Por Lucía Guadagno / Periódico Digital Pausa
Con manifestaciones simultáneas en al menos 10 ciudades cordobesas, incluidas la ciudad capital, cientos de personas reclamaron ayer a los gobiernos provincial y nacional que tomen medidas urgentes para detener los incendios. En lo que va del año, el fuego arrasó con cerca de 100 mil hectáreas de bosque, pastizales y cuencas hídricas, y se cobró la vida de dos hombres. Al mismo tiempo, exigen la aplciación de leyes y políticas a mediano y largo plazo para proteger los ecosistemas y evitar que se repitan estos eventos devastadores.
Bajo la consigna “Todo fuego es político”, las concentraciones comenzaron cerca de las 11 en el Valle de Punilla y Sierras Chicas, y continuaron por la tarde en Córdoba Capital. “Se están superando record históricos de incendios. Hay focos que todavía no están controlados, es caótico”, contó Fabiana Flores, que vive en Villa Giardino e integra la asamblea de vecinos de Punilla.
Las principales demandas de la movilización fueron: exigir al gobierno provincial y nacional que apaguen los fuegos; participación ciudadana en el ordenamiento territorial del bosque nativo; la renuncia inmediata del director provincial de Defensa Civil, Diego Concha; un plan de manejo del fuego que contemple la prevención y presupuesto necesario; justicia por Cristóbal Varela Salas y José Roble, vecinos que murieron mientras intentaban combatir el fuego; inmediata actuación de las Fiscalías Públicas para tomar declaraciones a jefes de bomberos y evitar presiones ilegales para silenciar delitos; y que se cumpla la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo para preservar como bosque a perpetuidad todas las zonas incendiadas.
Mientras ocurrían las protestas, permanecían activos los focos de Punilla (La Cumbre, Villa Giardino, La Falda, Huerta Grande, Olaen y Tanti), Calamuchita (Villa Berna) y Río Cuarto (Alpa Corral), de acuerdo al reporte diario de incendios del Ministerio de Ambiente de la Nación. La provincia recibía el apoyo de 65 brigadistas enviados por el Gobierno nacional y esperaba la llegada de otros 45 bomberos de Santa Fe y Entre Ríos.
Responsables
El comienzo de los fuegos es intencional. Lo denuncian los vecinos y lo reconocen las autoridades. Sin embargo, el gobierno provincial asiste todos los años a la misma situación sin hacer prácticamente nada para evitarla, sino todo lo contrario. Este año, la sequía empeoró aún más los incendios, que se volvieron incontrolables.
Similar a lo que pasa en las islas del Paraná, en Córdoba los fuegos se inician para renovar la pastura para el ganado o para desmontar con el fin de extender las producciones agropecuarias o los desarrollos inmobiliarios.
A modo de ejemplo, propietarios de dos estancias en la región de Pampa de Achala son señalados como responsables de provocar 208 incendios en cuatro años. Se trata Alejandro y Francisco Becerra, denunciados en un informe periodístico de Sala de Prensa Ambiental. “Inician fuegos recurrentes para el rebrote de pastos que engordan su ganado, en la alta montaña cordobesa”, explica el artículo.
A la intencionalidad de los privados se suma la desidia del gobierno provincial, encabezado por Juan Schiaretti (el PJ cordobés lleva 21 años en el poder: José Manuel de la Sota y Schiaretti se sucedieron desde 1999). Para muestra alcanza un botón. Hace ya unos años, el gobierno desactivó el sistema de bomberos vigía. Bomberos en cada uno de los 62 cuarteles de las zonas de riesgo vigilaban desde torres ubicadas en forma estratégica para divisar focos de incendio y dar alertas tempranas. “Se sostuvo que había otros modos de detección, más apoyados en la tecnología”, contó el presidente de Federación de Bomberos Voluntarios, Ariel Vicario, al diario La Voz.
Campaña de firmas
Días atrás, las asambleas lanzaron un campaña para juntar firmas en una carta abierta al Gobierno de Córdoba. En ella, exigen “medidas que permitan reducir la ocurrencia de futuros incendios en este año y los siguientes; como también garantizar que parte de las consecuencias que provocan estos incendios sean mitigadas”.
Entre las acciones que piden están:
- Prohibir el ingreso de personas, cría de ganado o construcciones en las áreas recientemente incendiadas.
- Modificar el Plan Provincial de Manejo del Fuego para garantizar la participación ciudadana, contemplada en la legislación, con el fin de mejorar la prevención, vigía y supresión temprana de incendios
- Actualizar el mapa de zonas rojas y amarillas de la Ley Provincial de bosques nativos, para identificar las áreas protegidas fueron afectadas por los incendios y se realice un control efectivo de que no se produzcan cambios en el uso del suelo.
Este tercer punto es crucial. La ley nacional de manejo del fuego, en su artículo 22 bis, prohíbe modificar el uso y destino del suelo cuando se queman bosques nativos. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente.”
También exigen:
- Legislar sobre el Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia
- Demandar al Ministerio Público Fiscal la persecución de los delitos de ocasionar incendios.
- Suspender las audiencias públicas virtuales en materia ambiental “ya que no garantizan el debido derecho de la participación de todos los ciudadanos a dar su opinión. El contexto de la actual crisis sanitaria no puede ser utilizado como argumento para facilitar los desmontes en zonas protegidas por leyes nacionales y provinciales”.
- Suspender las resoluciones que determinan avanzar sobre grandes extensiones de áreas con vegetación leñosa para hacer cortafuegos.
Y cierran diciendo: “Reiteramos ante el estado de degradación ambiental que sufre la Provincia y los distintos ataques que estamos sufriendo en materia de incendios, que nuestra sociedad necesita un Alto al Fuego para las presentes y próximas generaciones, en un marco de igualdad, participación e inclusión que proteja nuestra casa común”.
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