La intendenta había anticipado que, si quedaban zonas desiertas, el Municipio podía avanzar con una empresa público-privada para garantizar el servicio. Cinco días después, el Ejecutivo ingresó el expediente para crear Vía Moreno SAPEM. Ahora aparecen las preguntas sobre el capital, los socios privados, las inversiones, la conducción y los tiempos para ponerla en marcha.
Si se observa la secuencia de fechas, el 5 de septiembre la intendenta publicó en sus redes un mensaje en el que destacó el resultado del primer llamado a licitación para dividir el transporte municipal en tres zonas. Una empresa, Panamericana S.R.L., originaria de la provincia de San Luis, había presentado oferta para una de ellas. Las otras dos quedaron desiertas. La información publicada posteriormente sobre el proceso confirma que hubo un único oferente y que dos de las tres zonas no recibieron propuestas.
En aquel mensaje, Fernández explicó que la división territorial constituía la herramienta elegida para terminar con el monopolio de La Perlita. Según su propio relato, la idea de dividir el territorio había surgido de una conversación con el fundador de la empresa, el señor Prieto, y el oficialismo la convirtió en una de las banderas centrales de la transformación del sistema.
Pero hubo otro dato relevante.
La Capitana de Moreno planteó que, si alguna de las zonas quedaba sin oferentes, el Estado municipal podía avanzar en la conformación de una empresa público-privada. Nada de espaldas al pueblo, diálogo abierto con los sectores concentrados ya que comprometió la realización de reuniones para buscar acuerdos y resolver el conflicto alrededor del nuevo esquema.
Cinco días después de aquel anuncio, el 10 de septiembre, la Secretaría de Gobierno, a cargo de Nahuel Berguier, ingresó el expediente N.º 4078-290402-S-2026, mediante el cual se propone crear la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria denominada “Vía Moreno SAPEM”.
El objeto propuesto para la sociedad es amplio: prestación, administración, gestión, organización, comercialización, mantenimiento y desarrollo de servicios vinculados con el transporte público de pasajeros y la movilidad de personas, especialmente dentro del partido de Moreno.
La secuencia política es difícil de soslayar: primero aparece la posibilidad de una empresa público-privada como respuesta eventual a las zonas desiertas; después, el expediente para constituir formalmente la sociedad.
La magnitud del desafío
La pregunta no es solamente política, jurídica o institucional. Es, fundamentalmente, económica.
El pliego establece para la Zona II una prestación que demanda 97 unidades, mientras que la Zona III requiere 95 colectivos.
Son 192 unidades.
Tomando como referencia un valor de entre USD 180.000 y USD 200.000 por colectivo 0 km, solamente la adquisición de esa flota representaría una inversión aproximada de entre USD 34,56 millones y USD 38,4 millones. La empresa VIA Moreno debe aportar el 51 por ciento.
Y eso es apenas el comienzo.
A la compra de los vehículos deben sumarse instalaciones, mantenimiento, repuestos, combustible, personal, seguros, tecnología, administración, infraestructura y capital de trabajo. El propio proceso licitatorio generó cuestionamientos empresarios por las exigencias de inversión y la incorporación de unidades 0 km.
Por eso, la creación de Vía Moreno puede ser leída, al menos en hipótesis, como una herramienta para cubrir las zonas que quedaron sin oferentes, pero también como una carta de negociación frente al escenario abierto por el fracaso parcial de la licitación.
El interrogante central es cómo pretende el Municipio transformar una decisión política en una empresa capaz de operar el servicio en la escala que exige el pliego.
Las cinco preguntas de Vía Moreno
La creación de una SAPEM abre, entonces, una serie de preguntas que el proyecto deberá responder.
1. ¿Cuál es el plan de negocios y de inversiones?
¿Qué inversión total se necesita para constituir Vía Moreno, adquirir la flota requerida y poner en funcionamiento el servicio? ¿Existe ya un plan económico-financiero que contemple los costos de puesta en marcha y la operación cotidiana?
2. ¿Quién aporta el 49% privado?
La sociedad contempla una participación estatal mayoritaria. La pregunta es cómo se constituirá el capital privado.
¿Habrá un procedimiento para ofrecer y suscribir ese 49%? ¿Se realizará una convocatoria pública? ¿Existe ya un eventual accionista privado identificado? ¿Ese socio aportaría capital, unidades, infraestructura y know how —el saber hacer necesario para operar el servicio—?
Y si existe un privado en consideración, ¿hay una negociación o un preacuerdo previo a la constitución de la sociedad?
3. ¿Cómo se financiará el 51% estatal?
El Municipio debería explicar de dónde surgirán los recursos para integrar el capital correspondiente a su participación mayoritaria y financiar la puesta en marcha.
La cuestión adquiere particular relevancia frente a la situación económico-financiera municipal y las dificultades para acceder a financiamiento.
4. ¿Quién representará las acciones municipales?
El proyecto establece una participación estatal mayoritaria, pero aparecen interrogantes sobre la representación concreta de ese capital.
¿Quién designará a los representantes de la Municipalidad? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué requisitos deberán reunir? ¿Cómo se controlará la gestión de quienes ejerzan la representación estatal dentro de la sociedad?
5. ¿Cuándo estará funcionando Vía Moreno?
El tiempo es probablemente el principal desafío.
El nuevo esquema de transporte tiene un horizonte inmediato y la concesión vigente se acerca a su vencimiento. El Municipio necesita definir si Vía Moreno será una herramienta de contingencia para cubrir las zonas que quedaron desiertas, una empresa destinada a operar estructuralmente el transporte municipal o ambas cosas.
La pregunta es cuánto tiempo demandará constituir la sociedad, integrar el capital, conseguir los recursos, incorporar unidades, contratar trabajadores, obtener las habilitaciones correspondientes y comenzar efectivamente a prestar el servicio.
Una empresa que nace en medio del problema
La licitación que pretendía terminar con el esquema concentrado del transporte recibió una sola oferta para una de las tres zonas. Panamericana S.R.L. es ahora parte de un proceso que todavía debe atravesar las evaluaciones previstas, mientras las otras dos zonas permanecen sin oferentes.
En ese escenario aparece Vía Moreno.
Puede ser una herramienta para garantizar la prestación. Puede convertirse en una sociedad de participación mixta con un socio privado, ¿quién será? Puede funcionar como instrumento de negociación. O puede terminar adquiriendo una dimensión mucho mayor y convertirse en un nuevo actor del transporte público local.
Todo eso dependerá de cómo se resuelvan las preguntas que hoy acompañan al expediente.
Mariel Fernández no debe ni quiere caer en una prórroga del esquema vigente y que el Estado debía tener capacidad para intervenir frente a los intereses concentrados.
Ahora el desafío es bastante más concreto: si Vía Moreno será la herramienta para evitar una prórroga, debe demostrar cómo se financia, quién la integra, quién la conduce y, fundamentalmente, cómo consigue los colectivos necesarios para salir a la calle.
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