La basura: una decisión política

ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL HCD Y PRIMERA SANCIÓN ECONÓMICA A LA EMPRESA –

Sin matices ni justificaciones, dícese de Mauricio Macri que es un gobierno que protege y preserva el interés de las empresas y el sector privado porque consagra el interés de su clase. El señalamiento parte de la izquierda, de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador porque sobran los ejemplos de ese modelo que nada tiene de nacional y popular. Tamaño emprendimiento contempla y ejecuta lo que se denomina ajuste, golpe económico y social a las clases, media y baja, para alcanzar la normalidad y el equilibrio que el «mundo le demanda a Argentina».

A grandes rasgos esa caracterización respira en todos los espacios anti Macri y no tiene fisuras. 

Pero ¿qué ocurre cuando las acciones locales tienen un parecido notable a aquello que se critica y denuncia arriba?

No es patrimonio de Festa lo que algunos llaman contradicción. El modelo y sistema que se apoya casi exclusivamente en el sector privado para «resolver» los problemas públicos se acentuó en los años 90 para consolidarse (en Moreno) durante la bautizada «Década Ganada». Transportes La Perlita y Consorcio Trébol son dos pruebas irrefutables del «derecho adquirido». Por supuesto que tienen objetos opuestos en la prestación de servidores públicos: La Perlita es morenense y paga un canon por usar las calles; El Trébol es ícono de la cartelización de la recolección de basura domiciliaria y el pueblo de Moreno paga por ese servicio.

Desde el año 2001 y hasta el 2015, gestiones de West, Arregui y West, El Trébol sólo recibió una nota de descuento por servicio no prestado por el valor de 65 mil pesos. Eso equivale a decir que nunca hubo deficiencias, jamás llovió, no existieron medidas de fuerza del gremio de Camioneros, por lo tanto las frecuencias de las unidades de El Trébol se cubrieron perfectamente en esa década y media.

Es de valor político recordar aquel pago de 60 mil pesos que corresponde al año 2013:

https://desalambrar.com.ar/arc/Nada-es-Perfecto

Cuatro años después o en el tercer año de la gestión Festa, más precisamente el 20 de diciembre a las 14 horas, el gobierno aplica una multa a Consorcio Trébol de 4.861.568 pesos que corresponde al mes de noviembre del año 2017.

Si esa es la comparación única, lo que hizo West y lo que ejecuta Festa respecto a Trébol, no hay comentarios porque las diferencias en tiempos y en dinero son evidentes.

La cuestión central no está allí sino en lo que se llama poder de control, evaluación de cumplimiento del contrato vigente, descuento por no levantar la basura y multas cuando hay una repetición de los incumplimientos. Por ejemplo, el ex Secretario de Infraestructura (Roberto Gaudio), entregó a Desalambrar el expediente conformado y concluido por un monto de descuento de 2.829.907 pesos y que corresponde al trabajo de fiscalización del mes de marzo de 2017 (los días 13 y 14 de marzo). ¿Qué pasó con ese descuento?

Los documentos oficiales y las medidas aplicadas, que no son menores, exigen mayor precisión y todo tipo de explicaciones. El miércoles 19 de diciembre en la última sesión ordinaria del año, el debate y discusión sobre el reconocimiento de 9 millones de pesos de deuda a favor de Consorcio Trébol ratificó la vigencia de un asunto millonario. Los reclamos de algunos concejales de Unidad Ciudadana y CAMBIEMOS, fundamentalmente, estaban fundados en hechos: se creó una Comisión Especial y la intendencia no mandó ni siquiera el contrato para que los concejales puedan investigar al Consorcio. En ese contexto hay una readecuación presupuestaria de 244 millones de pesos (año en curso) y la mitad se destina a Consorcio Trébol.

Una semana después de ese regalo, llega el reconocimiento de deuda del segundo semestre del año 2017 por un monto de 9 millones de pesos. Sale aprobado el «trámite» con voto nominal (vea los nombres):

Unidad Ciudadana: Barreiro, Osorio, Gómez, Vargas, Leggiero, Castillo, Chiquè (NdR: ausente Marcelo García)

Frente Renovador: Néstor Joao, Carlos Capizzi, Gorosito y Débora Galán.

Moreno Vive – CAMBIEMOS: Néstor Giménez

Estos son los 12 concejales que entendieron que el principio de legalidad, el respeto por el contrato y las cláusulas vigentes, justifican y legitiman el reconocimiento de toda deuda con la empresa Trébol. Son los aprobaron un aumento de 122 millones de pesos, (dos semanas atrás) y los que en la última sesión del miércoles 19 de diciembre «rechazaron la moción de interpelar a los funcionarios del Ejecutivo ante el caso Trébol».

La lista de legisladores que se definen en la línea de legitimidad, defensa de los intereses del pueblo de Moreno y en contra del poder empresarial abusivo, los que hablan de un negocio, robo, sinverguenzada y arreglo, son:

Unidad Ciudadana: Cintia González, Sandra Cruz, Martín Fraiz, Marcelo Cosme

CAMBIEMOS: Gisele Agostinelli, Claudia Asseff, Jorge Kartofel y Dolores Fábregas (NdR: Bibiana Atala está con parte médico. Mariano Cais estuvo en labor parlamentaria pero no ingresó al recinto)

COPEBO: Karina Álvarez

Con el diario del lunes y a modo de juego: ¿cambiaba el extenso debate si los ediles tenían el descuento de 5 millones de pesos aplicado a la empresa al momento de votar un reconocimiento de deuda por 9 millones de pesos, todo correspondiente a una parte del año 2017?

El modelo público basado en la fuerte intervención privada es inocultable. Está el Trébol, La Perlita, como herencia recibida. Con Festa llegó TIPSA (encargada de ubicar a los morosos incobrables) y Tallión obtiene en diciembre su lugar como empresa de Estacionamiento Medido.

Entre el modelo nacional – provincial y local hay diferencias. Por historia, recorridos y pertenencias, no hay dudas sobre ello, pero en las prácticas hay algunas coincidencias imposibles de desconocer.

Como suele decirse en voz baja y alta, la única verdad es la realidad.

Termina el año de ajuste. Ya comienza la campaña electoral.