Walter Martello, segunda figura en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, escribió una carta denuncia porque el gobierno nacional, a través de una resolución, que solo se subsidiará la medicación si el costo supera un salario mínimo vital y móvil (SMVM), actualmente fijado en $279.718, y si existe un riesgo cierto de vida por una enfermedad terminal o crónica grave. En los demás casos, los afectados deberán gestionar una excepción, algo que en la práctica es inviable porque el área encargada de este trámite está vacante.
Es deber y derecho del Defensor del Pueblo trabajar enfrentar aquella política que afecta al pueblo.
Ricardo Vago preside la asociación morenense Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos. Lee y se conmueve porque lo escrito en un papel, llamése decreto ley, resolución o disposición, tiene un destinatario /a que sufrirá consecuencias. Peor aún resulta comprender que «personas que están anotadas en el estigmatizante registro de pobres e indigentes habrán de recibir menos derechos humanos para que la subsistencia sea un calvario 2.0».
Es un ejercicio PERMANENTE lograr captar la atención y entender la medida que sale de la órbita de asistencia social para ubicarse en la de salud. Ricardo Vago alcanza una síntesis pedagógica: «Una persona, si necesita un medicamento cuyo costo sea menor a 286 mil pesos el Estado nacional no lo cubre. Si supera ese primer obstáculo, deberá conseguir que autoridades sanitarias del municipio y provincia firmen un documento público donde asumen que no pueden ayudarlo. De alcanzar lo imposible tendrá la tarea de ingresar a las plataformas oficiales del Estado nacional para subir todo el trámite en menos de 72 horas».
Entrevista completa en Desalambrar Tv:
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