La política de asistencia para quienes no tienen acceso a la red de gas atraviesa un proceso de transformación que, según advierten organizaciones de usuarios y consumidores, terminó convirtiendo el acceso al subsidio en un recorrido plagado de obstáculos.
Ricardo Vago, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, explicó a Desalambrar que la situación afecta especialmente a los sectores más vulnerables de Moreno y del conurbano bonaerense, donde miles de familias utilizan la garrafa no solo para cocinar, sino también como una herramienta indispensable para calefaccionarse.
“Es el sector de la sociedad más vulnerable porque no tiene acceso al gas y la garrafa en los barrios populares, en los barrios de Moreno y en todos los que tienen bajo nivel de aislación de las casas. Calentarse es esencial y la garrafa cumple un rol de cocina y también de calefacción”, señaló.
Durante años funcionó el Programa Hogar, destinado a familias que cumplían determinadas condiciones socioeconómicas. El sistema contemplaba la cantidad de integrantes del hogar y permitía acceder a un determinado número de garrafas, con un esquema de subsidios destinado a quienes no contaban con gas de red.
Según explicó Vago, ese mecanismo fue deteriorándose hasta llegar al actual esquema de subsidios focalizados. La modificación estableció una nueva inscripción y una serie de requisitos que, en la práctica, funcionan como filtros para quienes necesitan acceder a la asistencia.
El subsidio previsto actualmente ronda los $9.300, una cifra que representa aproximadamente un tercio del valor de una garrafa, cuyo precio se ubica alrededor de los $28.000. Para acceder, los beneficiarios deben volver a inscribirse en el registro correspondiente y cumplir una serie de condiciones.
Uno de los principales obstáculos señalados por la Asociación de Usuarios es que quienes ya habían sido incorporados a programas anteriores no fueron automáticamente incluidos. Los beneficiarios de la garrafa debieron realizar una nueva inscripción y, entre otros datos, aportar el número de expediente correspondiente a la inscripción anterior.
“Es como un conjunto de filtros pensando para que se vaya eliminando gente”, sostuvo Vago al describir el funcionamiento del nuevo sistema.
Un subsidio condicionado a tener tecnología y banco
El problema no termina con la inscripción. Para efectivizar el subsidio, el beneficiario debe contar con una cuenta en el Banco Nación, un teléfono celular compatible con la aplicación bancaria y utilizar el sistema de pagos establecido para realizar la compra.
Además, la garrafa debe adquirirse en un punto de venta habilitado.
Esta condición introduce una dificultad adicional en barrios donde la comercialización habitual se realiza en almacenes, supermercados u otros comercios que exhiben las garrafas en la vía pública, pero que no necesariamente forman parte del registro de vendedores habilitados.
Según Vago, en todo el país existen alrededor de 350 puntos de venta habilitados, mientras que unas 220.000 personas aparecen como potenciales beneficiarias del subsidio.
En Moreno, la Asociación de Usuarios cuenta con un registro de 15 lugares habilitados para la comercialización.
La distancia entre el beneficiario y el punto de venta también puede convertirse en una barrera. Vago puso como ejemplo localidades donde existe un único lugar habilitado, lo que obliga a trasladarse con la garrafa vacía y luego regresar con la cargada. Para una familia que no tiene vehículo, ese viaje implica sumar el costo de un remis u otro medio de transporte.
El problema de diseñar una política desde el escritorio
Para Vago, el punto central no es solamente el monto del subsidio, sino la forma en que fue diseñado el mecanismo para acceder a él.
La asistencia existe formalmente, pero las condiciones para obtenerla pueden terminar dejando afuera a una parte importante de quienes necesitan la ayuda.
“Es mucho más fácil en un lugar más chico, donde hay menos gente, está siempre la estación de servicio y puede haber un lugar habilitado. Pero hay muchas más ciudades que 350 lugares de venta”, planteó.
El dirigente de la Asociación de Usuarios cuestionó así una lógica de administración de los recursos públicos centrada exclusivamente en el cierre de las cuentas.
“Se optimizan los sistemas para lograr el cierre de los números macro, pero esos cierres de los números implican cerrarles las alternativas de vida que tienen los sectores más carenciados”, afirmó.
La situación adquiere particular relevancia durante los meses de invierno, cuando la garrafa deja de ser únicamente un insumo para cocinar y pasa a cumplir una función esencial para la calefacción.
El planteo de la Asociación de Usuarios apunta, finalmente, a una discusión que excede el valor nominal del subsidio: si una política pública destinada a los sectores más vulnerables puede considerarse efectiva cuando las condiciones para acceder a ella son tan complejas que terminan expulsando a parte de sus destinatarios / as.
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