o el interés llama a la PUERTA y ésta se abre.

El actual contrato de la basura es de 6 (seis) años y fue ungido por el poder en la intendencia de Mariano West (junio de 2014), luego que la gestión Andrés Arregui y el Concejo Deliberante aprobaran la prórroga (año 2009) del primer contrato.

Con número de expediente 4078-215780-C-2019, Consorcio Trébol en la figura de su apoderado, Marcelo Sergio Pararera, presentó la SOLICITUD DE PRÓRROGA: «El plazo pactado originalmente era de 6 (seis) años, computados a partir del día 10 de julio de 2014, motivo por el cual los servicios debieran ser prestados hasta el día 9 de julio de 2020«.

La empresa apela a la cláusula 1.2.3 inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones, que remite a su vez al artículo 231 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (NdR: El término de las concesiones no será superior a treinta (30) años. Al vencimiento de este plazo, con acuerdo de las partes, podrán ser prorrogadas por sucesivos períodos de diez (10) años cuando el contrato original fuera de treinta y de un tercio del tiempo primitivamente convenido cuando la concesión haya sido otorgada por menos de treinta (30) años. La Municipalidad expresará su consentimiento a la prórroga mediante el voto de la mayoría absoluta del Concejo, y nunca antes del año de la fecha de vencimiento de la concesión).

Como muestra de la impostura histórica respecto a la prestación y el descontrol orquestada por los sucesivos gobiernos, Consorcio Trébol escribe afirmativamente: «La empresa solicita a la Municipalidad que otorgue la prórroga contractual en el marco de la citada norma. Nuestra firma solicita la concesión de la prórroga Contractual con el convencimiento que presta un servicio adecuado a la población».

Consorcio Trébol inicia el expediente el 6 de septiembre. Diez días después todas las áreas administrativas del Poder Ejecutivo concluyen que no hay objeciones a la petición de la empresa y remiten el expediente al Concejo Deliberante, una institución de la democracia que debe proteger los intereses de los ciudadanos /as.

El gobierno de Walter Festa que dejará el poder el próximo 10 de diciembre, considera que el planteo de Consorcio Trébol es adecuado, que no viola ni vulnera ley o norma vigente (como sucedió en la intendencia de Arregui), por lo que corresponde «extender el contrato dos años más» es decir, desde el 9 de julio de 2020 hasta la misma fecha del año 2022.

La mitad de los concejales que hoy están en el HCD dejarán la banca el próximo 10 de diciembre pero ese 50 por ciento puede acompañar la propuesta de Consorcio Trébol y la intendencia de Festa si comprende que los argumentos legales no ofrecen puntos ciegos y oscuros.

Si todo es transparente y bien hecho, el expediente debe estar perfectamente titulado en la Orden del Día del próximo día miércoles para que no haya dudas ni malas y perniciosas interpretaciones.

Sólo debe tenerse en cuenta que la decisión POLÍTICA, EJECUTIVA Y LEGISLATIVA, es convalidar un millonario contrato por un servicio de recolección de la basura de pésima calidad cuando el 10 de diciembre ASUMIRÁ OTRO GOBIERNO que tendrá tiempo, respetando la LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES, de prorrogar o NO el contrato que vence el 9 de julio de 2020.

La urgencia o la premura en el tratamiento, análisis y aprobación (probable) de la prórroga del contrato, ofrece algunas preguntas de rigor:

1- Si Festa declaró públicamente no tomar ninguna medida que condicione al futuro gobierno de Mariel Fernández, ¿porque acepta y promueve la prórroga que pide Consorcio Trébol que limita y obstruye la decisión de rescindir un contrato en tiempo y forma, sin recurrir a la justicia y comprometer las cuentas públicas de un erario municipal flaco de recursos?

2- La prórroga del contrato a partir de julio de 2020 cubre tres de los cuatro años de gestión de Mariel Fernández.

3- Los concejales o dirigentes que envían señales de apoyo, acompañamiento a la candidata del Frente de Todos, ¿pueden aprobar un expediente que afecta el plan de la próxima intendenta y beneficia al mayor proveedor que tiene la Municipalidad de Moreno? ¿Podrían levantar la mano a favor de Consorcio Trébol figuras como Cintia González, Martín Fraiz, Sandra Cruz, Karina Álvarez, quienes de forma explícita e implícita, en el Concejo Deliberante, hablaron del contrato de la basura como un ROBO? Claudia Asseff y Leonardo Cóppola, concejales de experiencia de PRO – CAMBIEMOS, que relataron en el recinto y en varias oportunidades el incumplimiento del contrato, ¿votarían un proyecto que nace de la empresa y lo avala un Poder Ejecutivo que se va en diciembre? El bloque del Frente Renovador que defendió siempre la redeterminación de precios y mayores costos que legalmente reclamó el Consorcio, ¿podrían votar afirmativamente haciendo pesar la Ley Orgánica como fuente de razón y justicia?

3- A casi veinte años, dos décadas de hegemonía de la empresa Trébol, ¿qué dirigente político puede demostrar que el servicio es bueno o adecuada para la población?

4- La gestión de Mariano West y luego la de Walter Festa, no obligaron “legalmente” a que Consorcio Trébol respete los puntos novedosos de un pliego revolucionario; a) bateas donde el camión no puede ingresar; b) Auditoría externa y de control que ejecutaba el gobierno y pagaba la empresa; c) Mostrar la zona pública (Cuartel V) como ejemplo de “municipalización del servicio”.

5- Mariel Fernández puede y debe ejercer control y cumplimiento del contrato, aplicar descuentos y multas y, con herramientas que están en el Pliego de Bases y Condiciones rescindir el INSTRUMENTO MILLONARIO que quiere gozar de buena salud en plena crisis.

Si casi veinte años no es nada, hay que Volver al inicio cuando Trébol asume el control y el primer año (2001) factura 9.500.000 pesos habiendo presupuestado la gestión West alrededor de 6.000.000 pesos. Hubo reclamos, presentaciones institucionales, pedidos de informes y una denuncia penal que realizó el concejal mandato cumplido Carlos López.

Nada alteró el status quo. En diciembre, cuando Festa deje el gobierno, el precio del contrato anual podrá estar arriba de los 700 millones de pesos o, como marca el manual de estilo en una economía verde… unos 12.200.000 dólares.