El Concejo Deliberante de Moreno aprobó el viernes el tercer pliego para concesionar el transporte público. Fuerza Patria contó con el respaldo de María Selva Aguilar, del PRO, quien justificó su voto afirmativo por la necesidad de evitar que el servicio de pasajeros tal como está en la actualidad. La concejala cuestionó la premura del tratamiento y advirtió sobre exigencias que podrían desalentar nuevas ofertas, además de plantear dudas jurídicas sobre la zona ya adjudicada a Panamericana SRL.
El tercer pliego de transporte pasó por el Concejo Deliberante y consiguió los votos necesarios. El bloque mayoritario de Fuerza Patria y María Selva Aguilar, del PRO, acompañaron la modificación que vuelve a poner en marcha la licitación de las zonas que quedaron desiertas. La concejala que siempre se ha definido como «oposición responsable» eligió sostener el proceso para evitar que los usuarios de Moreno se queden sin servicio, aunque su exposición dejó un inventario de observaciones que el oficialismo todavía debe atender.
La discusión tiene un antecedente inmediato: el esquema licitatorio original dividió el partido en tres zonas, pero solo hubo una oferta, la de Transportes Panamericana SRL, empresa con sede en San Luis que resultó adjudicataria de la zona 1. Las otras dos zonas quedaron desiertas por el Decreto 3053/2026. Ahora, el Municipio propone dividir esas áreas en tres sectores más pequeños, con lo que el sistema pasará de tres a cuatro zonas.
Aguilar comenzó su intervención cuestionando el tiempo concedido para analizar un expediente que compromete la prestación de un servicio esencial durante los próximos diez años.
«Nos presentaron en comisión, el día miércoles pasado, este pliego de bases y condiciones para la concesión del transporte de las zonas 2, 3 y 4. Hoy, exactamente a 48 horas de presentado, lo estamos tratando», señaló.
Para la concejala, cumplir con el procedimiento administrativo no alcanza si no existe un debate profundo y decisiones suficientemente fundamentadas. Sin embargo, esa objeción no se tradujo en un voto negativo. La urgencia de resolver el transporte terminó pesando más que las críticas al tratamiento legislativo.
«Si nosotros hoy rechazamos este pliego modificado, va a seguir todo como está, quedando sin la posibilidad ni siquiera de las exigencias mínimas que trae este texto», argumentó.
Dividir las zonas para atraer empresas
La principal modificación consiste en dividir las dos zonas que quedaron desiertas en tres áreas de menor extensión. Para Aguilar, esa decisión puede facilitar el ingreso de nuevos operadores, reducir las inversiones iniciales y mejorar las posibilidades de control.
La concejala presentó tres argumentos para justificar el acompañamiento.
El primero es económico: al reducir la cantidad de unidades requeridas por zona y la inversión inicial, el Municipio podría ampliar la cantidad de empresas interesadas. «Más competencia es mejor precio y mejor servicio», resumió.
El segundo argumento apunta al control. Según Aguilar, fiscalizar operadores con flotas más pequeñas permitiría reducir el riesgo de que un incumplimiento empresarial afecte simultáneamente a una parte extensa del distrito.
El tercero es territorial. Las zonas pendientes de adjudicación comprenden áreas extensas y alejadas, como Trujui, La Reja, Cuartel V y Francisco Álvarez. La división, sostuvo, permitiría diseñar recorridos y frecuencias más ajustados a las necesidades de cada barrio.
La explicación acompaña la estrategia del Ejecutivo de Mariel Fernández: modificar las condiciones de la licitación después de que dos zonas quedaran sin oferentes. Pero el respaldo de Aguilar no fue un cheque en blanco. Su intervención enumeró correcciones valoradas positivamente y, al mismo tiempo, objeciones que pueden convertirse en nuevos obstáculos para el proceso.
Las correcciones que reconoce el PRO
Aguilar destacó que el nuevo texto corrigió aspectos cuestionados por su bloque durante el tratamiento anterior.
Uno de ellos fue la falta de especificación de la contraprestación correspondiente a la zona 1. En el esquema previo, las zonas 2 y 3 tenían obligaciones de inversión en infraestructura vinculadas al canon, mientras que no quedaba claro qué contraprestación correspondía a la primera. Según la concejala, la modificación eliminó ese punto y subsanó la inconsistencia.
También valoró el aumento de la garantía exigida a las empresas, que consideraba insuficiente en la versión anterior, y la flexibilización del artículo 31 sobre cesión, que incorpora al Concejo Deliberante en las autorizaciones correspondientes.
Entre los aspectos positivos mencionó, además, una mayor precisión del régimen sancionatorio, la confirmación de la Comisión de Control y la eliminación de la exclusión de trabajadores municipales con vehículo propio del beneficio de carga de la tarjeta SUBE.
Por último, señaló mejoras en las especificaciones técnicas de las unidades, como permitir cajas de velocidades automáticas o manuales. La obligatoriedad exclusiva de cajas automáticas, advirtió, podía dejar afuera a fabricantes nacionales.
El riesgo de exigir el 100% de unidades cero kilómetro
Una de las objeciones centrales de Aguilar apunta al programa de renovación de flota. El nuevo pliego exige que, al inicio del servicio, al menos el 50% de las unidades sean cero kilómetro y que, transcurridos los primeros treinta días, toda la flota cumpla esa condición. Las unidades restantes no podrán superar los cinco años de antigüedad durante el período inicial.
La concejala advirtió que esa exigencia endurece las condiciones después de que el propio proceso licitatorio ya registrara dos zonas desiertas.
«Si con un plan progresivo de 25 meses ya nos quedaron dos zonas desiertas, ¿se van a presentar empresas con el 100% cero kilómetro en 30 días?», planteó.
La concejala reconoció que los usuarios merecen unidades nuevas y consideró que la flexibilización de otras obligaciones podría justificar una mayor exigencia en materia de flota. Aun así, advirtió que las condiciones deben ser compatibles con el objetivo de conseguir oferentes.
Otra preocupación se refiere al artículo 27, sobre licitaciones desiertas. Sostuvo que el nuevo texto reemplazó una redacción más específica por otra genérica, pese a que su bloque había solicitado reglas claras para evitar incertidumbre sobre la continuidad del servicio si alguna zona vuelve a quedar sin adjudicar.
También señaló que se eliminó la cláusula que establecía que, ante la incorporación de nuevos empleados, al menos el 60% debía tener domicilio en Moreno. Aguilar recordó que su bloque había insistido en priorizar la contratación de trabajadores del distrito y pidió que esa condición vuelva a incorporarse.
La zona de Panamericana y una duda jurídica
El tercer cuestionamiento alcanza a la zona 1, ya adjudicada a Panamericana SRL. Aguilar advirtió que el nuevo pliego incorpora disposiciones sobre el régimen de paradas y otras obligaciones que abren interrogantes respecto de su aplicación al contrato vigente.
La representante del PRO preguntó si las nuevas exigencias —incluidas las relativas al personal domiciliado en Moreno y al programa de renovación de flota— podrían extenderse a la empresa adjudicataria mediante el mecanismo jurídico conocido como ius variandi, que permite introducir determinadas modificaciones en una relación contractual.
«¿No es modificarle las reglas de juego a una empresa ya adjudicada?», planteó.
La observación introduce una cuestión relevante para la implementación del nuevo esquema: cómo compatibilizar las condiciones de las futuras concesiones con las obligaciones asumidas en el contrato correspondiente a la zona 1.
Un voto afirmativo con advertencias
Al cerrar su intervención, Aguilar reconoció que el pliego no es perfecto, pero sostuvo que la división territorial reduce el riesgo de un nuevo fracaso licitatorio. Su bloque decidió acompañar en general, dejando asentada la preocupación por la premura del tratamiento y solicitando que se reincorpore la cláusula del 60% de trabajadores con domicilio en Moreno.
«Por responsabilidad y siendo consecuentes con nuestras anteriores posturas, no podemos permitir que Moreno se quede sin colectivos por una discusión reglamentaria», afirmó.
El voto del PRO le dio al oficialismo un respaldo político que excede el trámite administrativo.
La pregunta ya no es solamente cómo dividir las zonas para conseguir empresas interesadas. También es si las condiciones económicas, técnicas y jurídicas del pliego resultarán compatibles con ese objetivo.
Después de dos zonas desiertas, Moreno necesita que el transporte llegue a la instancia de adjudicación y se traduzca en un servicio efectivo para sus habitantes. El tercer pliego consiguió aprobación política. La competencia empresarial y la prestación del servicio todavía deben demostrar que la modificación alcanza para superar el fracaso anterior.
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