La movilización por justicia para Gonzalo Tamame, asesinado en la comisaría primera de Olavarría, terminó con tres personas detenidas: Agustín Mestralet, Lautaro Méndez y Katerina Pereyra, en un claro intento del gobierno provincial de criminalizar la protesta. Mestralet y Méndez son militantes del Partido Obrero. La detención se dio cuando la marcha había finalizado y los manifestantes se retiraban en paz, lo que refuerza que se trató de una provocación represiva contra quienes alzan la voz contra el accionar asesino de la Bonaerense.
En la madrugada del miércoles Gonzalo Tamame fue detenido, golpeado en la calle y trasladado a la Comisaría 1ra de Olavarría; adentro continuaron las golpizas y Gonzalo apareció muerto tres horas más tarde en una celda. La versión oficial intenta imponer un suicidio, pero la familia y los vecinos de Olavarría afirman que fue asesinado. La comisaría bonaerense, nuevamente encubre un asesinato policial simulando un ahorcamiento.
Lo ocurrido en Olavarría se inscribe en una política general de represión, tortura y muerte dentro de las comisarías bonaerenses. Basta recordar la masacre de Pergamino en 2017, donde siete jóvenes fueron calcinados en la comisaría primera tras un incendio provocado por los propios policías, que cerraron las celdas con candado. Ninguno de los responsables está preso. O el caso de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en 2020 cuando viajaba hacia Bahía Blanca en plena pandemia y fue interceptado por efectivos de la Bonaerense. Su cuerpo apareció meses después en un cangrejal, con signos de violencia y manipulación, pero el caso fue rápidamente archivado. Lo mismo sucedió con Daiana Abregú en Laprida, hace apenas tres años y con Sofía Fernández, joven trans asesinada en una comisaría de Pilar en 2023.
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