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Los actos administrativos ratifican la decisión política, la mano de hierro. Hombres y mujeres, trabajadores /as municipales, que pertenecen a una organización del campo popular hermana del Movimiento Evita, recibieron las notas firmadas y selladas de un explícito pase a disponibilidad, una figura de la nefasta ley 11757 que ya no existe pero La Capitana no duda en aplicarla. Quienes se ven atacados y afectados en sus derechos, no tienen la menor duda en calificar que «están viviendo y padeciendo como una histórica política de persecución, amedrentamiento, disciplinamiento, abuso de poder e incumplimiento de la ley de trabajo vigente».

Hay un apellido puesto y marcado en el comunicado oficial de la Mesa nacional de la organización 25 de Mayo.

Hay una trabajadora despedida, decreto rubricado por Mariel Fernández y su Secretario de Gobierno Alberto Conca.

A quienes no pueden echar, dejar sin trabajo, les armaron un plan: pasillo en la Secretaría de Obras Públicas para ver pasar a la ingeniera María Giménez. Opción 2, camión en malas condiciones, unidad de traslado para limpieza en áreas definidas para la excluida cuadrilla de la 25 de Mayo Revolución.

Leonardo Barrios es trabajador municipal desde el año 2013. Maestro mayor de obras, desarrolló tareas técnicas y administrativas. Armó el mapeo de todo el parque lumínico del distrito.

Alexandra Kapp trabajaba municipal en la Delegación de Moreno, cumpliendo funciones administrativas desde hace un año y dos días. Treinta horas semanales y más por compromiso con la gestión.

Sergio Duarte, ocho años de prestación de servicios. Chofer municipal, equipo de maquinarias.

María Belén García Soler, trabajadora municipal administrativa, portadora de un apellido «señalado» por el gobierno de Mariel Fernández. Hace cinco años que integra el plantel municipal.

Vanina García Soler, ocho años de trabajo municipal, enviada al Obrador aún cuando se le había otorgado el pase a Salud.

Claudia Verónica Luengo, con tres años de militancia para la gestión actual, con siete meses de prestación en el Municipio, recibió el decreto de expulsión firmado por Alberto Conca y Mariel Fernández.