El desfinanciamiento universitario dejó de ser una situación coyuntural y se convirtió en una política estructural. La Secretaria de Administración de la Universidad Nacional de Moreno, Florencia Gosparini, en una política estructural. El presupuesto 2027 profundiza una caída que comenzó en 2024: universidades nacionales, ciencia y técnica y CONICET aparecen entre las áreas más afectadas. En la UNM, el impacto se traduce en pérdida del poder adquisitivo, mayores costos de funcionamiento y menos recursos para sostener becas y proyectos.
La motosierra dejó de ser un recurso discursivo de campaña. Desde 2024, el ajuste sobre el Estado comenzó a expresarse en partidas presupuestarias, salarios, programas discontinuados y menor capacidad para sostener políticas públicas. En las universidades nacionales, ese proceso adquiere una dimensión particular: mientras aumentan los costos de funcionamiento, los recursos que llegan desde el Estado nacional pierden capacidad de respuesta.
Florencia Gosparini, Secretaria de Administración de la Universidad Nacional de Moreno, sostiene que lo que comenzó en enero de 2024 como una fuerte caída presupuestaria se transformó, con el paso de los años, en un esquema estructural.
“Desde enero de 2024 el desfinanciamiento de la función educación se está volviendo estructural”, plantea. La comparación que realiza la UNM entre el presupuesto de 2023 y la propuesta de presupuesto para 2027 permite dimensionar el proceso: el presupuesto general sería un 25% menor que el de 2023, mientras que determinadas áreas registran caídas todavía mayores. CONICET, señala, cae un 43%; las universidades nacionales, un 25%; y ciencia y técnica, un 77%.
“Lo que vemos es que se está consolidando ese desfinanciamiento”, afirma Gosparini.
De 2023 a 2027
El dato que la secretaria de Administración considera central es la continuidad del proceso. No se trata solamente de comparar un año con otro, sino de observar una secuencia.
“Es sistemático, por eso decimos que es estructural”, explica.
En el caso de la educación superior, agrega otro dato: alrededor del 40% de las instituciones que integran el sistema universitario tienen menos de 25 años. Son universidades relativamente jóvenes que crecieron junto con la matrícula y ampliaron el acceso a la educación superior.
Sin embargo, mientras ese sistema se expandió, la inversión perdió peso.
Para el presupuesto 2027, la inversión en educación superior representaría apenas el 0,5% del Producto Bruto Interno, un porcentaje que Gosparini compara con el registrado en 2003.
“Estamos hablando de nuevas instituciones, crecimiento de la matrícula y caída del presupuesto universitario, de la inversión en educación superior”, resume.
El impacto llega a los salarios y a la luz
Para analizar el impacto concreto sobre las universidades, la UNM compara los recursos que el Estado nacional transfiere mensualmente a las 61 universidades nacionales.
En valores constantes, durante el primer semestre de 2026 el presupuesto destinado a salarios y gastos de funcionamiento fue un 30% menor que en el mismo período de 2023.
La consecuencia se observa en los trabajadores, pero también en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Un ejemplo concreto es la electricidad. Actualmente, la UNM destina alrededor de 30 millones de pesos mensuales al pago del servicio. El problema, explica Gosparini, no es solamente el monto nominal sino el peso que tiene ese gasto dentro de los recursos disponibles.
En enero de 2024, la electricidad representaba aproximadamente el 10% de los gastos de funcionamiento que recibía la Universidad. Hoy se acerca al 30%.
Y hay una aclaración fundamental: eso no significa que el Estado nacional esté cubriendo el 30% del costo de la electricidad. El porcentaje refiere al peso que ese gasto tiene sobre un presupuesto que prácticamente no acompañó el incremento de los costos.
Becas: el ajuste también se mide en boletos de colectivo
El deterioro presupuestario también puede medirse desde la vida cotidiana de los estudiantes y becarios.
La UNM compara el poder adquisitivo de las becas Progresar tomando como referencia el costo del transporte. En 2023, una beca podía equivaler a unos 370 boletos de colectivo. Actualmente, alcanza para alrededor de 30.
En las becas destinadas a auxiliares graduados, la relación también se deterioró: de aproximadamente 1.000 boletos de colectivo a cerca de 200.
El dato permite observar un doble movimiento: menos recursos institucionales y menor capacidad de esos recursos para sostener las condiciones de quienes estudian, trabajan o investigan en la Universidad.
“La universidad está en pie”
Frente a este escenario, Gosparini coloca otro concepto en el centro: la comunidad universitaria.
La UNM continúa incorporando estudiantes, graduando profesionales y desarrollando proyectos. La Escuela Secundaria Politécnica se prepara para su primera colación y la Universidad avanza con nuevas iniciativas, entre ellas la Expo y el desarrollo del edificio laboratorio.
“La universidad está en pie y sigue presente por su comunidad universitaria”, sostiene.
Docentes, no docentes, estudiantes y graduados constituyen, para la secretaria de Administración, la principal herramienta para sostener la institución en un contexto adverso.
En la UNM, esa comunidad supera las mil personas entre docentes y no docentes.
“Nos estamos volviendo más creativos”, dice Gosparini. No como una elección estética, sino como una necesidad frente a un presupuesto que no alcanza para cubrir todas las demandas.
La pregunta sobre si los recursos actuales permiten sostener Abogacía, Diseño y la Escuela Secundaria Politécnica recibe una respuesta directa:
“No, no lo podemos cubrir y por eso nos volvemos muy creativos”.
La ley de financiamiento y las rendiciones
En este punto aparece uno de los conflictos centrales entre las universidades y el Gobierno nacional: la ley de financiamiento universitario.
Gosparini sostiene que las universidades cumplen con los mecanismos de rendición establecidos por la legislación vigente.
“Tenemos todos los procesos de rendición de cuentas en función de la Ley de Administración Financiera y Control y de nuestra propia autonomía”, explica. La Universidad presenta las rendiciones correspondientes ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias y, según afirma, todo lo solicitado se encuentra rendido.
El problema, agrega, no pasa por una falta de rendición sino por la decisión del Gobierno nacional de discontinuar programas específicos vinculados con la extensión universitaria y la ciencia y técnica.
“Todo lo que se nos ha pedido rendir, lo hemos rendido. Y eso es importante también que todo el mundo sepa: ahí no hay nada oscuro”, afirma.
Las puertas no se cierran
La posibilidad de que las restricciones presupuestarias terminen afectando la continuidad de las actividades aparece en la conversación. Gosparini es tajante: las puertas de la Universidad no se van a cerrar.
“De ninguna manera”, responde.
La estrategia es sostener lo que existe, priorizar objetivos y continuar disputando recursos. También participar de las movilizaciones y reclamos del sistema universitario, como la marcha prevista para el 15 de octubre.
La tensión está planteada: una Universidad que recibe menos recursos, enfrenta costos crecientes y pierde poder adquisitivo, pero que al mismo tiempo continúa incorporando estudiantes, formando profesionales, graduando estudiantes de la Escuela Secundaria Politécnica y desarrollando infraestructura.
Gosparini reconoce la complejidad del escenario y, al mismo tiempo, reivindica la capacidad de la comunidad universitaria para sostener la institución.
“Desde enero de 2024 nuestra capacidad de creatividad ha crecido fuertemente”, dice.
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