Trabajar de delivery: cuánto se gana, cuánto cuesta y cómo crece el endeudamiento

Katiuska Serrano / Pórtico 8

Con 7,9% de desempleo y más de un millón de trabajadores estimados en plataformas, el delivery gana peso como alternativa laboral.

La búsqueda de ingresos se transformó en los últimos años y, con ella, aparecieron nuevas formas de organizar el trabajo cotidiano. Para algunas personas, las aplicaciones representan una actividad de tiempo completo; para otras, una manera de complementar lo que obtienen de otro empleo. En ese escenario, el reparto se convirtió en una de las expresiones más visibles de una modalidad laboral que combina flexibilidad, ingresos variables y una serie de costos que muchas veces quedan fuera de la primera cuenta.

El panorama del mercado laboral ayuda a entender por qué estas alternativas ganaron espacio. Según el INDEC, la tasa de desocupación llegó al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% registrado en igual período del año anterior. Entre los más jóvenes, la diferencia es todavía más marcada. En el primer trimestre de 2026, la desocupación alcanzó al 15,5% de las mujeres de entre 14 y 29 años y al 14,6% de los varones de ese grupo etario, mientras que entre las personas de 30 a 64 años los registros fueron de 6,2% y 5,2%, respectivamente.

A esto se suma una tasa de empleo informal que llegó al 44,2% en ese mismo período. Así, el mercado laboral combina búsqueda de oportunidades, informalidad y distintas formas de inserción que no siempre ofrecen el mismo nivel de estabilidad.

Las plataformas digitales aparecen dentro de ese proceso como una alternativa que permite generar ingresos sin una jornada laboral predeterminada por un empleador tradicional. La posibilidad de conectarse durante determinadas horas, aceptar pedidos y combinar aplicaciones puede resultar atractiva tanto para quien necesita una fuente principal de ingresos como para quien busca sumar dinero a otra actividad.

La dimensión que alcanzó esta modalidad es difícil de medir con precisión porque las empresas no publican un registro unificado de trabajadores y, además, existen distintas formas de vinculación con las aplicaciones. Pese a ello, de acuerdo con estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), en 2020 había alrededor de 100.000 repartidores y conductores vinculados con aplicaciones, pero actualmente la cifra superaría el millón.

El crecimiento de esta actividad, sin embargo, no significa que el ingreso generado por cada entrega pueda equipararse directamente con el dinero que queda en el bolsillo. Para conocer esa diferencia hay que incorporar las horas trabajadas y, sobre todo, los gastos necesarios para mantenerse en movimiento.

Cuánto gana un repartidor y cuánto le queda después de trabajar Un indicador de Fundación Encuentro permite observar esa distancia. Un cálculo realizado para marzo de 2026 mostró que el valor promedio de un pedido de delivery fue de $3.165,20.

A partir de esa referencia, el organismo estimó cuántas entregas necesita realizar un trabajador para alcanzar distintos niveles de ingresos y afrontar determinados gastos.

Para cubrir la canasta básica de un hogar de cuatro integrantes, por ejemplo, son necesarios 453 pedidos. La cifra baja a 320 para alcanzar un ingreso individual promedio y a 147 para cubrir una canasta básica individual. En otros casos, se estimaron 250 entregas para pagar un alquiler promedio, 111 para alcanzar el salario mínimo y 13 para cubrir el monotributo.

La magnitud de esas cantidades permite dimensionar la extensión de la jornada. De acuerdo con el mismo estudio, completar los 453 pedidos mensuales requeriría cerca de 12 horas de trabajo por día. Con un día de descanso semanal, el ritmo necesario sería de unos 20 pedidos diarios; con dos jornadas libres, ascendería a aproximadamente 23.

Aún así, esos cálculos deben interpretarse como una referencia del ingreso bruto generado por los pedidos y no como un salario disponible. El indicador no contempla las propinas ni descuenta gastos esenciales para desarrollar la actividad, como combustible, mantenimiento, reparaciones o telefonía móvil.

La diferencia entre facturación e ingreso real es particularmente importante cuando la moto o la bicicleta constituyen la herramienta principal de trabajo. Cada kilómetro recorrido implica combustible, desgaste y mantenimiento. Incluso, una avería, un cambio de neumáticos o una reparación inesperada pueden representar un gasto significativo en una actividad cuyo ingreso depende directamente de la cantidad de horas que se permanece conectado; por lo que, a su vez, resulta relevante considerar alternativas de protección para motos o bicicleta.

Y es que en este tipo de trabajos hay que anticipar cómo afrontar económicamente situaciones que puedan interrumpir la labor. Juan Pablo Tito, Co Founder y CEO de ClickSeguros, plantea: “Cuando una moto es una herramienta de trabajo, es importante pensar también en aquellos escenarios que pueden afectar la continuidad de la actividad. No se trata de prever cada situación, sino de evaluar los riesgos y considerar distintas alternativas de protección de acuerdo con las posibilidades de cada trabajador. Contar con una planificación para estos imprevistos puede evitar que un evento puntual termine teniendo un impacto mayor sobre los ingresos”.

En medio de esto, el financiamiento aparece, precisamente, como otra pieza de esa ecuación. Un informe del Banco Central sobre proveedores no financieros de crédito reveló que la cantidad de deudores vinculados con las plataformas de la economía gig aumentó 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y volvió a crecer 122% durante 2025. Para los monotributistas que trabajan mediante estas plataformas, el saldo promedio de financiamiento se ubicó en torno a $900.000 a fines de 2025.

El destino de esos préstamos está estrechamente relacionado con la continuidad del trabajo. El BCRA señala que entre los usos posibles aparecen la compra o reparación de vehículos y equipamiento. En la cartera de plataformas gig, los trabajadores independientes representan más del 54% de los deudores y concentran más del 62% del saldo otorgado.

La particularidad es que las plataformas pueden utilizar información generada dentro de la propia aplicación para evaluar a quienes solicitan financiamiento. Antigüedad, actividad, pedidos aceptados y calificaciones forman parte de los elementos que pueden contribuir a construir un perfil crediticio. De esta manera, la misma actividad que genera ingresos puede convertirse en una fuente de información para acceder a crédito.

El mecanismo puede facilitar el acceso al financiamiento para personas que tienen dificultades para cumplir con los requisitos del sistema bancario tradicional. Pero, al mismo tiempo, incorpora una nueva obligación sobre ingresos que ya están condicionados por los costos de la actividad. En algunos casos, las cuotas se descuentan directamente de las comisiones obtenidas por los repartos, por lo que una parte de lo producido vuelve a destinarse al financiamiento de la propia herramienta laboral.

Qué cambia para los repartidores con la nueva regulación laboral

La situación laboral de quienes trabajan mediante aplicaciones tuvo además una modificación normativa durante 2026. La Ley de Modernización Laboral 27.802, publicada en marzo, incorporó un régimen específico para los servicios privados de movilidad y reparto mediante plataformas tecnológicas. La norma creó la figura del prestador independiente de plataformas tecnológicas y estableció que estos vínculos quedan fuera del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo tradicional.

El nuevo esquema reconoce la posibilidad de conectarse a las aplicaciones durante los horarios que cada prestador considere convenientes, aceptar o rechazar pedidos y trabajar para distintas plataformas. También permite elegir el medio de transporte utilizado, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Entre los derechos contemplados aparecen, además, la posibilidad de recibir explicaciones ante una suspensión o bloqueo de la cuenta, interactuar con operadores humanos y ejercer el derecho a réplica. La normativa incorpora asimismo la portabilidad de datos y establece capacitaciones gratuitas sobre el funcionamiento de las plataformas y seguridad vial.

Otro punto relevante está relacionado con los pagos, ya que los prestadores tienen derecho a recibir la totalidad de las propinas otorgadas por los usuarios. El régimen establece, por otra parte, obligaciones vinculadas con la registración tributaria, las responsabilidades fiscales y de seguridad social y el cumplimiento de las normas de tránsito.

La cobertura frente a accidentes ocupa un lugar específico dentro de este nuevo esquema. La ley establece que los prestadores deben acceder a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas, con una cobertura mínima que contempla fallecimiento accidental, incapacidad total o parcial permanente, gastos médicos y farmacéuticos y costos funerarios. La norma aclara, además, que la existencia de esta cobertura no constituye por sí misma un indicio de relación laboral.

Esta protección no debe confundirse con la cobertura asociada al vehículo utilizado para trabajar. Son dimensiones diferentes: una contempla los accidentes personales del prestador y otra se relaciona con los riesgos y obligaciones vinculados con la motocicleta. Para quien depende de ese vehículo para generar ingresos, ambas cuestiones forman parte de la planificación necesaria para sostener la actividad.

Cabe destacar que el nuevo régimen laboral agrega otra dimensión a esa realidad y establece reglas específicas para quienes trabajan mediante plataformas y define derechos, obligaciones y mecanismos de protección. El desafío, tanto para los trabajadores como para las empresas que participan de este modelo, consiste en que esa flexibilidad pueda convivir con condiciones que permitan sostener la actividad sin que cada imprevisto termine convirtiéndose en una nueva deuda.