Quien gobierna tiene la obligación de explicar sus actos. No alcanza con la consuetudinaria propaganda, la construcción de imágenes ni la prolífica estructura de comunicación que recubre la administración municipal. También debe rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de dinero afectado a una finalidad tan sensible como la educación.
El Fondo Educativo ofrece una oportunidad para hacerlo. Y también expone una contradicción política difícil de disimular.
Mariel Fernández, una de las protagonistas de El Morenazo, está inhabilitada por decisión propia para asegurar que la mayoría de las escuelas de Moreno son seguras y dignas. Por supuesto, la responsabilidad principal sobre el sistema educativo corresponde a la Provincia de Buenos Aires. Pero esa competencia no exime al Municipio de explicar qué hizo con los recursos que recibió específicamente para contribuir al mejoramiento de la infraestructura y las condiciones de funcionamiento de los establecimientos escolares.
Si hubiera existido un objetivo articulado, sostenido y permanente en esa dirección, ¿quién podría dudar de que La Capitana exhibiría hoy la infraestructura escolar, el antes y el después de su conquista del poder, una carta poderosa en su aspiración de Gobernadora?
El enésimo informe periodístico sobre el tema no constituye una denuncia aislada. Expone una certeza que surge de la propia documentación contable municipal: para el Departamento Ejecutivo, el compromiso de construir escuelas seguras y dignas no parece haber sido una prioridad política ni presupuestaria. Más aún, la administración de Mariel Fernández reproduce prácticas que el propio espacio político cuestionó con dureza durante las gestiones de Mariano West y Walter Festa.
Los números del Fondo Educativo
El Fondo de Financiamiento Educativo que administra la Municipalidad de Moreno continúa registrando gastos que no responden estrictamente a su finalidad específica. Así lo plantea el análisis de la ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre de 2026, pese a la existencia de disposiciones que regulan el destino de estos recursos.
La administración municipal parece apoyarse en la posibilidad de obtener, una vez más, una dispensa al cierre del ejercicio, como ocurrió anteriormente, en el marco de la emergencia presupuestaria provincial y las autorizaciones excepcionales para aplicar fondos afectados a otros gastos.
Pero ese eventual perdón no modifica el problema de fondo: se insiste y profundiza una modalidad de utilización de recursos que debería estar sujeta a una explicación pública rigurosa.
El cuestionamiento no se limita a la cantidad de dinero que termina fuera de la finalidad educativa. También alcanza a la naturaleza de las erogaciones. No todos los gastos imputados al Fondo corresponden necesariamente a intervenciones en establecimientos escolares, tal como exige su objeto.
Entre los conceptos observados aparecen gastos recreativos, culturales y deportivos, además de obras y mejoras en instalaciones culturales, artísticas o universitarias. En esa categoría se ubican, por ejemplo, las erogaciones destinadas al acondicionamiento del Centro Universitario UNA y al sostenimiento de las diplomaturas que precedieron al reconocimiento de la intendenta como personalidad destacada de la cultura por parte de esa misma universidad.
La pregunta es inevitable: ¿qué relación tienen esas erogaciones con las necesidades de infraestructura de las escuelas de Moreno?
$47.433 millones fuera de la finalidad educativa
La dimensión económica del cuestionamiento aparece en el cuadro y gráfico elaborados a partir de información oficial de la Municipalidad.
A valores constantes de septiembre de 2026, entre 2020 y el tercer trimestre de este año, los ingresos del Fondo Educativo totalizaron $109.506 millones, equivalentes a unos 71,3 millones de dólares.
Sin embargo, los gastos efectivamente imputados al Fondo alcanzaron los $59.731 millones, aproximadamente 38,9 millones de dólares. Esto representa alrededor del 54% de los recursos ingresados.
Al considerar los saldos de caja iniciales y al cierre del período analizado, el cálculo presentado identifica $47.433 millones en pagos correspondientes a finalidades ajenas al Fondo Educativo. Una cifra equivalente a 32,1 millones de dólares, según la conversión utilizada en el informe.
En otras palabras, casi siete años de administración municipal dejan una pregunta política y presupuestaria que el Ejecutivo todavía debe responder: ¿por qué semejante volumen de recursos afectados no se tradujo en una inversión educativa acorde con los fondos recibidos?
En 2026, apenas uno de cada tres pesos tuvo destino educativo
La rendición del tercer trimestre permite observar la situación del ejercicio actual a valores corrientes.
Durante 2026, el Fondo recibió $12.425 millones y contaba con un saldo inicial de caja de $1.329 millones. De esta manera, los recursos disponibles ascendieron a $13.754 millones.
Al cierre del período, el saldo de caja era de $2.646 millones. La ejecución financiera informada registra pagos por aproximadamente $11.107 millones.
De ese total, apenas $3.161 millones corresponden a gastos imputables a la finalidad del Fondo. Los restantes $7.946 millones fueron destinados a otros conceptos.
La proporción vuelve a encender las alarmas: por cada peso destinado a gastos educativos específicos, se utilizaron aproximadamente otros $2,62 para cubrir erogaciones ajenas a esa finalidad.
El dato adquiere mayor dimensión cuando se lo relaciona con el estado de las cuentas municipales. Según la misma rendición, el déficit acumulado sobre base devengado representa el 22,4% del gasto ejecutado.
Así, el Fondo Educativo aparece también como una fuente de financiamiento para sostener las visibles y promocionadas políticas municipales.
El discurso y la rendición de cuentas
La discusión no se resuelve con una disputa de competencias entre Provincia y Municipio. La responsabilidad provincial sobre el sistema educativo no elimina la obligación del gobierno local de explicar el manejo de los recursos que recibe con una asignación específica.
La administración de Mariel Fernández construyó buena parte de su identidad política alrededor de la presencia del Estado, la defensa de la educación pública y la promesa de transformar las condiciones de vida en los barrios de Moreno.
Pero cuando se observan los números del Fondo Educativo, el relato necesita algo más que comunicación institucional: requiere explicaciones, documentación y resultados verificables.
Después de los sucesivos permisos excepcionales para utilizar fondos afectados en otras finalidades, los incumplimientos parecen haberse convertido en una práctica habitual. Las reglas que deberían ordenar el destino de los recursos corren el riesgo de quedar reducidas a un formalismo sin consecuencias.
Las escuelas siguen esperando. Y el gobierno municipal tiene una obligación que no puede delegar en la Provincia, en la propaganda ni en las fotografías de gestión: explicar qué hizo con el dinero que debía contribuir a que las instituciones sean seguras, confortables y dignas.
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