LA JUSTICIA ALLANÓ LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PASFIN S.A –
¿Cuánto peso jurídico tienen las denuncias que analiza el fiscal Lorenzo y que nacen a pocas semanas de la intervención del Consejo Escolar de Moreno? ¿Hubo fraude, robo, estafa y una asociación ilícita conformada para quedarse con dinero que corresponde a los alimentos que deben recibir los alumnos /as de las escuelas de Moreno?
La respuesta tiene un capítulo centrado en conseguir evidencias para ser contrastadas con los documentos que presentó el denunciante. Eso explica el pedido de la UFI N° 4 al Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de la Dra. Adriana Julián consistente en librar una orden de allanamiento y secuestro de papeles en poder de la empresa PASFIN S.A, indicada en la denuncia original como parte de una asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos y secuestros en la empresa PASFIN S.A ya integran el proceso de investigación judicial. Los mismos se produjeron a comienzo de esta semana de diciembre, lo que representa a priori, un diáfano reconocimiento de la fiscalía actuante sobre la probable comisión de delitos que surgen de documentos, fechas, pagos y testimonios obtenidos al momento. Los remitos originales y los adulterados parecen una pieza relevante para dar inercia a la causa judicial que tiene su tiempo y su forma.
La Dra. Adriana Julián interpretó los fundamentos y los elementos probatorios que existen hasta ahora. Decidió acompañar el pedido del fiscal Gabriel Lorenzo que avanza firme en el proceso de investigación. Los allanamientos se produjeron en los dos domicilios que acredita la empresa PASFIN S.A, calle El Ceibo N° 170 y calle Directorio 1491, pertenecientes a la localidad de Haedo.
El requerimiento dejó como primer saldo el secuestro de libros contables, facturas, remitos, contratos de licitación, teléfonos celulares y computadoras. Efectivos de la Jefatura Distrital de Moreno cumplieron con la medida judicial el lunes 11 de diciembre.
No se puede asegurar que esta acción judicial del Dr. Lorenzo impulsó al consejero escolar Jorge “Pol” Almada a buscar esa herramienta prevista en el Código Penal. Con un buen asesoramiento legal (tiene un abogado muy reconocido en Morón), Almada llevó al Juzgado de Garantías N° 1 (Dra. Adriana Julián) su pedido de eximición de prisión (Artículo 185 Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).
Es la magistrada quien debe “evaluar” la potencialidad de los delitos que están bajo análisis y en ese marco valorar si el consejero Jorge “Pol” Almada puede entorpecer la investigación o fugarse, lo que se denominan “peligros procesales”.
La Dra. Julián tiene tres días para aceptar o rechazar la eximición de prisión. De acuerdo a la decisión, tanto el consejero escolar como el fiscal Lorenzo están en condiciones de apelar.
Jorge “Pol” Almada, con su abogado, muestra la carta y quiere evitar la privación de su libertad.
La fiscalía bajo el mando del Dr. Lorenzo evalúa documentos, otorga verosimilitud a pruebas presentadas, obtenidas, analiza las conveniencias y los vínculos de actores públicos con una empresa privada, es decir, construye nuevas medidas y el camino que determine la verdadera tipificación de los delitos que se habrían cometido en el Servicio Alimentario Escolar.
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