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DE LO GENERAL A LO PARTICULAR –

Gabriel Castillo, dirigente gremial y político, docente en el Bachillerato Popular El Cañón y en la escuela Molina Campos, afirma un aspecto no saldado: «Desde el año 2011 no se cumplan en la Argentina los 12 puntos de habitabilidad que surgen del Acta Acuerdo (paritaria nacional) cuando esos puntos establecen las condiciones mínimas de habitabilidad en un establecimiento educativo».

Teniendo en claro que «lo mínimo es lo opuesto a lo máximo», Castillo apunta a las autoridades distritales (inspectores) y funcionarios (provinciales) porque «desconocen el Comité de Crisis convertido hoy en Comisión de Seguimiento, pero también por parte de muchos directivos que, ante las presiones y exigencias de inspectores, optan por cambiar la dirección del conflicto, esto es, ya no se apunta más a la intervención en manos de Politi sino que se traslada al interior de cada comunidad».

«La asamblea de directores autoconvocados y el Acampe, dejaron de actuar y ser actores del conflicto, y eso deriva a que las autoridades dejen de negociar con representaciones del colectivo de las comunidades educativas, de las organizaciones sociales y sindicales, sino que lo hacen individualmente con cada escuela», expresa Castillo para detallar cómo la Provincia hace valer TRES puntos de SEGURIDAD, lo que provoca en el interior de las escuelas conflictos entre padres».

¿Por qué el parche edilicio es permitido, aceptado o impuesto?

La Molina Campos es un terreno de reconocimiento porque cuenta con Centro de Estudiantes, docentes definidos en defensa de la educación y de todos /as los trabajadores. Sin embargo, esa fuerza no pudo impedir que «la escuela se abra con algunos cursos (el establecimiento tiene dos sedes) porque la Jefatura Distrital impuso la apertura en cinco aulas que no tienen pérdidas de gas, cuentan con sistema eléctrico seguro y agua potable».